Varillazos y tiros a matar: un reportaje sobre el desenfreno del abuso policial
Movilización

Varillazos y tiros a matar: un reportaje sobre el desenfreno del abuso policial

I.

La escena es de espanto. Dos policías se desprenden de una manada que está rodeando a un agente herido y comienzan a caminar hacia la muchedumbre. Cuando ya se encuentran a una distancia de ataque, apuntan sus pistolas contra la ciudadanía y aprietan el gatillo varias veces. Una mujer asaltada por el pánico grita desgañitada: “¡No nos pueden disparar… no nos pueden disparar!”. Se escuchan voces de angustia y confusión. Hay gritos y llanto. Era la noche del 9 de septiembre de 2020 en un suburbio al norte de Bogotá.

Escenas parecidas estaban ocurriendo al mismo tiempo en numerosos sectores de la ciudad y en Soacha, municipio del conurbano en el extremo sur. Fueron los episodios más graves que ha vivido la capital del país desde la toma del Palacio de Justicia en 1985. Lo cual no es poca cosa porque en el interregno sucedieron los magnicidios de candidatos presidenciales como el de Luis Carlos Galán (1989), las explosiones de carros bomba como la del Centro 93 (1993) y la dinamitada del Club El Nogal (2003). De ahí que la prensa haya empezado a denominar a esa noche en términos absolutos: 9S.

Un resumen diría que la ciudadanía indignada y enardecida, tras haberse enterado de la muerte de un civil por abuso de fuerza policial, acorraló los centros de atención inmediata (CAI) como un acto de protesta y venganza. Hubo patrulleros de la policía que alcanzaron a ser linchados por la turba y varios CAI fueron incendiados. La reacción, acto seguido, fue letal: agentes policiales desenfundaron sus pistolas de dotación y tiraron a matar.

Minutos después, con el reguero de sangre en vía pública, circularon caravanas motorizadas de patrulleros que iban tiroteando a todo lo que se moviera por las calles de la confrontación. El saldo: cuarenta CAI atacados, 17 de los cuales fueron fortín de policías que, casi seguro, dispararon contra la gente desarmada; trece civiles muertos y 75 más fueron heridos por arma de fuego. Hay registro de que la policía hizo, al menos, 345 balazos contra la ciudadanía.

Puede ser que para la mujer de la escena en el norte de Bogotá haya sido la primera vez que atestigüe este quiebre del orden constitucional, pero lo jodido es que al Estado colombiano ya le cuelga una larguísima cola de “homicidios en persona protegida”, es decir, crímenes de civiles inermes a manos de la fuerza pública. Ahí están las más de dos mil víctimas de “falsos positivos” o el sinnúmero de sindicalistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos y activistas que han sido asesinados por agentes estatales. Ahí están los 34 muertos que ha dejado el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (ESMAD) en veinte años de operación.

Si bien el maremágnum brutal del 9S tiene puntos en común con el Bogotazo, quizás guarda mayor relación con la masacre de diez universitarios cometida por el Ejército en el centro de Bogotá durante la protesta estudiantil sucedida el 9 de junio de 1954. Marcha surgida tras la muerte de otro universitario el día anterior a manos de la Policía. Vale precisar que esto ocurrió bajo la bota militar de Gustavo Rojas Pinilla, entre 1953-1957.

En aquella ocasión, el país cruzaba una larga temporada de violencia política cuyas víctimas principales eran habitantes rurales y campesinos que caían asesinados públicamente por las armas de la fuerza pública instrumentalizada por los sucesivos gobiernos conservadores y el dictador también de ideario conservador. El discurso del establishment —gobierno e iglesia— consideraba que los votantes del partido Liberal eran masones, ateos y socialistas, es decir, pecadores incorregibles.

En esta ocasión, el país viene atravesando un corto lapso —cuatro años— desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, en el que las principales víctimas han sido los habitantes rurales y campesinos que ejercen liderazgo comunitario, así como defensores de derechos humanos que el establishment —gobierno y gremios— los ha señalado de ser, cuando menos, cohonestadores de la guerrilla, socialistas o en su acepción más actualizada: “castrochavistas”. Otro grupo de víctimas han sido los exguerrilleros acogidos al proceso de paz. Si bien no hay certezas sobre los victimarios, sí hay indicios de que en no pocos casos están comprometidos miembros de la fuerza pública, ya por participación directa, ya por omisión.

Un fiscal que ha adelantado investigaciones contra miembros de la policía por violaciones de derechos humanos, y que me pidió reserva de su identidad, me explicó que una de las razones para los crímenes del 9S fue que la policía nacional estaba convencida de que entre los manifestantes se habían camuflado guerrilleros. “Por eso aprovecharon para tirar a matar”.

II.

Análisis académicos y políticos de lo ocurrido el 9S coinciden en que el Estado debe obligarse a revisar los procesos de incorporación e instrucción de patrulleros, que fue la mayoría de personal policial que esa noche se vio enfrentada a la turba.

A mediados de octubre conversé sobre este tema con un oficial altamente formado de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog). Como es usual en miembros de la fuerza pública, me pidió omitir su nombre para no contravenir la jerarquía institucional cuya estrategia es presentar voceros capaces de controlar hasta las comas de la dicción en una rueda de prensa. (Ver preguntas enviadas a la dirección de la Policía Nacional para obtener explicaciones oficiales).

Su interpretación describió las carencias en los dos procesos e intentó equilibrar el juicio enunciando algunas virtudes. De la vinculación de nuevo pie de fuerza dijo que había mejorado en los últimos años con la creación de una Dirección de Incorporación que elevó los estándares de admisión. Me explicó que “lo malo” eran “las cuotas” de crecimiento de cantidad de policías impuestas cada año por el Gobierno Nacional, porque los jefes regionales de incorporación en el afán de cumplir con la cuota se veían obligados a moderar la exigencia de los estándares de ingreso. “Supongamos que para el próximo año el gobierno pide ocho mil nuevos policías y a la regional número 6, por decir algo, le corresponde aportar mil. Resulta que se le presentan 1200 jóvenes. Pues si el jefe de incorporación se pone muy drástico con los estándares de ingreso, no va a alcanzar a completar los mil que debe aportar. Entonces le toca ingresar personal que no cumpla con lo mínimo. Si el jefe de incorporación no logra aportar la cuota, recibe mala calificación, mal reporte de su gestión y se le puede dañar el ascenso”. Añadió que de unos años para acá sucedía que faltando un mes para el cierre de incorporaciones la dirección nacional le aumentaba la cuota a las regionales porque el Gobierno Nacional elevaba la cuota a última hora luego de verificar que podía invertir más presupuesto en fortalecimiento del pie de fuerza. “Supongamos que el jefe de la regional estaba trabajando para incorporar mil hombres y luego le dicen que la cuota es de dos mil. En esa regional se ponen como locos viendo a ver de dónde van a sacar los mil que faltan”.

Sobre el proceso de instrucción para nuevos patrulleros cuyo título es “técnico profesional en servicio de policía” cuestionó dos aspectos. Uno, que en muchas ocasiones los estudiantes no completan el año de curso lectivo y que de todos modos los gradúan. “A partir del tercer mes los empiezan a sacar a servicios de apoyo en ferias, espectáculos públicos, manejo de multitudes, y eso les interrumpe la capacitación. Si completan el año, salen con algo de experiencia ganada en la calle, pero poco compatible con la teoría que debían haber estudiado”. Y dos, que la exigencia académica es muy laxa: “un pelao de estos difícilmente repite un curso que no aprobó. En la escuela de oficiales el que pierda un curso se queda repitiendo en la compañía que viene detrás. Y si lo vuelve a perder, se va de la escuela. Pero con los patrulleros no pasa eso. Por la urgencia de tener agentes en la calle, los gradúan a todos”. La urgencia, hay que enfatizarlo, la impone el gobierno cuando promete públicamente más presencia policial en lugares que están siendo calificados por la gente como inseguros. “Yo conozco patrulleros graduados con escasos cinco meses de instrucción”.

A pesar del interés de este oficial por darme una interpretación honesta, no se le pasó por la cabeza referirse al enfoque militar de la instrucción policial y su fervor gregario por valores como la gallardía, honor, sacrificio, orgullo, lealtad y pertenencia. Valores que en el escenario del conflicto armado ayudan a mantener la cohesión de la institución y la determinación de los agentes, a pesar de posibles derrotas militares —el asalto cruel a un comando de policía en un pueblo lejano, por poner un ejemplo—, pero que puestos en el escenario de la protesta social y la confrontación no armada contra ciudadanos coléricos pueden desencadenar homicidios y masacres por balas estatales. Y no se le pasó por la cabeza a este oficial, comprendí luego de preguntárselo, porque no veía en ello un problema o el origen de un problema.

Una excontratista civil de la policía en Bogotá me dio su juicio sobre este punto de la instrucción. Con ella conversé por teléfono a principios de octubre. Consultora de la institución por tres años, tuvo contacto cotidiano con agentes de policía de todos los rangos situados en esta ciudad. Su mejor amigo, de hecho, es policía. Esta mujer me dijo que en la formación de los oficiales, suboficiales y patrulleros el componente militar impone unas lógicas de comportamiento desde un moralismo totalizador y castrante cuyo lema se concentra en dos sustantivos absolutos: Dios y Patria. “Para ellos hay gente buena y hay gente mala. Y las conductas de la gente mala se ven desde antes de que se vuelvan criminales: el pelao que fuma marihuana, el pelao que tira piedra, etc. Para ellos esas conductas son una línea recta que no tiene revés, son gente irrecuperable”. Según ella, esta manera de entender la raíz del comportamiento criminal explica una práctica como la de los “perfilamientos”: tomar nota de cada cosa hecha por algunos civiles que previamente se han manifestado en redes sociales contra el establishment, para tratar de encontrar un indicio que permita criminalizarlos. Nada más ni nada menos que una versión actualizada de la doctrina del enemigo interno.

Esta doctrina fue la puesta en práctica de la doctrina de seguridad nacional, creada y difundida por Estados Unidos para atacar los avances del comunismo en América Latina en los años sesenta del siglo XX. Así se instauró la idea de que la seguridad nacional estaba en riesgo por la amenaza de la masificación y adopción de una ideología —la marxista-leninista— entre la ciudadanía. Cada persona que se dejara ver como defensor de derechos humanos o practicante y difusor de actividades sociales que involucraran el discurso anticapitalista o “antiyankee” era considerado enemigo. Si además esta persona era residente en Colombia o de nacionalidad colombiana se le declaraba “enemigo interno”. En consecuencia, todas las acciones de la fuerza pública contra el enemigo interno eran en “legítima defensa”.

Esta manera de comprender a la ciudadanía por parte de la policía y de la fuerza pública en general desemboca en lo que esta consultora llamó “lógica de la eliminación”. Como son comportamientos incorregibles, hay que cortarlos de tajo. “La doctrina militar le anula a los policías la noción del Derecho”, me dijo. Pasa, además, que cuando capturan a un ladrón hay mucha probabilidad de que el juez lo deje libre —por fallas en el procedimiento o falta de pruebas o falta de denuncia y mala imputación de la Fiscalía—, entonces hay policías que optan por la eliminación. “No importa que sea un pelao. Para la Policía ese es su trabajo: eliminar el mal, el mal en su sentido más moralista. Es un favor futuro que le hacen a la sociedad, creen ellos”.

Al comandante de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa Duque, le pregunté por correo sobre la doctrina del enemigo interno, si había agentes que durante la instrucción le inducían esta doctrina a los incorporados o si esta doctrina era el eje de la formación policial. “La Dirección Nacional de Escuelas no tiene conocimiento de funcionarios en el rol de docentes o cuadros de mando que induzcan la doctrina del enemigo interno entre sus estudiantes”, contestó por intermedio del coronel Juan Carlos Castellanos Álvarez. “La doctrina del enemigo interno no es la doctrina institucional de la Policía Nacional”.

¿Por qué esa lógica de la eliminación logra superponerse sobre sentidos naturales que habitan en el ser humano como la compasión, la solidaridad, la dignidad? La consultora volvió a citar el componente militar en la formación, en al menos dos direcciones. Una, la adopción de una identidad gregaria que subordina la identidad individual. “Yo no sé qué les hacen en esos entrenamientos, pero ellos [los policías] reaccionan de manera personal cuando alguien externo se mete con la institución”.

En uno de los videos realizados en el sector del Park Way, en la noche del 9S, se ve a unos ciudadanos discutiendo simultáneamente con un puñado de policías. No hay armas de fuego en manos de civiles. No hay lances violentos contra los agentes. Solo un reclamo por la sobrada agresividad en el trato. En eso, aparece un policía que ha ocultado su código de identificación poniéndose al revés el chaleco antibala; está armado con una varilla larga y gruesa. Con gesto histérico en el rostro, el hombre embiste, uno a uno, a estos ciudadanos pegándoles un varillazo en la cabeza. A la persona que está filmando con el celular también le pega en las manos. "El comportamiento de este policía se entiende porque no está defendiendo su trabajo sino lo que es". De ahí que la frase "Soy policía" fusione el ámbito laboral del agente con su ámbito personal.

La consecuencia de este atávico sentido de pertenencia es una lealtad enceguecedora. No resiste cuestionamientos hechos por alguien de afuera ni se permite la evaluación autocrítica interna. Al igual que las Fuerzas Militares, la Policía infunde en sus hombres la certeza de la superioridad, el carácter impoluto del honor. Nadie que no sea militar, nadie que no sea policía, puede tomarse el atrevimiento de cuestionar el fin del bien superior que buscan estos hombres ni los medios para alcanzarlo. Es como si dijeran: venga y sufra como nosotros sufrimos y ahí sí critique. “Puede que ellos acepten el cuento de las 'manzanas podridas', pero si alguien de afuera lo dice es como si insultaran a la mamá”, zanjó esta consultora.

Un exoficial militar de vínculos cercanos con la Policía —que llegó a ser teniente y se retiró por voluntad propia en un acto de rebeldía ante la obligación de tener que seguir aceptando la lealtad enceguecedora— quiso explicarme que a pesar de los fuertes entrenamientos militares, a pesar de la subordinación del individuo a la identidad institucional, no son pocos los militares que cuando se sobrepasan en un acto del servicio —léase, violan derechos humanos— sienten arrepentimiento así no tengan encima una investigación disciplinaria o la zozobra de un proceso judicial que puede llevarlos a prisión; según este exmilitar hay integrantes de la fuerza pública que sienten un honesto cargo de conciencia que deben lidiar en silencio. “Estoy seguro de que muchos de los policías que esa noche atacaron con sus pistolas a la ciudadanía y mataron personas desarmadas están sintiendo remordimiento ahora. Incluso, estoy seguro de que muchos policías mientras esa noche disparaban a diestra y siniestra sentían una contradicción, un desencuentro y hubieran querido dejar de disparar, pero la doctrina los estaba empujando ”.

Freno y desenfreno al mismo tiempo. Apego a la formación doctrinaria en contravía de hondas emociones humanas. En unos audios de WhatsApp que me filtró una de las ocho fuentes testimoniales que entrevisté para este reportaje y que circularon en grupos cerrados de la Policía en días posteriores al 9S, pude percibir esta dualidad. Al referirse al hombre que murió por abuso de fuerza policial y que desató la ira ciudadana, hubo agentes que aseguraban el destino trágico en medio de la responsabilidad de la institución:

… Eso ya estaba sentenciado: o era eso o el marica moría por ahí apuñalado o tiroteado. Siempre se tomaba un trago y salían peleando [los patrulleros del barrio y él] o se agarraba con los amigos. De que iba a pasar, iba a pasar. La policía sí la cagó, marica, y dizque le dieron una juetera, dizque le dieron pata y puño al man (…) Eso tarde que temprano iba a pasar.

 

Otros agentes sugirieron el merecimiento de la muerte de ese ciudadano, al mismo tiempo que aceptaron la responsabilidad de la policía:

El man era una gonorrea completa ese triplehijueputa. El man se la pasaba drogado y pegándole a todo el mundo, hasta la propia esposa. (…) Embarrada con la policía porque sí actuó con exceso de fuerza, pero el man estaba bajo los efectos de droga (sic).

 

Y hubo policías que invocaron la lealtad enceguecedora, la renuencia a la autocrítica, el rechazo al cuestionamiento foráneo:

Nosotros como miembros de la institución no podemos salir a decir que hubo errores o que hubo fallas. Nosotros no. Al contrario, debemos apoyarnos y decir que los procedimientos son apegados a la ley, que se hacen bajo unos protocolos y que somos capacitados para llevar a cabo esos procedimientos. Pero si usted sale a culparse, a pedir excusas y a pedir perdón, sin usted ni siquiera saber qué fue lo pasó, eso está alimentando más a que las personas sí se crean que hubo un error o que hubo una falla o que nosotros somos malos o que nosotros hacemos las cosas mal. No caigamos en eso. (…) Las investigaciones tendrían que arrojar los resultados mas no salir nosotros a juzgar a los mismos compañeros. Eso que están haciendo de arrodillarse y pedir perdón… ¡¿qué es eso, por Dios ?! ¡Qué es eso!

III.

Luego de la muerte del padre de familia por abuso policial nadie en la policía estaba esperando una reacción tan violenta de la ciudadanía, me hizo ver el oficial de la Mebog. Cuando los patrulleros salieron a su turno ese 9S no estaban en condiciones de enfrentarse a la turba porque llevaban consigo la pistola de dotación. “Cuando hay protesta ciudadana —me dijo este oficial—, la instrucción es que nadie de la Policía sale con armas de fuego. Los que son requeridos dejan el arma de fuego, toman bastón, escudo y casco con careta protectora y van a apoyar al Esmad. Otros se quedan en las estaciones y no salen a la calle, precisamente, para evitar esas situaciones”. El brote repentino de agresividad ciudadana contra los CAI y los agentes tomó por sorpresa a la institución, y una vez ya entrados en la confrontación ningún superior fue capaz de detener las acciones criminales individuales de los agentes. Es decir: en los minutos más violentos de esa noche hubo policías que cayeron en una iracunda sedición del protocolo. Esta explicación, por supuesto, puede ser desvirtuada si las investigaciones judiciales en curso demuestran que hubo agentes que dispararon contra la ciudadanía luego de haber recibido la orden de un superior. Cuestión que agravaría todo aún más.

El otro elemento de análisis obedece a la dinámica de la institución y en el que coinciden la consultora y el oficial de la Mebog: la rabia implícita con la que muchos patrulleros salen a prestar el servicio de vigilancia. Esta rabia es una mezcla de ideología y frustración.

La frustración tiene origen en lo que la consultora me señaló como “la mentira de los ascensos”. Dado que la policía es una estructura piramidal, en la base siempre habrá numerosa cantidad de personal que por más que se esfuerce nunca será ascendida. “Eso no se lo dicen a los recién incorporados porque los desmotivaría”, acotó la consultora. El oficial me lo explicó así: “Hay patrulleros que llevan diez años siendo patrulleros, que han hecho cuatro o cinco exámenes para poder subir a subintendente y no han pasado. Dígame ¿cómo sale ese patrullero a la calle si un día antes le informan que no pasó el examen y no será ascendido? Sale puto, que alguien le medio diga algo y verá cómo se desquita con ese ciudadano”.

A finales de 2015 fue viral un video en redes sociales que mostraba a un puñado de patrulleros de policía con su rostro oculto por pasamontañas liderados por uno de ellos que sí tenía el rostro descubierto, de nombre Rubén Darío Rozo, en el que se quejaban, entre otras cosas, de llevar muchos años en el mismo rango y de no ser ascendidos por pura falta de interés de sus superiores. Rozo aseguró completar casi 20 años de antigüedad y seguir en el mismo rango en el que entró. Esta queja pública contra la organización institucional le costó a Rozo la destitución seis meses más tarde.

La consultora y el oficial también coincidieron, además, en que esa rabia también es producto de que un “mal comandante” se la pasa regañando e insultando a sus patrulleros y que los turnos de servicio son esclavizantes. “Un compañero que es comandante de estación —me contó el oficial— tiene turno desde las 4 de la mañana hasta las 11 o 12 de la noche. No ve a la familia. Así todos los días. Y apenas le dan un día cada quince días para que descanse ”. Ese comandante de estación, entonces, extrema los turnos de los patrulleros por una simple unidad de criterio: si yo trabajo así de duro, el que está conmigo también. “Y le ordena a un patrullero que terminó turno a las 6 de la mañana que vuelva a las 12 del día para que haga unos puestos de control. Dígame ¿con qué ánimo llega ese patrullero luego de que le tocó trabajar toda la noche?”.

El lado ideológico de esta rabia, a su vez, es en parte un rezago de la doctrina del enemigo interno que podría denominarse como la macartización de la protesta ciudadana y de las marchas en vía pública. Y es en parte un efecto inevitable del tono con que se libra el debate coyuntural entre líderes políticos opuestos.

“Por la Constitución, nosotros como policías no podemos estar politizados. Pero de una u otra manera sí estamos politizados ”, admitió el oficial de la Mebog. “Si la alcaldesa Claudia López nos ataca, Petro ataca, Cepeda ataca, es decir, toda esa izquierda ataca a la fuerza pública mediáticamente e inspiran a la gente para que salgan a seguir la protesta, nosotros lo sentimos como un ataque directo. Cuando ellos programan marchas, programan esos mierderos en la calle para destruir absolutamente todo, ¿quiénes son los que deben ir a poner el pecho por parte del Estado? Pues nosotros. Entonces, el policía sale a atender ese servicio con rabia y apenas llega a la manifestación, sin haber empezado ningún procedimiento, lo reciben a piedra. El policía se pregunta: ¿a cuento de qué estos culicagados nos están tirando piedra? El policía, entonces, al ver que esa marcha fue promovida por la izquierda toma posición y escoge el lado político contrario. Y aprende a decir: estos petristas hijueputas, estos encapuchados guerrilleros hijueputas… Así, una marcha tras otra, un ataque tras otro”.

Por último, esa rabia implícita de los policías que deben hacer presencia en la protesta ciudadana nace en el desencuentro entre la teoría y la práctica. Un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) a quien logré entrevistar off the record a finales de octubre se me quejó diciéndome: “Nos están pordebajeando mucho”. Este agente comenzó como escudero, uno de los que van en primera línea con escudo y porra encargados de romper la respuesta de los marchantes. Ahora se desempeña como conductor de la tanqueta que reprime la protesta con rayos de agua. Si bien este cambio de funciones no es un ascenso en el rango, sí es una muestra de confianza y afecto por parte de sus superiores. “En la escuela a uno le inculcan mucho los derechos humanos, pero hay momentos en que uno tiene que defenderse y no dejan. En una protesta en Cali me tocó que un hombre en silla de ruedas se impulsaba con los brazos para saltar de su silla y pegarme puños. Mi comandante me ordenó que no respondiera, que me quedara quieto, que había cámaras filmando y el Esmad no podía aparecer como la fuerza que le pega a una persona en silla de ruedas. Ni siquiera me dejaron cogerle los brazos. Ni un comparendo le hicieron”.

En seguida me narró otros momentos en los cuales él y el resto de la sesión —unidad de reacción compuesta por 44 agentes— se vieron en franca desventaja ante grupos de ciudadanos organizados contra la represión policial. La vez que en una vía de los Llanos Orientales los marchantes recibieron a este escuadrón con flechas lanzadas con ballestas artesanales. Uno de los agentes cayó herido con la pierna perforada por una flecha y cuando vio que la turba se le vino encima le dijo a sus compañeros que lo dejaran ahí, que él ya había vivido mucho. Estos policías creían que esos más de mil marchantes —campesinos llaneros indignados con los abusos de la industria petrolera— estaban dispuestos a asesinarlos. “No lo dejamos tirado. Hicimos un escudo de protección para contener los ataques y lo arrastramos hacia nuestro lado”. O la vez en que fueron enviados a un paraje en el norte del Cauca para disuadir una protesta y una persona que estaba dentro de los marchantes le disparó a él, como conductor de la tanqueta, con un AK 47. El blindaje del vidrio resistió. “Esa vez nos mandaron a cuidar el cañaduzal de uno de los hombres más ricos del país, dueño de un canal de televisión. Y por estar defendiendo una propiedad privada casi nos matan a tiros de fusil”. Y otra en la que siendo escudero en una manifestación de estudiantes de la Universidad del Valle le tocó ver cómo un grupo de encapuchados le lanzó un explosivo a una llanta de la tanqueta, pero que al estallar alcanzó a ladear el vehículo y casi logra voltearlo llantas arriba. 

La entrevista con este hombre del Esmad duró 45 minutos. Y siempre encontró espacio para expresar que en la Policía había servidores públicos de buena fe, convencidos de prestar un buen servicio. “De verdad que sí”. Dijo que él estaba de acuerdo con la protesta social, con la indignación de la ciudadanía porque era consciente de que el país estaba muy mal y había mucha gente aguantando hambre, pero que en las marchas “siempre hay diez o veinte personas que nos tiran a asesinar”. Dijo entender el hecho de que con las cámaras de los celulares cada error cometido de ellos como policías se hacía gigante y se volvía indefendible, pero que esas mismas cámaras no enfocaban los “procedimientos que hacemos bien”. Le pregunté, entonces, por el error más visible y doloroso ocurrido en este último año: el disparo de beanbag que descalabró al joven Dylan Cruz matándolo, en las marchas del 2019 en el centro de Bogotá. La secuencia del homicidio quedó registrada en cámaras de celular y se ve al agente del Esmad apuntándole a Dylan a una distancia promedio de 20 metros, en la que solo podría acertar un hombre entrenado en una técnica conocida como “tiro de precisión con objetivo en movimiento”. ¿El agente apuntó a la cabeza y dio en el blanco, o apuntó de la cintura para abajo y pegó mal? “Fue mala suerte: de cien, ninguno y de mil, uno”, contestó. “Con esa escopeta calibre 12 no hay nadie que pueda hacer disparos de alta precisión, no son armas de alta precisión”. Aquí hay que aclarar que las investigaciones de este homicidio están en curso, pero en la justicia penal militar, instancia en la que la familia de Dylan no confía. 

Seguro no exista discusión en que, por un azar de circunstancias, algunos de los procedimientos de represión han culminado en homicidios de civiles. Lo que no está en duda es que el abuso de fuerza policial parece la regla y no la excepción. Entre agosto y octubre recogí cerca de veinte testimonios de personas que fueron violentadas gratuitamente por agentes de policía.

Hablé con habitantes de calle y usuarios de drogas inyectadas que periódicamente son golpeados por policías con bolillos y herramientas que no son de dotación como varillas. Las víctimas no entienden por qué los golpean, pero parece que es por el simple hecho de estar en un rincón de un barrio marginal pasando la duermevela de la traba. Algunos han sido retenidos durante horas, llevados al comando, los han hecho desnudar y les han lanzado directamente a la cara el líquido volátil que contienen las granadas de gas lacrimógeno diciéndoles: “Este sí es un basuco para hombres”.

En oficinas internacionales de derechos humanos encontré registro de casos de universitarios que fueron retenidos por policías, desnudados en los centros de detención, golpeados y humillados con amenazas de agresiones sexuales que pueden ser consideradas como “tortura psicológica” a la luz del Derecho Internacional Humanitario, es decir, incluso en un escenario de conflicto armado.

Escuché el relato de jóvenes reporteros que han ido a cubrir, cámara en mano, las marchas de protesta ciudadana y que por no lucir distintivos inequívocos que los muestre siendo golpeados con sevicia, les han dañado las cámaras y les han borrado el material registrado. Otros han sido retenidos y encerrados durante horas sin ninguna explicación.

Y di con la historia de unos jóvenes que fueron presa del terror en días recientes. Poco después de la sangría que fue el 9S, en algunas ciudades hubo grupos de artistas que dibujaron en paredes de lugares panorámicos un mensaje de tamaño colosal que decía: Nos están matando.

Una madrugada en Pereira, cuando los dibujantes ya había terminado el letrero, fueron sorprendidos por un pulposo operativo liderado por el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la policía. Un equipo elite que fue creado para combatir a las organizaciones de narcotráfico, a las bandas armadas de perfil paramilitar y milicianas urbanas de perfil guerrillero. Mejor dicho: hombres entrenados para la guerra urbana.

A uno de esos jóvenes, que se atrevió a discutir la ilegalidad de su retención con un integrante del Goes, le tocó recibir una sarta de amenazas. El agente le dijo que si a él le daba la gana lo podía "picar y desaparecer", que si ellos querían podrían martirizarlo para hacerlo "cantar", que ellos podrían hacerlo vivir las peores horas de su vida. Este muchacho, que tiene 27 años y vive en casa de sus papás, sintió realmente el miedo a ser torturado, asesinado y desaparecido. El puñado de artistas permaneció detenido un día en una estación de policía. No les hicieron daño físico. Pero a este joven no se le olvida que las palabras del policía que le puso las esposas son las palabras que normalizaron los grupos paramilitares en este país.

Respuestas oficiales: el mayor general Óscar Atehortúa Duque, director de la Policía Nacional, envió las respuestas a mi cuestionario por intermedio del coronel Juan Carlos Castellanos Álvarez, jefe de comunicaciones estratégicas. Cada respuesta aclara los lineamientos de la institución sobre cada cuestionamiento y, en general, niega —o dice desconocer— casos que demuestren las denuncias hechas por las fuentes de este reportaje. En todo caso, ninguna respuesta trata de desvirtuar los cuestionamientos. Para leerlas, pinche aquí.

 

CONTEXTO : LA FRUSTRANTE BÚSQUEDA DE UNA POLICÍA NO POLITIZADA
Durante los años de la violencia partidista de mediados del siglo XX, los agentes policiales estaban al servicio de los directorios políticos que gobernaban los municipios y operaban como asesinos a nombre de un partido. El caso más patético fue el grupo de policías extraído de Chulavita, una vereda boyacense, y llevado a Bogotá al día siguiente del Bogotazo. Dado su histórico sectarismo conservador, resultaban ideales para neutralizar —léase capturar o matar— a los ciudadanos que no dejaban de protestar contra el gobierno tras el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán. A partir de entonces, a todos los cuerpos de policía que se encargaron de asesinar liberales y gente de izquierda por todo el país se les llamó "policía chulavita" o simplemente "la chulavita".
En su gobierno de facto, Rojas Pinilla incluyó a la Policía como cuarto componente de las Fuerzas Armadas. Desde ese momento, junto con el ejército, la fuerza aérea y la armada pasó a estar bajo control del Ministerio de Guerra. Puede ser que la intención hubiera sido despolitizar la reacción policial, sobre todo en municipios pequeños alejados de las ciudades y en los que el jefe de policía era lo más parecido al jefe de asesinos a nombre del partido político predominante en la localidad. Pero esta despolitización de los medios y los fines de la policía nunca se materializó del todo porque poco después comenzó la guerra anticomunista de Estados Unidos desplegada en América Latina. Lo que implicó la adopción automática por parte del gobierno colombiano de la doctrina del enemigo interno.
Hacia finales de 1978, apenas comenzando su gobierno, el presidente Turbay Ayala promulgó el Estatuto de Seguridad —el cénit de la doctrina del enemigo interno— dando inicio a una persecución fundamentalista contra todo ciudadano que, a ojos de la fuerza pública, fuera un posible agitador o integrante de una organización social o un líder barrial que destacara por su discurso opositor, o contra cualquier persona que cargara consigo la imagen de ser anti-establishment. Entre otras cosas, la entrada y salida de estudiantes a universidades públicas —como la Nacional en Bogotá— comenzó a ser regulada por militares y se prohibió que los medios de comunicación informaran sobre huelgas, paros y marchas, o hechos similares, para que no “ incitaran o hicieran apología al delito".
A los tres primeros meses de 1979 la policía ya había capturado a más de 900 personas, muchas de ellas por el solo hecho de parecer sospechosas, de lucir como hippies o jóvenes contraculturales, de portar o fumar marihuana considerada la droga usada por los guerrilleros, entre otras razones no menos absurdas y clasistas. Estos capturados fueron torturados en regimientos militares y luego juzgados en consejos verbales de guerra.
En la década siguiente, que fue la de los años ochenta, las poderosas mafias del narcotráfico terminaron de retorcer todo. Hubo capos como los del Valle del Cauca que corrompieron policías de alto rango para evitar la persecución y para hacerlos parte de la organización como pasó con el coronel Danilo González . Hubo policías que dejaron la institución o que fueron apartados y buscaron integrarse a estas mafias, como los casos de Orlando Henao Montoya y Wilber Varela que llegaron a ser cabecillas temidos y multimillonarios. Y hubo capos, como los de Medellín, que se empecinaron en matar tantos policías como les fuera posible. Se estima que por orden de Pablo Escobar fueron asesinados más de 650 agentes. El inmolado más representativo, quizás, sea el coronel Valdemar Franklyn Quintero.
Con la Constitución de 1991 —un giro histórico que cimentó el orden nacional en el respeto de los derechos y las libertades— vino la creación de instituciones como la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, que obligó a otra transición en la policía. La Fiscalía se erigió como máxima entidad de investigación criminal, incluso con autoridad para investigar delitos cometidos por agentes de la fuerza pública. A su turno, la Defensoría se encargó de la vigilancia de los derechos humanos. Ambas entidades complementaron las acciones de control sobre los agentes de las fuerzas armadas, en tanto servidores públicos, que antes solo habían sido materia de la Procuraduría General de la Nación.
La entronización de los derechos humanos como fundamento de la política contemporánea global a lo largo de la década del noventa empujó al Estado a introducir este discurso en los procesos de formación policial y militar, así como a crear dependencias u oficinas que al menos en el papel garantizaran el respeto y observancia de este conjunto de derechos. El Esmad, para citar el caso más cercano, nació en 1999 como consecuencia de este enfoque. Antes, las marchas que terminaban en desmanes eran atendidas por patrulleros y policía montada, es decir, agentes con armas de fuego y caballos que podrían cometer un homicidio. Con los hombres del Esmad dotados con armas de menor letalidad, protegidos por escudo y armadura y entrenados para chocar cuerpo a cuerpo, se estaba garantizando el derecho a la protesta —repito, al menos en el papel— porque se enviaba el mensaje de que no habría armas de fuego accionadas contra la ciudadanía marchante, por lesivos que fueran los desmanes o el vandalismo. 
Tres años más tarde, 2002, llegó el presidente Uribe Vélez con su política de “seguridad democrática” y el afán de reestablecer la ya mugida retórica de la Guerra Fría pero reencauchada a la paranoia global: el mundo veía cómo Estados Unidos, tras ser víctima del ataque contra las Torres Gemelas, invadía Afganistán e Irak en contra de las decisiones multilaterales e invocando la “justa lucha contra el terrorismo”. Uribe Vélez, entonces, usó el concepto “lucha antiterrorista” como sinónimo de “lucha anticomunista” y “lucha contrainsurgente”. Con esto logró que buena parte de la comunidad internacional viera a las guerrillas colombianas como organizaciones equiparables a Al Qaeda.
Uribe Vélez también trastocó la filosofía de los derechos humanos propalando que era el disfraz político de los “voceros del terrorismo”. En un discurso ante altos mandos de la Fuerza Aérea, a finales de 2003, dijo que los defensores de derechos humanos usaban su discurso para "tratar de devolverle" al terrorismo el espacio perdido a manos de la fuerza pública y la ciudadanía —léase el paramilitarismo. Y reavivó la doctrina del enemigo interno diciendo que los defensores “se deben de una vez por todas quitar sus caretas, aparecer con sus ideas políticas y dejar esa cobardía de esconder sus ideas políticas detrás de los derechos humanos”.
Legitimado por esta retórica, el Estado activó una serie de operativos poco ajustados a la ley pero muy efectivos para dar golpes de opinión. Entre la fiscalía, policía y ejército, citando un caso, apresaron en una sola mañana a más de cien personas en el municipio de Quinchía por sospechas de que eran integrantes de las guerrillas. Todos fueron quedando en libertad meses más tarde. Pero estas liberaciones no tuvieron la misma difusión mediática y en la opinión pública quedó, únicamente, el momento de la captura masiva como un mortífero hachazo contra la subversión. Además, hubo persecución y montajes contra políticos de oposición y contra funcionarios judiciales y periodistas que eran críticos de la política de seguridad democrática.
Salvo por los tres años largos (2013 a 2016) en que el gobierno de Juan Manuel Santos hizo públicas las conversaciones de paz con las Farc y se llegaron a acuerdos de cese bilateral del fuego, la sociedad colombiana ha estado sometida y vigilada durante décadas por una policía y unas fuerzas militares guiadas por gobiernos devotos de la doctrina del enemigo interno.

Este reportaje hace parte de #HablemosDeMovilización y #HablemosDeLaPolicía, dos conversaciones digitales sobre el presente y futuro de la movilización social en Colombia y la eliminación del abuso de fuerza estatal. Es posible gracias al apoyo del National Endowment for Democracy (NED).

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Por:

Juan Miguel Álvarez

Ilustraciones:

@monkeythehuman

2020-11-21

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