Manuela*, de 22 años, llegó con un sangrado abundante al Hospital Universitario San Rafael de Tunja, el más grande de Boyacá. Eran las 2:25 de la madrugada del 30 de junio de 2020. Tenía la esperanza de ser atendida y cuidada, pero lo que encontró fue maltrato, decepción y una cadena de criminalización.

“Me estaba escurriendo en la silla. Pero ellos [el personal del hospital] me hicieron esperar como una hora”, recordó. Pocas horas antes había tomado cuatro pastillas de misoprostol y puesto dos más en su vagina. Su objetivo era interrumpir el embarazo del que se había enterado días antes y para el que no estaba preparada.

“Soy estudiante, tengo un proyecto de vida a largo plazo. Ahorita no puedo pensar en un hijo, no sabría cómo ser mamá. No tengo salud mental, no tengo recursos, no tengo qué ofrecerle a un niño”, pensó. Y fue lo mismo que dijo a quienes le pidieron explicaciones: a la ginecóloga que la trató de “loca e irresponsable”, a las enfermeras que se acercaron a decirle que lo que había hecho era un delito y a los funcionarios de la Policía que la abordaron en el hospital para abrirle una noticia judicial. Luego se enteraría de que iba a ser investigada por aborto.

— ¿Sabías que tu proceso sigue abierto? —, le preguntamos.

—No. Lo último que me dijo la abogada es que pidió que se archivara—, respondió Manuela.

—Está activo. Fue asignado a la Fiscalía 11 Seccional de Tunja para que lo investigue.

Saber que puede ser citada a juicio no mengua la espontaneidad de Manuela. Tampoco opaca su risa y su calma. “Aún me parece increíble lo que viví”, repitió varias veces durante la entrevista. Se refería a la violencia verbal, emocional y física que sintió de algunos integrantes del personal del Hospital Universitario San Rafael de Tunja. Allí llegó buscando ayuda tras el aborto que se había inducido en casa con misoprostol, medicamento que desde 2012 está incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS) colombiano y que, con acompañamiento profesional, se puede usar en las primeras 10 semanas de gestación para interrumpir un embarazo de manera segura.

Antes de optar por el misoprostol, Manuela buscó otras opciones pero no logró reunir los cerca de 700 mil pesos que le cobraba una de las fundaciones médicas que acompaña la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en las causales previstas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-355 de 2006: 1) cuando la continuación del embarazo representa un peligro para la vida o la salud de la mujer, 2) incompatilbilidad del feto con la vida por fuera del útero y 3) cuando el embarazo sea el resultado de una violación, incesto o procedimientos de fertilización no consentidos.

Solicitar el aborto a través de su Entidad Prestadora de Salud (EPS) —que para entonces era Medimás— le parecía imposible. “El niño va en tercero, cuarto de primaria y no ha pasado nada”, comentó ella en broma para referirse a la lentitud del sistema de salud frente a la posibilidad de acceder a su derecho.

Después de descartar esas primeras opciones, Manuela compró por internet dos cajas de misoprostol que llegaron a su casa en menos de dos días. Usó el medicamento sin acompañamiento médico, sangró tanto que se asustó y decidió ir al hospital.

Allí escuchó que médicos y enfermeras se referían a ella como “asesina” o “la del misoprostol”. Se sintió humillada, quería irse del hospital y lo intentó. Escondió el suero que pendía de su muñeca debajo su chaqueta, pero al llegar a la puerta el vigilante la detuvo. Bajo la amenaza de que moriría desangrada, como recuerda que le dijo la ginecóloga que la recibió, Manuela permaneció hospitalizada dos días y dos noches, justo al lado de dos mujeres que acababan de parir. No le dieron comida, solo suero. Tampoco dejaron que su novio la visitara.

Contra su voluntad le pusieron un implante subdérmico en el brazo como método anticonceptivo aunque ella advirtió que sabía que su cuerpo no lo recibiría bien, según le contó a Mutante. “Tienes que ponértelo o no puedes salir de acá. Si te dejamos planificando con las pastillas nadie nos garantiza que te las tomes cada mes. Y si no quieres este método [anticonceptivo], te lo puedes quitar en 2023”, le dijo una de las enfermeras a Manuela.

Luego, desde el hospital, llamaron a la Policía. Al día de hoy no está claro quién lo hizo. “Llegaron esos policías y se pararon en la puerta de la habitación, como si yo me fuera a escapar o algo así. Pensé con indignación: ‘No, pues, ¡espósenme!’. Luego entró una señora del CTI [Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía] y me preguntó: ‘¿Tú consideras que es necesario abrirte un proceso [judicial]? ¿Estás en una de las tres causales [en las que el aborto es legal]?’. Y yo respondí: ‘Esto es totalmente innecesario y sí, yo no tengo la salud mental para asumir un embarazo’”, recordó Manuela.

El 1 de julio de 2020 le dieron de alta y, tres días después, Manuela apareció indiciada por el delito de aborto.

Durante las 36 horas que estuvo en el hospital pasó por la consulta de una psicóloga que escribió en su dictamen médico que el aborto de Manuela ocurrió sin complicaciones. También la vio un ginecólogo, que “era todo ordinario, todo brusco. Me decía ‘quédate quieta, abre bien las piernas’ y también comentó que yo había estado de buenas porque no tenía restos [del feto] en el útero”. Luego, pasó por trabajo social y, finalmente, psiquiatría.

En total, por la atención médica recibida y dos bolsas de suero le iban a cobrar cerca de un millón de pesos. Pero no ocurrió gracias a la gestión e intervención de una funcionaria de la Secretaría de Protección Social de la Alcaldía de Tunja, quien fue alertada de las arbitrariedades contra Manuela después de varias llamadas de auxilio que hizo a sus amigas y a distintos colectivos feministas de la ciudad. 

—Me arrepiento de haber ido al hospital. No me sentía tan mal, solo me asusté por la sangre. Pensé que allá me iban a ayudar, se supone que es lo que tienen que hacer. Nunca pensé que fueran a dejar sus principios [profesionales] de lado—, comentó Manuela.

Según datos del Guttmacher Institute se estima que en Colombia se realizan 400 mil abortos cada año. Si bien en el caso de Manuela su vida nunca estuvo en riesgo, cifras presentadas por Women’s Link Worldwide, aseguran que este procedimiento provoca la muerte de unas 70 mujeres anualmente y cerca de 132 mil sufren complicaciones en abortos clandestinos, lo que podría evitarse con la despenalización absoluta.

Organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, La Mesa por la Vida y otras que, en general, luchan por el acceso a derechos sexuales y reproductivos, sostienen que el doble rasero con el que se mira el aborto en el país  —como un delito y como un derecho—, supone una profunda desigualdad en el acceso a interrupciones del embarazo seguras y legales. Además, allana el camino para violencias de todo tipo que sufren las mujeres, generalmente, más jóvenes y empobrecidas.

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POR LA DESPENALIZACIÓN TOTAL

El proceso penal de Manuela se suma a las cerca de 5.737 investigaciones en contra de mujeres que abortaron, según datos de la Fiscalía entre 1998 y 2019. De ese número alrededor de 250 mujeres han sido condenadas por el delito de aborto desde 2005. Actualmente, en el ente investigador están activos 4.754 casos de mujeres que abortaron.

“Desde 2006 en Colombia ha aumentado significativamente la persecución y las condenas por el delito de aborto […] Aunque el número de casos por año no es constante, después de 2008, el promedio de casos se ubica alrededor de 400 por año, incrementando en un 320% en comparación con el año 2005”, señala el informe La criminalización del aborto en Colombia de La Mesa por La Vida y la Salud de las Mujeres.

Considerando que el sistema de causales que hoy rige en Colombia está atravesado por un sinfín de barreras de acceso a la IVE para las mujeres, cinco organizaciones —La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Católicas por el Derecho A Decidir Colombia, Centro de Derechos Reproductivos, Grupo Médico por el Derecho a Decidir y Women’s Link Worldwide—, aglutinadas alrededor del movimiento Causa Justa, presentaron en septiembre del 2020 una demanda ante la Corte Constitucional para que el aborto sea retirado del artículo 122 del Código Penal que lo establece como delito. El análisis del tema está en curso.

El alto tribunal tiene hasta el 19 de noviembre para dar a conocer su fallo. De ser favorable, cambiaría la realidad de las mujeres que hoy viven con la zozobra de ser perseguidas penalmente por haber tomado una decisión que consideraron más responsable que traer al mundo una vida no deseada. “Me acostaré tranquila el día que el aborto no sea un delito”, dijo Manuela.

Ella no siempre contó su historia con tanta calma. Tras dos meses de haberse sentido humillada y violentada por el personal médico del hospital y con la presión de una investigación penal en su contra, Manuela se contactó con la Casa de la Mujer en Tunja para buscar ayuda e interponer una queja de lo que, suponía, se había hecho mal en su caso.

“Todo lo que podía salir mal, lo hicieron mal”, aseguró la abogada Diana Nitola, quien ha acompañado el caso de Manuela desde que su equipo de trabajo de la Casa de la Mujer de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) lo recibió el 29 de agosto de 2020.

El primer informe que hicieron sobre ella, firmado por la trabajadora social también de la Casa de la Mujer, reza: “Se le brinda atención en crisis a fin de estabilizarla, ya que se encuentra afectada emocionalmente […] y ha sido víctima de violencia institucional y revictimización”. Esta información, según Nitola, confirma que el caso de Manuela se inscribe en el marco de la causal de salud, despenalizada por la Sentencia C-355 de 2006.

La abogada explicó que, antes de criminalizarla, el estado de salud mental de Manuela también debió ser evaluado por los médicos que la atendieron para luego indicarle la ruta legal para decidir o no si quería continuar con su embarazo.

Pero no fue así. Tras la ecografía que confirmaba seis semanas de embarazo el primer doctor que la trató decidió felicitar a Manuela y aplaudir su posible maternidad. Pero, como señala la Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud, debió explicarle que entre las opciones disponibles estaba su derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, si su salud (física o mental) se iba a ver afectada. “Él se dio cuenta que para mí no era una buena noticia porque yo estaba llorando”, afirmó Manuela.

Durante la hospitalización, después del aborto, no fue necesario un legrado [procedimiento para extraer restos del feto que pudieran quedar en su útero]. Manuela no tenía restos del embrión que se había formado por menos de dos meses.

Lejos de conformarse, Manuela se armó de valor para enviar, con asesoría de La Casa de la Mujer en Tunja, una queja a la Superintendencia Nacional de Salud en septiembre del año pasado. Ahí expone que se le violaron los derechos a la intimidad, a la autonomía sexuales y reproductivos entre los que se encuentra la IVE, elevada a derecho fundamental por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. También, según la queja, algunos funcionarios del Hospital Universitario San Rafael de Tunja afectaron sus derechos a la intimidad y la autonomía.

Al llamar a la Policía, el personal médico violó el principio de confidencialidad y el secreto profesional consagrado en la Ley 23 de 1981. Así lo escribió Manuela en su queja a la Superintendencia. Señaló allí una información que quedó consignada en su historia clínica: “Paciente manifiesta uso voluntario de medicación abortiva por lo que se informa al CTI por la posibilidad de evento criminal, quienes a su vez informa telefonicamente [sic] que deben entrevistar a la paciente, por lo que la solicitud de retiro voluntario hecha por la paciente debe ser postergado”.

​​Cristina Rosero, abogada del Centro de Derechos Reproductivos, explicó que: “En el caso de que la información que se provea le cause un perjuicio a la paciente, se viola el secreto profesional que es obligación constitucional. Además, el deber de denuncia no debería interpretarse en contra de la paciente, sino para protegerla”.

 

EL DOBLE RASERO COMO AMENAZA

Dos médicos ginecólogos y una psicóloga firmaron la epicrisis de Manuela, entre ellos, el ginecólogo Fabricio García Gómez. Mutante intentó comunicarse con García —el médico que le dio la salida según la información que nos dio la abogada de Manuela—, pero no obtuvimos respuesta. En cambio, el hospital sí respondió a un cuestionario a través de la oficina de prensa y después de contactar al gerente Yamit Noé Hurtado. Aunque las respuestas no se compadecen con el relato y, sobre todo, con la sensación de violencia que denuncia Manuela, sí contraponen algunos puntos de esta historia.

La institución sostiene que, en el caso de Manuela, actuó “en concordancia con los lineamientos técnicos y operativos contenidos en Ruta Materno Perinatal (que contempla la Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud)”. En su respuesta, añaden que “en lo pertinente a la Interrupción Voluntaria del Embarazo se llevan a cabo mensualmente socializaciones de la Sentencia C355 de 2006 y la jurisprudencia correspondiente emanada por la Corte Constitucional. En estas actividades se hace énfasis en el IVE como un derecho fundamental que debe ser garantizado de manera efectiva”.

Los protocolos del hospital cumplirían con todos los requisitos legales, según nos dijo en entrevista la secretaria de Protección Social de Tunja, Lucy Esperanza Rodríguez. Aseguró además que los esfuerzos institucionales, como lo demuestran casos como el de Manuela, se ven frustrados por la sensación de confusión que le produce al personal médico el doble rasero para interpretar el aborto en Colombia: como un delito y como un derecho.

“No lo vamos a negar, Tunja es muy conservadora. Pero también [el problema] viene de la formación médica, porque si a nosotros desde la escuela nos insisten, o nos hacen énfasis [en temas de IVE y trato humanizado], creo que sería diferente. Yo veo que con ginecólogos jóvenes uno habla diferente, pero con el ginecólogo antiguo, que lleva toda la vida acá, ¡es muy difícil!”, explicó la funcionaria al referirse a la resistencia de muchos médicos a recibir información sobre el tema.

 

Carolina Torres, referente de Salud y Género de la Secretaría, agregó que la objeción de conciencia en estos casos opera para aquellos profesionales de salud que van a realizar el procedimiento, pero que muchos objetan conciencia por el simple abordaje de estos casos.

 

El miedo al estigma y a ser criminalizados también recae sobre los médicos con la existencia del delito en el Código Penal, así lo señaló Laura Gil, integrante del Grupo Médico por el Derecho a Decidir: “Esto hace que nos veamos obligados a ejercer [la profesión] de manera antiética. No se está defendiendo el principio de la beneficencia cuando tenemos frente a nosotros a una mujer que sabemos que se beneficiaría con el acceso a la IVE, pero, por la existencia del delito, preferimos alejarnos de esa atención. También […] y más importante, estamos ejerciendo en contra del respeto de la autonomía y la toma de decisiones sobre el cuerpo de las mujeres”.

Kimberly Ochoa hace parte del colectivo feminista Las Ramonas. Se dedican a acompañar jurídica y psicológicamente a mujeres que quieren acceder a un aborto o que acarrean algún dolor emocional tras haberlo hecho. Son varias las historias que conoce frente a las violencias, sobre todo verbales, que reciben las mujeres que buscan un aborto en el Hospital Universitario San Rafael.

Para ella,  esas violencias se presentan en todo Boyacá: “Es una región muy conservadora que produce barreras morales increíbles. Me sorprende que en el caso de Manuela no le hayan llevado a un cura o no la hayan persignado con agua bendita”. Ochoa contó que esto es un patrón en las historias de las mujeres que llegan al colectivo Las Ramonas.

Boyacá es el segundo departamento del país donde más se condena a las mujeres por abortar: el 13.94% de los hechos que dan inicio a un caso terminan en condenas. Caldas es el primero con 18.48%. “La violencia institucional” y la “barrera actitudinal”, como dijo Astrid Castellanos, directora de la Casa de la Mujer en Tunja, se convierten en los principales obstáculos para que ellas confíen siquiera en que serán bien tratadas mientras toman la decisión de no continuar con su embarazo.

LA INVESTIGACIÓN

Pilar* es funcionaria de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Policía Judicial de Boyacá. Ella aseguró a Mutante que hace cuatro o cinco inspecciones de cadáveres “entre asesinatos, suicidios y abortos [fetos]” semanalmente. También contó que durante 2020 atendió cerca de cuatro casos tras llamadas de los hospitales de Tunja, entre esos, del Hospital Universitario San Rafael.

Al leerle el número de la noticia judicial de Manuela, Pilar dijo: “Esto fue una chica que con su pareja se pusieron de acuerdo para tomarse unos medicamentos abortivos y tenía seis semanas de embarazo. Ella presentó una hemorragia por lo cual ingresó al Hospital San Rafael de Tunja, la atendieron y nos informaron sobre esta situación de aborto”. Hablaba como si se tratara de un trámite cualquiera de los que a diario le corresponden, y sigue leyendo: “Sí, se tomaron [el misoprostol] con el fin de perder el bebé. Ahí se realiza la denuncia de oficio, puesto que no hay un denunciante y lo único que nos aportan es la epicrisis del hospital”.

En este punto no está claro quién llamó a la Policía, ni por qué aparecieron en el hospital. Pilar dice que: “Cada vez que hay un signo de alarma, el hospital se comunica con nosotros, generalmente cuando se trata de actos sexuales (…). [También] cuando son muertes violentas, suicidios, abortos. En esos casos, el hospital nos reporta y nosotros ya iniciamos los actos urgentes”.

Pilar confiesa que resulta muy difícil esclarecer los casos de aborto y mucho más en las 36 horas que tienen para hacerlo. No hay víctima. No hay terceros. Solo la información que aporta el hospital, quienes contrario al testimonio de la funcionaria, dicen, en el mismo cuestionario mencionado, que “el Hospital Universitario San Rafael de Tunja no adelanta ninguna actividad de denuncia por aborto ante ningún órgano Judicial”.

El proceso contra Manuela no se ha archivado y ahora será la fiscal Ligia Sánchez Saavedra, de la Unidad de Vida de la Fiscalía 11 Seccional de Boyacá, quien deberá continuar con la investigación. Pero otra sería su suerte en caso de que la Corte falle a favor de declarar inconstitucional el delito del aborto.

Como lo explicó Cristina Rosero, una de las mujeres que escribió la demanda de Causa Justa, si la Corte decide despenalizar el aborto “todos los procesos [penales] que estén activos […] deberían ser cerrados de manera inmediata”.

De acuerdo con un informe que la Fiscalía entregó a principios del 2020 a la Corte Constitucional, 72% de los casos en los que hubo condena tuvieron origen en los hospitales.

Además, según el informe de La Mesa por la Vida, al menos el 45.2 % de las notificaciones que llegan al sistema judicial, provienen del personal de los centros médicos. “Esta dinámica es particularmente problemática pues confirma no solo la violación del secreto profesional, sino la obtención de supuestas confesiones de mujeres en un momento de vulnerabilidad, y las graves consecuencias que en muchos casos justifican el miedo a acudir a los instituciones de salud”, indicó el análisis.

Pilar, la funcionaria de la URI, recalcó que lo único que hicieron fue abrir la noticia criminal y no solicitar el testimonio de Manuela en ese momento. La Fiscalía se encargó de llamar a la joven a rendir indagatoria. Ella siguió la recomendación de su abogada de guardar silencio.

La directiva 006 de 2016 de la Fiscalía establece, entre otras cosas, que los fiscales deben inadmitir las denuncias que se presentan por este delito cuando se basan en información obtenida por violación del secreto profesional y/o cuando sea claro que la persona se encuentra en una de las tres causales de despenalización de la Sentencia C-355. Ambos escenarios, como lo sugieren las abogadas Nitola y Rosero, ocurrieron en el caso de Manuela. “Proceder al archivo o la preclusión [del proceso] cuando la conducta se enmarque en la causales de atipicidad”, se lee.

— La directiva la 006 de 2016 de la Fiscalía da lineamientos para el tratamiento de los casos de aborto. ¿Usted la conoce?— preguntamos a la funcionaria.

— A ver, a nosotros nos dan dentro del curso de Policía todo tipo de normas, lineamientos y todo eso; nos basamos más que todo en el tema de ‘Manual de Policía Judicial’. Entonces, obviamente trabajamos bajo todos los protocolos que tiene la Fiscalía— respondió en tono de duda.

La directiva de la entidad también señala que “los fiscales deben darle instrucciones a los miembros de la Policía Judicial para que, durante la práctica de entrevistas, le informen a los profesionales de la salud que no podrán violar el secreto profesional”.

Las expertas del movimiento Causa Justa dicen con frecuencia que ese documento es muy claro y protector del derecho fundamental a la IVE. Sin embargo, en la práctica, ni los funcionarios de la Fiscalía, ni el personal médico en su totalidad, parecen tener estas claridades.

“Ellos [los profesionales de salud] no están violando su secreto [profesional]. Nosotros en cualquier delito obviamente necesitamos escuchar una versión y, en este caso, la primera mano son los especialistas que atendieron a esta víctima”, dice Pilar.

Pero Manuela no se considera víctima de sí misma ni de su novio, como se lo insinuaron varias veces en el hospital, sino de un sistema que condena a las mujeres que toman decisiones sobre su cuerpo y su vida. Nadie la obligó. Es una mujer que en el ejercicio de su libertad y autonomía decidió interrumpir un embarazo que no quiso y que no quisiera asumir.

*Los nombres fueron modificados para proteger la identidad de las fuentes.

**Este texto se produjo en el marco de la primera edición de la beca de periodismo investigativo Ana Cristina, iniciativa de Cuestión Pública en alianza con la Fundación Heinrich Böll.