Con pañuelos verdes, las mujeres en México avanzan por sus derechos reproductivos

En México, al igual que en América Latina, el derecho al aborto lo han conquistado las mujeres, quienes desde sus trincheras y saberes se han unido con un objetivo común: que las maternidades sean deseadas. Entrevistamos a la colectiva Marea Verde Oaxaca y  tres activistas del estado de Durango, quienes nos cuentan sus luchas.

Fecha: 2022-12-09

Por: Alicia Pereda y Miroslava Olvera

Con pañuelos verdes, las mujeres en México avanzan por sus derechos reproductivos

En México, al igual que en América Latina, el derecho al aborto lo han conquistado las mujeres, quienes desde sus trincheras y saberes se han unido con un objetivo común: que las maternidades sean deseadas. Entrevistamos a la colectiva Marea Verde Oaxaca y  tres activistas del estado de Durango, quienes nos cuentan sus luchas.

Fecha: 2022-12-09

Por: ALICIA PEREDA Y MIROSLAVA OLVERA

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La lucha por la despenalización del aborto en América Latina tiene rostros: los de miles de mujeres que desde sus ‘trincheras’ han peleado por el derecho a decidir sobre sus cuerpos, elegir maternar o no y que en esa decisión sus vidas no peligren.

A veces esos rostros los conforman mujeres en colectividad, como es el caso Marea Verde Oaxaca, agrupación que hizo historia en México por luchar hasta conseguir en 2019  la despenalización del aborto para las mujeres mexicanas en la periferia, fuera de la capital del país.

“Queremos que el aborto deje de ser un privilegio de clases, que haya misoprostol [medicamento para interrumpir el embarazo] gratuito en las clínicas de salud, para que mínimo se pueda realizar el proceso. Hoy, los entornos médicos son súper violentos para las mujeres”, dicen las activistas que se nombran todas a una sola voz, como Marea Verde Oaxaca.

A la fecha, en América Latina solo Cuba, Puerto Rico, Uruguay, Argentina y Colombia permiten a las mujeres tomar la decisión autónoma de ser madres o interrumpir sus embarazos, sin que eso signifique un “delito”. El caso de México es particular y la despenalización se encuentra atrapada en un laberinto de huecos legales, leyes locales y la negativa de gobernantes a garantizar a las mujeres derechos sexuales y reproductivos. No obstante, contra ellos, son las mismas mujeres quienes han luchado y resistido.

“Las mujeres hemos sabido tejer redes; las antiguas feministas con las jóvenes que vienen empujando y están llenas de energía. Esa es la forma en que hemos logrado sacar adelante los derechos humanos. En este caso, las mujeres tenemos como objetivo común los derechos reproductivos, no importa si no coincidimos en otros temas, pero en este vamos juntas”, dice al otro extremo del país, casi en la frontera con Estados Unidos, la activista Julieta Hernández, presidenta de la organización Sí Hay Mujeres en Durango.

Para las mujeres mexicanas, que se han unido a las mareas verdes –por el icónico pañuelo símbolo de la lucha por el acceso al aborto– de sus hermanas en el resto de América Latina, el derecho a decidir se ha conquistado a cuentagotas, estado por estado, territorio por territorio. En 2007, la Ciudad de México  logró la despenalización hasta las 12 semanas de gestación y tuvieron que pasar 12 años para que ésto ocurriera fuera de la capital.

 

“Yo también aborté”: una lucha de todas

El 25 de septiembre de 2019, los diputados y las diputadas del estado de Oaxaca, al sur del país, aprobaron de manera general la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación. De esta manera, la entidad se convirtió en la primera en lograrlo fuera de la capital.

Esta aprobación histórica fue conseguida gracias al arduo trabajo de activistas y colectivas, especialmente Marea Verde Oaxaca, que tiene sus orígenes en el movimiento del mismo nombre en Argentina, y cuyas integrantes cuentan, en entrevista para este trabajo, que la lucha continúa, pues el acceso real a este derecho aún está lejos y condicionado a que se cumpla en su totalidad.

“Ha sido una travesía larga y también difícil, porque al final del día estamos cubriendo vacíos que el Estado no está haciendo”, explica una de las activistas. Prefieren no ser identificadas por sus nombres sino como colectividad.

Las mujeres oaxaqueñas hicieron historia y abrieron el camino. Tras ellas, en ocho estados más, las activistas lograron despenalizar el aborto en sus territorios: Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y también Coahuila, con un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). No obstante, la deuda histórica con los derechos reproductivos de las mujeres sigue pendiente en el 70% del territorio nacional.

Antes y después de la despenalización, uno de los principales trabajos de Marea Verde Oaxaca ha sido el acompañamiento a mujeres que han decidido abortar pero sin acudir al médico, ante la falta de una despenalización social por razones de edad, ideología, religión y costumbres, y la cultura machista reinante.

“Inicialmente, en el tema del acompañamiento, brindamos información para acompañar los procesos de aborto, en un momento fue muy difícil porque era en contextos de penalización. Los primeros acompañamientos se daban de manera clandestina y eso hacía que nos sintiéramos un poco inseguras”, cuentan.

El acompañamiento que hace Marea Verde Oaxaca es por lo general vía telefónica o por medio de redes sociales, las cuales se han convertido en una gran herramienta en este proceso.

Para la colectiva es importante que las personas que aborten se sientan bien y seguras. Por eso, mediante redes de apoyo con otras personas y colectivos, canalizan a las personas para que, si así lo desean, continúen con acompañamiento psicológico.

“Yo aborté y desde mi experiencia es que creo que puedo empatizar y decirles: ‘Yo también aborté’. ‘Mira, me paso así, sentí esto’. Yo sé que duele mucho, que a veces da miedo. Siendo feminista y ya acompañando a abortos, aborté y me dio un chingo de miedo”, relata la activista.

Las colectivas oaxaqueñas han hecho acompañamientos en contextos específicos, como las comunidades indígenas. Considerando la alta población de pueblos originarios que habitan en la entidad, las activistas explican que abortar dentro de una comunidad no ha sido un proceso fácil. Las mujeres no tienen acceso a servicios médicos, a un ultrasonido y mucho menos a medicamentos. Quienes han podido interrumpir sus embarazos lo han hecho porque pueden viajar a otras comunidades con más recursos e incluso a otros estados.

En cuanto al acompañamiento en el entorno digital, la barrera de la comunicación se ha vuelto un desafío. En muchas comunidades no hay buena señal y el internet y teléfono no funcionan bien.

Ante este contexto, Marea Verde Oaxaca recurre a las donaciones por medio de banco de medicamentos, en especial para obtener el misoprostol, que puede usarse para abortar de forma segura hasta la semana 12 de gestación, según el Manual de práctica clínica para un aborto seguro de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero el económico no es el único desafío y la lucha continúa. Marea Verde Oaxaca quiere cambiar la perspectiva y no solo hablar de mujeres que abortan, sino de personas trans y personas no binarias.

“A nosotras han llegado algunos casos de banda trans que necesitan abortar, pero tampoco hay protocolos tan elaborados. Incluso desde nosotras, como damos por hecho que todas las que se acercan son mujeres. Entonces, de pronto pueden surgir ciertas violencias. Imagínate que yo dé por hecho que una chica es mujer y yo le estoy acompañando desde una perspectiva heterosexual y pues puede caer en violencias a su identidad, a su corporalidad”, dice una de las activistas.

Para las integrantes de Marea Verde Oaxaca estar en sintonía y escuchar lo que otras compañeras y colectivos tienen que decir ha sido fundamental para romper sus propios prejuicios.

“Al inicio la colectiva eran solo de mujeres, en algún momento también hubo ciertas fracturas y fuimos transexcluyentes (…) Ahora decidimos reparar el daño; estas violencias de decir: ‘Tú entras y tú no’, por ignorancia”, añade.

Otro reto es la difusión de la información: hablar de educación sexual en las escuelas y en las casas. Esa información debe servir para conocer sus cuerpos, para saber de métodos anticonceptivos y hablar del aborto.

Entre sus anécdotas sobre cómo lograron la despenalización del aborto está la organización de protestas y marchas en un estado tradicional y con costumbres católicas arraigadas. También recuerdan a la “Chicharrona”, la primera manta que Marea Verde Oaxaca mandó a hacer y que las acompañó durante muchas caminatas y que desapareció justo al despenalizarse el aborto, lo que fue visto como “simbólico”. “No sabemos dónde quedó. Pero sí tenía que ver justo con estos procesos, creo que lo simbólico de estos artículos es que tienen que ver con la energía que ponemos, con la autogestión”, dice una activista.

 

De nosotras para nosotras, mujeres armadas por la ley

Fue una fotografía que le dio la vuelta al país: un grupo de mujeres sentadas sobre el piso del Congreso de Durango, un estado al norte de México, con pañuelos verdes al cuello y las manos entrelazadas, manifestando un solo deseo: que esta vez la ley sí las protegiera y las respaldara en su derecho a decidir sobre sus cuerpos.

Es una imagen que requiere contexto. En México, son los congresos locales los espacios donde el tema debe discutirse, para que los diputados apliquen cambios a los códigos penales y constituciones estatales, a fin de que las mujeres no sean criminalizadas al elegir abortar. En este panorama, el funcionamiento de la burocracia no es lo más complejo, sino los prejuicios de quienes tienen en su poder la toma de estas decisiones.

Así lo vivieron las mujeres duranguenses el mismo día en que la fotografía descrita se tomó. En pleno 28 de septiembre de este año, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, los diputados locales le dijeron que no a las maternidades libres y deseadas. Tras la negativa se supo que mucha injerencia tuvo en esta decisión la Iglesia católica y el arzobispo de Durango, Faustino Armendáriz; prevaleció el prejuicio antiderechos amparado por el “castigo” de Dios.

Entre estas mujeres en resistencia, están las activistas María Hernández, Jennifer de la Torre y Julieta Hernández, quienes a pesar de tener diferentes edades, profesiones y pertenecer a distintas agrupaciones, hoy son algunos de los rostros que luchan por los derechos reproductivos de las mujeres en Durango.

Junto con sus compañeras activistas, estas tres mujeres lograron unir esfuerzos y hacer uso de una herramienta poco usada, pero establecida en la Ley de Participación Ciudadana: promover la despenalización del aborto bajo una “iniciativa popular”, la cual nunca se había empleado en México.

Para poder presentar esta iniciativa ante el Congreso de Durango, recabaron en septiembre del año pasado, 7.700 firmas de ciudadanos y ciudadanas. “Para juntar las firmas primero nos fuimos a la Plaza de Armas [la principal en Durango]. Luego acudimos a las jornadas de vacunación contra el covid, aprovechamos que la gente, sobre todo joven, se juntaba ahí; hicimos fila con ellos y nos poníamos un letrero que decía: ‘Firma aquí si estás a favor del aborto’. También fuimos a bares y antros”, cuenta María Hernández.

Las activistas explican que aunque las firmas las recabaron y entregaron en 2021, ante la resistencia política de legislar en la materia, tuvo que pasar un año para que la iniciativa se votara. Al final fue rechazada, pero aseguran que no se detendrán.

“Metimos un amparo contra la decisión negativa del Congreso y tenemos en puerta ingresar otro amparo colectivo. Consideramos que perdimos una batalla, pero no la guerra y no vamos a descansar hasta lograr que en Durango se despenalice el aborto”, dice Julieta Hernández, una de las activistas con más años de lucha en el estado.

Durante el proceso para lograr la despenalización del aborto estas mujeres han enfrentado violencia institucional, como cuando en el Congreso local no querían recibirles la iniciativa ciudadana ni las casi ocho mil firmas. Aunque al final la iniciativa sí fue presentada, la violencia la volvieron a sufrir en el pleno legislativo, cuando los diputados alargaron la decisión final hasta las cuatro de la mañana.

Pese a ello, en el camino las mujeres que luchan en Durango se han topado experiencias de crecimiento y hermandad, demostrando que las mujeres juntas luchan, ríen, lloran, se acompañan y se cuidan.

“Durante todo este tiempo no solo hemos sacado copias y recolectado firmas, sino que como mujeres nos nutrimos unas a otras. Muchas veces se dice equivocadamente que entre nosotras nos ‘ponemos el pie’, lo cual es totalmente falso (…) Hoy compartimos cumpleaños, acampadas, fiestas feministas. Somos amigas”, dice María Hernández.

Al igual que sus compañeras de Oaxaca, en Durango las activistas destacan las bondades del internet y la virtud de utilizar el espacio digital como lugar para conocerse y unirse.

De acuerdo con el Código Penal de Durango, el aborto es considerado hasta hoy como un delito, sobre todo si se practica de manera voluntaria. Las únicas excepciones son cuando la vida de la madre peligra o cuando el embarazo es producto de una violación.

Otra excepción es cuando ocurre por una “conducta culposa de la madre”, es decir de manera espontánea o producto de situaciones “accidentales”, como caídas, siempre y cuando la mujer embarazada “avise al ministerio público”. Las penas para una mujer que aborta van de uno a tres años de prisión, así como multas económicas.

La lucha de las mujeres duranguenses seguirá vigente hasta que se legalice el aborto; unidas y tomadas de la mano, como esa fotografía del inicio de la narración, que mostró que también desde el amor se lucha.

 

Un estado revictimizante

Actualmente, en los códigos penales de las 32 entidades el “aborto doloso” es considerado delito, esto se determina con base en diversas causales, que pueden evitar o no que las mujeres, y quienes les practican el aborto, sean penalizados.

Hasta ahora todas las entidades no consideran al aborto como delito si la madre fue víctima de violación y se lo practica antes de las 12 semanas de gestación. Además, 29 entidades no lo penalizan si se trata de una situación espontánea; 23 si hay riesgo de muerte y 16 si el feto tiene una alteración genética.

En tanto, 15 estados consideran legal el aborto si el embarazo fue producto de una inseminación no consentida; 14 si la salud de la madre peligra y dos si la situación económica es un impedimento.

Dependiendo del estado, las penas por aborto van de los dos meses a los cinco años de prisión, también hay penas económicas por hasta 216 días de salario mínimo y en algunos estados las condenas incluyen trabajo comunitario o “tratamientos médicos”.

Por ejemplo, en el Código Penal de Tamaulipas se establece que el “tratamiento” tendrá como objeto “reafirmar los valores humanos por la maternidad ayudando al fortalecimiento de la familia”.

Para las activistas mexicanas, leyes como esta terminan siendo revictimizantes, pero es esa violencia en la ley, la que ha unido a miles de mujeres en México y América Latina, dándole rostro a una lucha para que todas las maternidades sean deseadas.

“Algo fundamental es la autonomía de las mujeres, porque no queremos igualdad, queremos autonomía en todas las aspectos: en lo reproductivo, lo laboral (…) Ojalá que todas empezáramos a pensar de forma colectiva y recordar que lo personal es político”, dice desde Durango Jennifer de la Torre.