“No nos vamos a dejar matar callados y calladas”: Las líderes campesinas alzan la voz
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“No nos vamos a dejar matar callados y calladas”: Las líderes campesinas alzan la voz

En lo que va del año, 259 líderes sociales han sido asesinados en Colombia. De ellos, 30 eran mujeres, de acuerdo con un informe reciente de Indepaz, organización no gubernamental que lleva casi cuarenta años trabajando con organizaciones en todo el país promoviendo la paz en Colombia . Y, la difícil situación a la que se enfrentan las mujeres campesinas e indígenas en nuestro país no es única, de acuerdo con un informe producido por We Effect, una ONG dedicada a fortalecer organizaciones civiles en todo el mundo.

El informe, titulado “Luchas de alto riesgo, las mujeres en primera línea defienden las tierras y territorios” relata la situación de mujeres defensoras de la tierra, el territorio y los derechos humanos en 12 organizaciones locales en Guatemala, Honduras y Colombia. Al indagar sobre las amenazas a las que se enfrentan las líderes en el campo, encontró que 5 de las 12 organizaciones dijeron que sus integrantes mujeres han huido de sus hogares debido a hostigamientos, humillaciones, amenazas, abusos sexuales y otros ataques de que son objeto.

Además, para miembros de 10 de las 12 organizaciones encuestadas, las visitas arbitrarias de la fuerza pública a sus hogares se han vuelto rutina. Estas visitas, encontró el informe, suelen terminar en arrestos domiciliarios, detenciones e interrogatorios reiterados realizados por las autoridades.

Mutante se sentó a conversar con Elda Janeth Martínez, tesorera de la Asociación de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) y una de sus delegadas en temas de género, para conocer más en detalle los hallazgos de la investigación de We Effect. Martínez es hija de campesinos, y, en sus palabras, tuvo “el privilegio de ser de ese grupo de campesinos que llamamos nosotros ‘organizados’”, cuenta Martínez. Su familia llegó al Caquetá –en donde ella ejerce su liderazgo– en la época de Violencia Bipartidista, cuando esa región al sur del país todavía no era un eje de las disputas entre Ejército, paramilitares y guerrillas. Desde su llegada la familia se involucró en los movimientos sociales de la región y este activismo casi le cuesta la vida a su mamá, una de las sobrevivientes de los asesinatos sistemáticos contra la Unión Patriótica. Su papá, uno de los primeros miembros del Partido Comunista en la región, no contó con la misma suerte. Fue desaparecido y asesinado en 2004 por el Bloque Andaquíes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Aún no encuentran su cuerpo.

Ella y sus hermanos decidieron continuar el trabajo de sus padres. “Lo que hicimos los hijos, nosotros, campesinos, fue seguir abonando al legado de construcción de paz desde los territorios y seguir trabajando por el reconocimiento del campesino como sujeto político y de derecho'', dice Martínez. Como miembro y líder de Anzorc, ella ha visto de cerca los hostigamientos contra los campesinos, el uso de los confinamientos por el COVID-19 como excusa para violar el derecho a la protesta, ha tenido que lidiar con las disputas por los territorios, y ha tenido que hacerle frente a las erradicaciones forzosas de coca que el gobierno de Iván Duque reactivó. Esto fue lo que nos contó.

María Paula Rubiano (MPR): En el informe de We Effect, en el que participas, todas las organizaciones dijeron que sus espacios de reunión se han visto reducidos, amenazados principalmente por autoridades públicas, policías, militares, grupos armados ilegales, guardias de seguridad y/o empresas privadas. ¿Ha influido la emergencia sanitaria del Covid en esas dificultades para ejercer sus derechos?

Elda Janeth Martínez (EJM): Esta coyuntura nos mostró que Colombia no está ni medianamente preparada para ser un país justo y de derecho como proclama románticamente la constitución nacional.

Para nosotros los campesinos y campesinas, esto de compartir y hablar y la reunión presencial es fundamental. [Con la emergencia] fue bastante complicado intentar hacer una reunión con nuestros compañeros entre veredas, porque la virtualidad no nos funciona... nosotros a lo máximo que podemos llegar es a mandar una boleta en una chiva para decirle al compañero que dentro de ocho días nos reunimos en la caseta, y tener que cambiar ese tipo de cosas en donde no hay conectividad, ni siquiera luz eléctrica, fue bastante difícil. Pero intentamos sortearlo.

Adicionalmente, mientras nos confinan y mientras nos empujan a no hacer ese ejercicio de visibilizar los derechos de los campesinos y las campesinas, la represión militar es la única forma en que estamos viendo al estado en los territorios, mediante la bota militar que se está poniendo por encima.

MPR: ¿Qué acciones concretas implican esa represión?

EJM: Por ejemplo la lucha contra los grupos armados en donde identifican a todo el mundo como un posible enemigo y obviamente el posible enemigo de ellos se cruza también con que estamos nosotros en el territorio.

MPR: ¿Y puntualmente cómo hicieron para organizarse en lo virtual?

EJM: Lo primero que hicimos la mayoría de organizaciones que estamos en Anzorc fue hacer cercos sanitarios, lo que nosotros llamamos peajes para el control del ingreso del personal, minimizar al máximo el ingreso de personas que vinieran de los cascos urbanos y más de esas ciudades de donde escuchábamos que había brotes muchísimo más grandes. Nosotros tenemos que sacar un compañero en hamaca seis, siete horas y mientras eso pasa el compañero se nos muere, entonces era intentar al máximo cerrar esas fronteras.

En los primeros dos meses decidimos no hacer reuniones presenciales. Nos tocó implementar después de los dos meses el tema de la presencialidad y siendo sinceros, nos tocó desescalar muchas de las acciones que pretendíamos hacer en los meses que duró el confinamiento.

MPR: ¿Por qué?

EJM: Porque mientras nos confinaban el gobierno aprovechó para militarizar los territorios, entonces por un lado nos decían "no pueden salir, la gente se está muriendo en cantidades, no sabemos qué hacer" y nosotros resistiendo, tratando de tampoco generar focos de infección en las regiones, pero por el otro lado, todo el proceso de erradicación de cultivos de coca nos puso en el dilema del qué hacer. [...]

Estábamos intentando producir comida y mitigar el tema del virus, pero también nos negaban la posibilidad de tener un mínimo nivel de adquisición, fumigando y erradicando y de alguna manera vulnerando el ejercicio de la dirigencia social que tenemos algunos. No sabíamos qué hacer y eso nos abocó a volver a reunirnos, de manera presencial, usando unos protocolos de seguridad. Intentamos generar acciones para decir "necesitamos sobrevivir, no nos vamos a dejar matar y mucho menos nos vamos a dejar matar callados y calladas."

MPR: ¿Cuáles son esas demandas o esas cosas urgentes para los campesinos en este momento?

EJM: Una de las cosas que nosotros hemos visto con preocupación es que la pandemia le sirvió al gobierno para reprimir todo un ejercicio de movilización social que se estaba promoviendo desde el año pasado.

MPR: ¿Por qué tienen esa sospecha?

EJM: Precisamente porque desde noviembre del año pasado el gobierno nacional sabía que el movimiento campesino se iba a movilizar este año. [...] Creo que sí fue una ventaja vergonzosa y bochornosa por parte del gobierno aprovechar esto para ese tipo de cosas.

MPR: ¿Podrías comentar con más detalles cómo sienten ustedes que el gobierno se ha aprovechado de la emergencia sanitaria para debilitar al movimiento social?

EJM: La pandemia fue una excusa para el gobierno nacional para dejar muchas cosas cosas de la implementación del acuerdo [de paz] en stand by. La emergencia fue arrojada como excusa a un incumplimiento del acuerdo que ya venía de mucho tiempo atrás, entonces era como tratar de tapar lo que no se ha hecho y posibilitar seguir no haciéndolo.

Otra de las cosas es que si bien la figura de zona de reserva campesina está consagrada en la ley 160 del ‘94, ha sido invisibilizada históricamente. Esta coyuntura permitió que la Agencia Nacional de Tierras y todos los ministerios crearan una forma [de gobernar] desde una ciudad para que participen comunidades que ni siquiera tienen acceso a internet. Es lo más descabellado y grosero…

Eso sumado a la falta de cumplimiento del acuerdo, la proliferación de esos grupos al margen de la ley, llámense grupos post-Farc, o como los quieran llamar, ha hecho que muchos de esos antiguos excombatientes también sean arrojados a esas formas, que ellos consideran, de hacer el ejercicio de lucha pero que nuevamente ponen al campesinado colombiano en la mitad.

MPR: ¿A qué te refieres con eso?

EJM: Obviamente las guerras, los conflictos, los bombardeos, todo ese tipo de cosas están pasando en el campo, en donde nosotros tenemos nuestras fincas, nuestras parcelas. Si llega un soldado y él nos pide algo pues nosotros le decimos que sí, porque es un actor armado, y es un funcionario del estado y porque inclusive no hacerle el favor me criminaliza a mí y me puede volver un falso positivo. Pero si llega un grupo post-Farc, que también ejerce control en el territorio, y me pide un favor —que es un nombre bonito para presentar una orden—, pues a mí me toca ceder porque soy yo la que vive en el territorio. Entonces todo ese tipo de cosas son las que se han potencializado.

MPR: El informe habla de fuertes hostigamientos en contra de líderes sociales en varios países. En el caso de Anzorc, ¿cómo son esos hostigamientos?

EJM: En el tema de la estigmatización de la figura, porque siempre nos han dicho que somos republiquetas independientes, que queremos partir el país, que somos guaridas de las Farc cuando existían, que somos refugios de las insurgencias y somos una manada de terroristas cocaleros y mafiosos, porque así nos exponen en espacios del gobierno, en esas esferas en las que se reúnen. Eso es lo que hace que nos maten más rápido. Ahorita tenemos el caso de tres compañeras de nosotros, de esas dirigentes fundadoras de la Anzorc, que están a punto de acabar con ellas. Una compañera del Putumayo, una compañera de Montes de María, a las que les tocó salirse de sus fincas y que en este momento tienen más de seis amenazas encima por el simple hecho de ser mujeres dirigentes de las zonas de reserva.

MPR: En este contexto que has comentado, ¿cuáles retos específicos enfrentan las mujeres líderes para defender el territorio?

EJM: En algún comienzo, el ejercicio propio de nosotras las mujeres en el proceso organizativo estaba más relegado. Y no decimos que es fruto del proceso organizativo sino del modelo económico que nos puso roles a hombres y mujeres. La necesidad de que esa estructura patriarcal se sustente en las regiones ha formado las costumbres del campesino para que sostengan ese modelo económico.

En los tiempos de Uribe en donde la dirigencia en su mayoría era masculina, muchos de ellos fueron desaparecidos, asesinados o en su defecto encarcelados, que es “lo mejor” que le podía pasar a uno, porque al menos tenía la garantía de algún día salir, entonces todo el proceso organizativo cayó en manos de nosotras. Entonces nosotras, fuera de ser campesinas y apoyar todo el ejercicio de la soberanía alimentaria, todo el ejercicio de esa carga histórica del tema del hogar —la manutención de los hijos, sostener como laboriosas las fincas y todo eso, y fuera de eso ser esposas— nos tocó ser organizadas. Las mujeres de la ciudad hablan de la triple jornada, nosotras hablamos de las cinco.

MPR: ¿Hay algo más que les gustaría decir respecto a la situación que están atravesando las y los líderes sociales en el país?

EJM: Hasta que no haya un reconocimiento desde el estado colombiano del sector campesino como sujeto político no se van a lograr cambios importantes en las regiones. Cosa que no se haga con los campesinos para mejorar las condiciones de un país, difícilmente se puede dar.

Y lo otro es que definitivamente, Colombia debe entender de manera juiciosa que las cosas a las que se compromete como estado hay que cumplirlas. El incumplimiento sistemático del acuerdo de paz lo único que va a generar es más conflicto. Esa puja por copar los espacios para el tráfico de la producción de economías no legales va a seguir proliferando porque la gasolina de todo este incendio precisamente es la desigualdad social.

Si verdaderamente el gobierno nacional tiene la cara y la gallardía de por primera vez hacer su trabajo, lo primero que debería hacer es mostrar voluntad política para cumplir lo pactado. Y esa garantía minimizaría los costos en vidas que está teniendo el movimiento social, aunaría esfuerzos para desescalonar el conflicto, y también podría generar credibilidad desde hombres y mujeres del campo hacia un estado que definitivamente no está concebido para los habitantes que tiene.

*Esta entrevista ha sido editada y condensada para facilitar su lectura.

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Por:

María Paula Rubiano A.

Fotografía:

Archivo de Elda Janeth Martínez

2020-12-02

CONVERSACIÓN

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