DIGNA PUTERÍA: la historia de la Unión de Resistencias Cali
Movilización

DIGNA PUTERÍA: la historia de la Unión de Resistencias Cali

 

I. LOS LEVANTAMIENTOS

Haz memoria.

¿Cuándo fue el primer momento que dijiste: “esto se prendió”, “esto es un horror”, “esto no puede ser”?

Arranco yo.

El video apareció en la pantalla de mi celular. Marcelo Agredo, de 17 años, corre a toda velocidad, se levanta en el aire y patea por la espalda al patrullero Luis Ángel Piedrahíta, antes de que ponga en marcha su moto. Marcelo huye. Luis dispara, se baja de la moto, dispara de nuevo. Marcelo cae herido de muerte por una bala en el cráneo. Fue el 28 de abril, primer día del paro nacional.

Ahora tú.

¿Fueron las llamas del Palacio de Justicia de Tuluá? ¿El rostro amenazante del empresario Andrés Escobar mientras empuña la pistola contra los manifestantes? ¿Los 11 policías que piden auxilio para no morir incinerados dentro del CAI Libertadores? ¿El aullido de las sirenas, el rugir del venom, los putazos desesperados, el llanto de las madres? ¿O la voz del hombre que a gritos le ruega al chico que agoniza junto al cuerpo tieso de Lucas Villa: “Respire mi socio, respire, no se muera”?

Un torrente imparable de imágenes, videos y transmisiones en vivo doblegó nuestra mirada durante el paro nacional y nos sumió a todos en un tipo de guerra que la mayoría desconocía. Algunos medios de comunicación nos dedicamos a registrar y desentrañar los evidentes abusos cometidos por la Policía, mientras otros se enfocaron en el vandalismo que emanaba de las manifestaciones. En medio de tanta muerte y destrucción, los chats familiares se fueron silenciando, la gente se bloqueó mutuamente en redes sociales y a excepción de los diálogos entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro —que rápidamente comprendió que no representaba a las multitudes en las calles— parecía que la palabra y la conversación estaban ausentes durante el levantamiento social. Nos habíamos convertido en fuego, miedo, agravio y rabia.

Un miembro de la Primera Línea es cargado por voluntarios de las brigadas de salud, luego de que el Esmad reprimió una manifestación festiva y pacífica el 20 de julio en la Loma de la Dignidad.
 

Mayo estaba por terminarse y los videos seguían inundando los teléfonos sin mucho orden ni sentido, cuando me enteré de la existencia de la Unión de Resistencias Cali—Primera Línea Somos Todos y Todas (URC), una reunión de jóvenes integrantes de 26 puntos de resistencia que se habían organizado en una sola coalición para negociar con la Alcaldía, y avanzaban rápidamente en la configuración de un primer acuerdo, acompañados por la Arquidiócesis y la Comunidad Internacional.

La elocuencia de su nombre activó mi curiosidad. También la forma en la que estaban trabajando estos chicos y chicas, a través de asambleas populares en los puntos de resistencia, que eran luego decantadas en pliegos de peticiones colectivos y autónomos. Me intrigó ese fenómeno menos visible y doloroso: bajo el humo y entre los disparos, cientos de comunidades estaban hablando, deliberando, pensándose el país y su realidad.

Muchas asambleas eran barriales, otras locales, pero la que más llamó mi atención fue la Asamblea Nacional Popular, una congregación de más de dos mil personas provenientes de diversas partes de Colombia, que se instaló a comienzos de junio en el colegio Claretiano de Bosa, en Bogotá, —el mismo en el que había aterrizado sin autorización un helicóptero de la Policía en la noche del 4 de mayo—, y que luego de un fin de semana de deliberaciones, había decidido desplazarse a la ciudad de Cali, epicentro del levantamiento social, para sesionar el fin de semana previo a las conmemoraciones del 20 de julio. 

Harto de observar a mi país arder a través de la pantalla fracturada de mi celular e intrigado por estas expresiones de diálogo en medio de tanto dolor, decidí viajar a la Asamblea Nacional Popular convocada por las organizaciones sociales en la Universidad del Valle, y buscar allí a los miembros de la Unión de Resistencias Cali.

No fueron pocos los conocidos que me advirtieron que me cuidara en la víspera del viaje. Los últimos días habían sido relativamente tranquilos en materia de enfrentamientos, todos los bloqueos habían sido desmontados en la capital del Valle, pero en el calendario de muchos el 20 de julio los aguardaba con la advertencia de que todo se podía volver a prender.

—En las noticias dijeron que unos vándalos y guerrilleros se tomaron a la fuerza la Universidad del Valle— me advirtió mi mamá.

—Pues a mí uno de los organizadores de la asamblea me dijo que llevan varias semanas solicitando el permiso a la Gobernación y no les han parado bolas— le respondí yo consciente de que mi respuesta no calmaría sus nervios.

A Cali llegué el viernes 16 de julio, a 80 días de iniciado el estallido social. Cada cierto tiempo, en la avenida que conecta el aeropuerto con la ciudad  aparecían vallas inmensas, de fondo blanco, sin firma ni remitente, que le expresaban las gracias en letras mayúsculas a la Policía y al Ejército Nacional. Bajo estas vallas, los eternos cañaduzales de los ingenios del Valle —donde varios manifestantes habrían sido agredidos por la fuerza pública—  murmuraban historias mucho menos gratas.

Cali me recibió hondamente lastimada. Y si en las alturas estaban las vallas para recordármelo, en las calles estaban las estaciones desvalijadas del sistema público de buses MIO, convertidas en estructuras de metal huecas, peladas e inertes, vestigios de la guerra que los caleños acababan de vivir. 

—¿Va para la protesta?— me preguntó un taxista.

—Vengo a cubrir la Asamblea Nacional Popular, soy periodista.

—Yo no entiendo por qué esos muchachos destruyen todo.

—Imagino que tienen rabia…

—¿Pero a quién benefician? —continuó— El otro día recogí a una mujer que tenía que hacerse unos exámenes médicos, y en lugar de tomar el MIO, que estaba vuelto mierda, tuvo que pagar 13 mil pesos de taxi. ¿A quién perjudican? A sus tías, a sus mamás… ¡Aquí el panal de huevos que estaba en ocho mil ahora está en catorce mil pesos!

Lo escuché en silencio.

—Yo por eso digo: ¿Unión de Resistencias Cali? ¡Qué va! Unión de Delincuencias Cali, será.

 

Cruce de la Calle 9 con Cra 39 en Cali. A finales de septiembre de 2021, quedaban ya muy pocas de las vallas anónimas de apoyo a la fuerza pública.
 
Calcomanía de la URC en la puerta de una sede de un comedor comunitario. Miembros de la Primera Línea de Siloé han instalado en el barrio Brisas de Mayo de la Comuna 20 una olla comunitaria como parte de las iniciativas de trabajo con la comunidad.
 

Al otro día, antes de salir para la Universidad del Valle, me senté a desayunar en una cafetería del barrio San Fernando con Jesús González, un caleño de mediana edad, trabajador social, con casi tres décadas acompañando a las comunidades populares de la ciudad. Seis semanas atrás, Jesús había renunciado intempestivamente al cargo de Secretario de Bienestar Social de la Alcaldía de Cali, dos días después de que la policía y el ejército arremetieron contra los manifestantes del Paso del Aguante (o Paso del Comercio) la noche del 4 de junio, en momentos en que avanzaban las conversaciones con la Unión de Resistencias Cali. Esa noche fueron baleados dos jóvenes con armas de fuego: Segundo Jaime Rosas, estudiante de 21 años de la Universidad del Valle y Cristian Javier Delgadillo, un joven miembro de un colectivo de ciclistas. 

Jesús había sido una pieza central en la configuración de los diálogos con la URC, y que el alcalde le diera vía libre a la represión lo ponía todo en riesgo. En una sentida carta de renuncia dirigida a su jefe, el secretario enunció los nombres de cada uno de los 39 jóvenes asesinados hasta el momento en las manifestaciones de la ciudad, y lamentó que Cali sucumbiera “a una fragmentación mediada por el lenguaje de la agresión y las armas”.

El día en que nos conocimos se le veía tranquilo, pero su rostro expresaba cierta amargura, un aire de derrota. Hablamos por más de tres horas. Buena parte de ese tiempo se lo dedicó a un mapa de Cali que él mismo dibujó, luego de agarrar mi cuaderno de notas. En él fue ubicando, uno a uno, los puntos de resistencia que se levantaron durante las semanas del estallido —40 al inicio; 26 que perduraron un poco más; 16 que se sostuvieron en el tiempo— y que en la mayoría de casos bloquearon corredores estratégicos para el abastecimiento y la movilidad de la ciudad. Su intención era clara: expresarme que cada punto de resistencia era un mundo propio y complejo, en una Cali empobrecida, golpeada por la pandemia y heredera, a su vez, de dinámicas mafiosas y criminales, tras décadas de ser la gran capital de las economías ilegales del suroccidente del país.

—¿Tú me dices que el paro es juvenil, barrial, social y popular? Sí —me dijo mientras garabateaba—. ¿El paro tiene presencia de grupos armados, criminales y delictivos?, también. Todo a la vez. Todos los sectores de la sociedad sacaron la garra, pelaron el cobre, mostraron su interés y su disposición a enfrentarse a ultranza por intereses particulares, sacrificando los bienes comunes y la vida de la gente

Durante la mañana del 28 de abril, la marcha había sido hermosa. Una fiesta colectiva de la familia caleña, popular y carnavalesca. La expresión viva y madura de procesos comunitarios que, como en el caso de Puerto Resistencia, habían convertido a la ciudad en un taller de arte y solidaridad popular desde el Paro Nacional de 2019. Las barriadas, que durante cincuenta años han autogestionado la ocupación de su territorio, colmaron las calles. Allí se unieron los miles de vecinos pobres de la central de alimentos de Cavasa, las feministas y los ambientalistas, los negros y los indígenas, los pachamámicos, los univallunos, los raperos, los profesores, los sindicalistas... Una marea que subió rápidamente, avivada por más de veinte micro-conflictos sociales irresueltos en la ciudad:  los carretilleros, los vendedores ambulantes, los habitantes de calle, los trabajadores de noche, los obreros que salieron de Sameco, los areneros que salieron de Juanchito...

Loma de la Dignidad (antigua Loma de la Cruz). Mayo 19 de 2021.

Pero esa Cali luminosa, popular y festiva se movería ese y el resto de días a la par de la Cali sombría, marginal o criminal, como corroboré en varias de las conversaciones que sostuve durante el viaje. Estaban las oficinas de cobro, que controlan la salida y entrada de drogas, armas y dinero en la ciudad; estaban los prestamistas, los falsificadores y tramitadores. Las bandas y pandillas. Los motorratones que se mueven con teléfonos Avantel y los gimnasios de bodega que reclutan modelos webcam. Grupos armados pos-demovilización, bandas paramilitares y grupos organizados de derecha. Las trabajadoras sexuales, la gente de los moteles, los chirretes, los venezolanos, los bandidos callejeros de ‘sacol’. Cuadrillas de desposeídos, al servicio del mejor postor, como los más de veinte o treinta que, según se dice, admitieron recibir entre 70 mil y 140 mil pesos a cambio de vandalizar las sucursales de almacenes y negocios de diversos tipos.

—Esos días fueron los días del gamín: si usted tenía algo que cobrarle a otro, ahí fue.

—En una ciudad donde pocos tienen y todos quieren…

—Y además a fierro: aquí hay 200 mil armas según el último diagnóstico de 2016. Hay una puerta giratoria por la que entran y salen de lo legal a lo ilegal. Unos días antes, se habían robado unas. Osea, ¡aquí fierros hay!

Con este telón de fondo, el estallido social ofreció un repertorio diurno, vespertino y nocturno. El pueblo salía en el día, incluyendo muchos de los más de 100.000 desocupados que registraba la ciudad. Era el momento del encuentro y de las ollas comunitarias; el espacio para construir familia y comunidad, donde los huérfanos, los sin techo, los exiliados comieron, por primera vez en mucho tiempo, tres veces al día. En las tardes aparecían los parches hiphoperos, salseros y metaleros, la creatividad caleña que es un repertorio hermoso de colores". Fue la oportunidad para que muchos músicos y artistas, hasta entonces ignorados y anónimos, se presentaran por primera vez sobre una tarima frente a 2.000 personas. Y a las seis de la tarde, llegaban los policías y los otros señores, con sus nocturnas y borrascosas relaciones. Y con ellos la bala. Y ante la bala, otro tanto más de voluntarios: enfermeros, médicos y abogados, prestos a acompañar al pueblo que aún resistía, en la noche, a una violencia que era al tiempo guerra entre mafias, limpieza social y abuso policial.

—Mira, si tú me preguntaras: ¿hay actores que indujeron y premeditaron cierto tipo de actividades ilegales? Sí, los hubo, por motivos distintos y con escalas y con capacidades distintas. Pero eso no significa que esa movilización no tuviera razones justas. Un chico me lo dijo así: “Allá había unos bandidos, sí, pero ellos no mandaban, mandábamos todos”.

Antiguo Justo y Bueno de la Calle 5 con Cra 26 que fue totalmente saqueado y vandalizado el día 1 de Mayo de 2021.  A finales de septiembre este es el estado en el que se encuentra el local.
 

20 de Julio de 2021. Una persona no identificada acompaña la marcha pacífica de habitantes de la Comuna 20 demandando el cese de violencia y muerte en el punto de resistencia de la Glorieta de Siloé.
 

Responder a todo lo anterior fue el acertijo que le puso la historia al alcalde de Cali Jorge Iván Ospina. Pero este respondió siempre con ambivalencia y vacilación. Médico de profesión, consideró al comienzo que la movilización era una irresponsabilidad epidemiológica y le costó reconocer las demandas sociales que se expresaban en las calles. Además, tenía encima la presión del gobierno nacional y los empresarios locales, quienes rápidamente sintieron la asfixia del bloqueo —16% de ellos consideraron cerrar definitivamente sus negocios por esos días, mientras que en mayo se perdieron 90 mil empleos, según me contó Esteban Piedrahíta, presidente de la Cámara de Comercio de Cali—. Esto último, sumado al desborde del vandalismo y la violencia de las bandas, reblandeció a Ospina frente a los desmanes de la policía.

El gabinete del alcalde fue un escenario central de esa ambivalencia. Según Jesús, el 3 de mayo Ospina presidió una reunión en la que un sector de su equipo le recomendó “meterles policía” a los puntos de resistencia y “tratarlos de vándalos”.

—Yo le dije: ¿Alcalde? ¿De qué lugar de la historia vamos a quedar? Usted lo que tiene que hacer es liderar una alternativa de diálogo. Y si ahí hay bandidos, esos bandidos también son caleños y colombianos,  es la ciudadanía que hemos ayudado a formar con la exclusión y con no verlos.

El alcalde y otros miembros de su equipo aceptaron la iniciativa de Jesús, y aunque continuó reprimiendo a los puntos de resistencia, varios de sus secretarios comenzaron a hacer gestiones de acercamiento. Sin embargo, en las barricadas, los chicos y las chicas, que ya entonces se organizaban para defenderse de los disparos de la policía, comenzaban también a emprender  un largo camino hacia el diálogo. Un camino difícil y retador, porque solo había una cosa clara esos primeros días de mayo: nadie en el estallido social se había levantado para dialogar.

 

II. LA MINGA

 

12 de Mayo de 2021. Graffiti de apoyo a la Minga en el Puente de La Luna sobre la Autopista Sur, en uno de los puntos de resistencia y concentraciones del Paro Nacional en Cali.
 

El sábado 17 de julio llegué apurado a medio día a la Universidad del Valle, temiendo que me perdería la inauguración de la Asamblea Nacional Popular, momento en el que, esperaba, podría contactarme con algunos de los miembros de la Unión de Resistencias Cali (URC). 

En la portería fui requisado por miembros de la guardia cimarrona y la guardia indígena, con sus chalecos de colores, sus bastones de mando y machetes al cinto. Rostros curtidos por el sol y heridos por años de protesta. Varios días atrás se habían tomado el campus y ahora lo patrullaban junto a docenas de jóvenes caleños encapuchados, provenientes de algunas primeras líneas de la ciudad, que durante los últimos dos meses se habían organizado para protegerse de los ataques de la policía y otros grupos armados.

Para mi sorpresa, el campus estaba prácticamente vacío. Los pocos asistentes que identifiqué deambulaban entre los árboles recogiendo grosellas o alimentando a las iguanas, con la tranquilidad de quien pasea por el parque un domingo festivo, como si no les robara la calma que, a pocas cuadras, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) aguardara la orden para retomar la Universidad.

—¿Dónde está la gente?— pregunté.

—No han podido llegar, todo el mundo está bloqueado por el decreto de la Gobernación.

Dos días atrás, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, había decretado el cierre de fronteras del departamento. Con esta decisión, las caravanas populares provenientes de diversos y remotos rincones de Colombia, quedaron inmovilizadas por los retenes de la Policía Nacional. Las detenciones, que también se dieron en otros departamentos del país, fueron divulgadas por redes sociales, y en una rueda de prensa desde la Universidad, los organizadores de la Asamblea denunciaron que algunas delegaciones pasaron más de seis horas detenidas; alegaron, además, que los agentes les tomaron fotos a sus cédulas, les grabaron videos sin explicación alguna y requisaron todas sus pertenencias sin orden judicial. Así estaba la cosa: asistir a una asamblea popular en pleno paro nacional implicaba quedar empadronado por la misma fuerza policial cuyos abusos habían alimentado la indignación y la movilización.

Un hombre grueso y de mediana estatura, con un colorido bastón de mando y parte del rostro oscurecido por un sombrero de paja, salió del coliseo de la Univalle caminando a paso lento. Era Jair Hernández, mayor nasa del resguardo Nuevo Despertar, en el municipio de Dagua, en la vía Buenaventura. Un hombre risueño y hablador que, según me dijeron, había logrado unir a los muchachos de 26 puntos de resistencia durante las primeras dos semanas de mayo. Jair era el primer mentor y gestor de la URC, su “consciencia”, según me contó tiempo más tarde una de las voceras de esta coalición.

 

Un grupo de miembros de la Minga son vitoreados en agradecimiento por una multitud en Puerto Resistencia Cali el día 12 de Mayo de 2021.
 

—Todo arrancó como el 3 o 4 de mayo, yo lo recuerdo porque a mí me cogieron los cumpleaños persiguiendo a esos mugrosos— inició Jaír su relato.

Para esa época los tropeles en Cali ya habían dejados unos veinte jóvenes muertos, los manifestantes se defendían con lo que tuvieran a la mano —escudos hechizos de lata, trincheras de llantas y escombros—, algunas bandas al margen de la ley se habían sumado a las confrontaciones nocturnas y las primeras líneas estaban en plena formación, muchas de ellas emulando las tácticas de defensa que aparecían en videos de YouTube subidos por los manifestantes chilenos que, en 2019, protagonizaron un alzamiento de similares proporciones y catalizaron un exitoso proceso constituyente.

 

Un miembro no identificado de la Primera Línea de Puerto Resistencia ondea una bandera alusiva de apoyo a la Minga el día 12 de Mayo, fecha en la cual se retiró la Minga de la ciudad de Cali.
 

—Los indígenas andábamos en el Cauca en un proceso de “Minga hacia adentro”, que había iniciado luego del asesinato de nuestra compañera, la gobernadora Sandra Peña. Pero al ver el llamado de los jóvenes y cómo los estaban matando, nuestras autoridades ordenaron la “Minga hacia afuera”, y nos vinimos para Cali.

Reportes de prensa estimaron que entre 1.500 y 5.000 indígenas llegaron en buses y chivas a una ciudad que ardía, convencidos de que contaban con un conocimiento valioso que querían transferir a los jóvenes que recién se levantaban a punta de rocas y bolsas de leche. Era una experiencia acumulada por más de medio siglo de lucha social por la liberación o recuperación de sus tierras, a manos de los grandes terratenientes caucanos.

 

Una de las decenas de chivas que transportaban a miembros de la Minga el día 12 de Mayo en el recorrido de despedida de la ciudad de Cali por varios puntos de resistencia de la ciudad.
 

—La minga se encerró en la Universidad del Valle, pero la guardia estaba que se nos escapaba, porque ellos venían era a pelear y a ver cómo rodear los puntos y protegerlos un poco de toda la agresión de la fuerza pública —continuó Jair.

Gradualmente comenzaron a llegar  a muchos de los puntos de bloqueo, grupos de 100 o 200 comuneros, con la intención de crear una suerte de “cordón de seguridad” entre las primeras líneas y la policía. Además, la minga buscó formar a los puntos de resistencia en términos organizativos, como me confirmaron varios de los jóvenes de la URC: los indígenas los orientaron para que crearan comités y delegaran funciones y liderazgos; les explicaron cómo funciona una asamblea, la importancia de la palabra, la deliberación, la paciencia y el consenso, y tuvieron hasta tiempo para montar ollas comunitarias e iniciar varias huertas urbanas.

Siguiendo un mandato de las autoridades indígenas, Jair Hernández comenzó a visitar, bastón en mano, cada punto de bloqueo, con el objetivo de ayudar a que los chicos escogieran entre ellos a dos o tres voceros por punto. Para mediados de mayo, el mayor había logrado convocar a unos 70 voceros de 26 puntos de resistencia, con los que tuvieron una primera reunión en un auditorio de la Universidad del Valle, junto a Ermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y otros miembros de la misma asociación.

Paralelamente, preocupados por encontrar alguna fórmula que desactivara los bloqueos, el Gobierno Nacional, a través de contactos en Puerto Resistencia, organizó una reunión en el coliseo María Isabel Urrutia, que queda a cuatro cuadras de ese punto. Fue la primera oportunidad para que los chicos que había reunido Jaír en Univallle, y que apenas comenzaban a reconocerse entre ellos, se trasladaran hacia ese lugar y se encontraran con las autoridades estatales. Fue un desastre.

—Todos estaban ahí: el ICBF, los de la Política Nacional de Juventudes, el Alcalde, full pantalla gigante, toda la vaina montada. Pero fue acelerado y un fracaso total. Se cayó además por un asunto que fue también muy distractor en todo esto que es el tema de las comunicaciones: los mensajes de WhatsApp, la paranoia… —me contó Rubén Darío Gómez, director del Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali.

Los videos que quedaron registrados de esta reunión lo corroboran. En un coliseo repleto de personas encapuchadas, muchas de ellas con escudos, cascos y gafas, como si estuvieran listas a que se prendiera de nuevo el tropel, corrió furioso el falso rumor de que la Policía estaba atacando el punto de resistencia de La Luna, a cuatro kilómetros del coliseo. “¡Nos están atacando!”, se escucha en la reunión. “¡Es un saboteo!” “¡Traidor!” “¡Alcalde asesino!”. El alboroto fue tal, que Jesús González, entonces secretario de Bienestar Social, tuvo que sacar cubierto al alcalde “para que no se lo mataran”.  

—¡Casi se lo tragan vivo al marica ese! —me dijo Jair—. Ese día me demostró que los muchachos no estaban listos.

La misión de Jaír no era nada fácil. A diferencia de un paro tradicional, en el que un sindicato o grupo de organizaciones detiene una actividad para negociar una serie de demandas, el estallido caleño fue, en cierta medida, un estallido expresivo. Un “paro sin pliego”, me explicó Jesús, “un juicio de la gente diciendo ‘hijueputa, no nos han querido ver, pues aquí estamos’”.

Los jóvenes que se levantaron suelen llamar a ese sentimiento que los sacó a las calles “digna rabia” o “digna putería”. Una fuerza emocional colectiva que hizo casi imposible cualquier tipo de negociación entre los puntos y las instituciones. Gobierno, gobernación, alcaldía, empresarios, todos hicieron intentos por negociar individualmente el desbloqueo, pero los acuerdos que se anunciaron a mediados de mayo se cayeron. Los pocos que prosperaron, con intermediación de sacerdotes de la Arquidiócesis, se limitaron a establecer corredores humanitarios para el paso de alimentos y medicamentos.

 

Una mujer sostiene un cartel de apoyo a la Primera Línea en la Loma de la Dignidad, donde la noche del 19 de Mayo de 2021 se presentaron manifestaciones culturales de apoyo al Paro Nacional.
 

La minga indígena, por su parte, no pudo aportar por mucho más tiempo. Durante los doce días que estuvieron en la ciudad, los mingueros fueron golpeados en combates nocturnos, esquivando los disparos de las armas largas y cortas de la policía y otros grupos armados, condiciones muy distintas a las de las montañas del Cauca, donde los tropeles son de día y contra el ESMAD.

A esto se sumó la hostilidad de muchos caleños, desesperados por los bloqueos y avivados por la animadversión racial. El clímax de esta tensión se produjo el 9 de mayo, cuando un grupo de camionetas de habitantes del sector de Ciudad Jardín le cortó el paso y retuvo a una caravana indígena que transportaba a Harold Secué, consejero mayor de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Cuando una comisión enviada por la minga desde la Universidad del Valle fue al rescate del mayor, se desató una serie de choques violentos que en cuestión de tres horas dejó a 12 mingueros heridos, entre ellos Daniela Soto, estudiante de filosofía de la Universidad del Cauca, quien recibió un disparo en el abdomen.

Una detallada reconstrucción de estos hechos, por parte del portal investigativo Cuestión Pública, reveló que en los videos que se conocen de ese día son los caleños quienes disparan las armas de fuego frente a numerosos policías, a excepción de un minguero que utilizó una pistola que obtuvo tras desarmar al celador de un conjunto residencial. La minga se defendió con machetes y piedra, destruyó varios carros y las rejas de un conjunto. Ese día el diario El País tituló: “Grave situación de orden público en el sur de Cali: indígenas atacaron a la comunidad”.

—La minga tiene una vocación muy, muy grande. Ellos han asumido la vanguardia del movimiento popular durante una transformación de 200 años, y no podían quedarse por fuera de lo que estaba pasando en Cali —me había explicado unas horas atrás Jesús González, exsecretario de Bienestar Social—. Así que se vinieron, tumbaron la estatua de Belalcázar y radicalizaron esto a un plano étnico-racial. Y entonces apareció una gente a la que se les salió el blanco, indios a los que se les salió el blanco, negros a los que se les salió el blanco...

 

A finales de julio de 2021 un hombre desconocido mira el horizonte un par de días después del homenaje que brindaron varios ciudadanos en el antiguo pedestal a Sebastián de Belálcazar en la conmemoración a los 485 años de fundada la ciudad.
 

Luis Fernando Acosta, coordinador nacional de la Guardia Indígena, me dijo que ese día recibieron innumerables insultos xenófobos y racistas, y que luego de lo ocurrido, aumentaron “las agresiones de los medios de comunicación”. Con decenas de videos circulando en los que los mingueros destruyen vidrios, automóviles e intentan meterse a un conjunto residencial en Ciudad Jardín para perseguir a una de las camionetas agresoras, muchos medios masivos promovieron la idea de que los indígenas eran guerrilleros, narcotraficantes y vándalos llegados a Cali a destruir y dañar todo a su paso. Lo anterior obligó al “movimiento indígena a hacer un cateo espiritual”, según Jair, luego del cual le informaron a sus autoridades que había llegado el momento de replegarse hacia el Cauca.

—Teníamos que ver cómo proteger a la Guardia. Quedarnos significaba arriesgar y perder mucho —me contó el mayor en Univalle. Así que para mediados de mayo, Jaír quedó solo en la ciudad, con la misión que había iniciado el día de su cumpleaños: fortalecer la unión entre los puntos y emprender un proceso de formación contrarreloj que les permitiera a los muchachos, eventualmente, sentarse a negociar con la institucionalidad.

Luego de que salieran los indígenas de la ciudad, Jaír llamó a monseñor Jesús Darío Monsalve y le dijo: “mi hermano, o me presta su casa o me presta la universidad”. El arzobispo de Cali los mandó para Unicatólica, y allí el mayor se enclaustró en un auditorio a palabrear durante dos semanas con los voceros y las voceras de los puntos, mientras la ciudad ardía y entre ellos comenzaba a incubarse una idea común de resistencia.

—¿Qué pretensiones tenían los muchachos?— le pregunté.

—Ellos no querían saber nada de la institucionalidad. Fueron dos semanas, todos los días, dedicadas al tema de las garantías (para la protesta). Querían estar allí, conversar, entender qué hacer, porque los puntos estaban todavía en combate con la fuerza pública. Eso es algo muy, muy, muy… ¿cómo se dice? Como muy normal en este país ¿No?, negociar en medio de la guerra.

Al esfuerzo de Jair se sumaron personas fundamentales para el proceso. Por un lado, los curas y miembros de la Arquidiócesis, liderados por monseñor Monsalve, que también recorrieron los puntos y fueron esenciales en la validación de las vocerías, pues dada la complejidad social que se expresaba en cada uno de ellos, garantizar la representatividad de los muchachos en la mesa era una condición vital.

 

El 3 de Octubre en medio de una marcha homenaje a las víctimas de la represión en el Paro Nacional, Monseñor Jesús Darío Monsalve consuela una de las familiares de las víctimas en la Glorieta de Siloé.
 

Al espacio en Unicatólica también llegaron la ONU y la MAPP-OEA, en cabeza de Beatrice Quadranti y Martha López, dos mujeres fundamentales en la formación de los voceros. Según Jesús, se convirtieron en madres para los chicos de la URC, así muchos vieran con sospecha y enfado cuando ellas daban línea en el proceso. Ambas instituciones llegaron a la mesa a defender la tesis de que el levantamiento social era el producto de fallas estructurales derivadas de  una amplia gama de vulneración de derechos y que, por tanto, era fundamental que el conflicto se solucionara a través del diálogo, como expresaría Beatrice en un conversatorio digital a mediados de junio. 

Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, también hizo presencia durante los primeros días en Unicatólica, pero no se quedó mucho tiempo, atareado como estaba con la elaboración del informe final de esta entidad, un análisis profundo de 58 años de guerra en Colombia (1958-2016). Jessica, una de las voceras de la URC me contó que, en su visita fugaz, el sacerdote jesuita les dejó un mensaje que perdurará en el tiempo: “hay personas que van a querer romper este proceso, pero ustedes deben mantenerse en el diálogo. Miren lo que pasó en La Habana, durante mucho tiempo se siguieron matando, pero nunca se pararon de la mesa”.

Jaír terminó de contar su historia y se levantó presuroso pues tenía otro compromiso. Al volver en mí y pasear la mirada, vi que el campus de la Universidad del Valle comenzaba a poblarse de pequeñas caravanas de nómadas que se bajaban de grandes buses alquilados,   cargaban sus morrales y bolsas de dormir, y con los rostros hinchados y el pelo desordenado exploraban entre los edificios y plazoletas un lugar adecuado para instalar su campamento.

Unas horas más tarde lograría por fin conocer a la Unión de Resistencias Cali (URC). Y al conversar con muchos de sus voceros, corroboraría que, en efecto, la minga le imprimió a los jóvenes caleños una huella perdurable, que llegó incluso a inspirarlos a formar guardias populares con formas y éticas similares a la guardia indígena. Como me dijo uno de ellos: “Aprendimos que solos llegamos más rápido, pero juntos se llega más lejos”.

 

A mediados de mayo de 2021, bicicletas pertenecientes a manifestantes bloquean el paso de la Cra 23 en el Sector de la Luna.  En el fondo, un hotel quemado durante actos vandálicos la noche del 3 de mayo

 

III. LA UNIÓN DE RESISTENCIAS

La Asamblea Nacional Popular arrancó doce horas más tarde de lo programado y algo decaída. Algunas delegaciones no lograron pasar el cerco decretado por la Gobernación del Valle, y aquellas que lo hicieron, valiéndose de un vacío jurídico en el decreto oficial, llegaron agotadas luego de un largo viaje, ensombrecido por el temor a los puntos de control policial y a los supuestos perfilamientos que ejecutaron los oficiales en ellos.

Pero el desánimo duró poco. La noche de ese sábado 17 de julio en el coliseo de la Universidad del Valle, gentes provenientes de todas partes del país bailaban y arengaban, al son de los tambores del Pacífico, “el pueblo no se rinde, ¡carajo!”, “Cali no se rinde, ¡carajo!”.

A la música le siguieron los saludos protocolarios, hasta que la concejala del Polo Democrárico Ana Erazo, que se movía por la tarima con fuerza y lanzaba arengas por el micrófono, tomó alientos para  resaltar la lucha de los últimos meses en “la sucursal de la resistencia”. Una lucha que había logrado consolidar “un nuevo tipo de tejido social”, que no solo había hecho visible un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, sino que, “en un hecho sin precedentes”, había consolidado un escenario político “que hoy tiene una mesa de negociación con el alcalde de la ciudad”.    

—¡Sin ellos y sin ellas no hubiéramos podido resistir en nuestra Cali y logrado esto!—exclamó la presentadora y concejala—. Por eso este espacio debe recibir con un aplauso ¡a la Unión de Resistenciaaaaas Cali!

El diez de julio, la Unión de Resistencias Cali realizó su primera asamblea popular, convocando a los 26 puntos de resistencia. Foto: cortesía de Daniel Zapata.
 

Una docena de chicos y chicas, vestidos sin mayor complicación, a excepción de la pañoleta negra que cubría su rostro, caminó dando pasos cortos y tímidos hacia el centro del escenario, mientras que 3.000 personas los ovacionaban desde la platea y los estrados. Si me los hubiera cruzado por la calle, no habría adivinado que eran ellos la voz del estallido: jóvenes serenos, la mayoría estudiantes, uno que otro por fuera del rango de edad, la cara más visible de esas espontáneas comunidades que se formaron en los puntos de resistencia, y que aglutinaron a seres de lenguajes, contextos y capacidades diversas, unidos por la rabia de vivir siempre al márgen. 

Durante los siguientes dos días me dediqué a encontrar a esos muchachos entre la multitud deliberante. La Asamblea Nacional Popular, heredera de un proceso social que cuenta con más de una década, y en la que confluyen campesinos, indígenas, negros y comunidades populares urbanas, es una experiencia asombrosa y estimulante, sin jerarquías ni liderazgos mesiánicos, que aupada en coaliciones sociales como el Congreso de los Pueblos, parecía hacerle honor al llamado que desde tantas esquinas había surgido durante los sangrientos días del paro: conversar para avanzar.

 

"La Peleona", integrante de la Primera Línea de Siloé, posa en la Biblioteca Pública Municipal Centro Cultural Comuna 20 el día del 20 de Julio de 2021, con la pañoleta oficial de la Unión de Resistencias Cali.
 

"El Gringo" miembro de la Primera Línea posa en la Glorieta de Siloé el domingo 3 de Octubre en la manifestación pacífica para recordar las víctimas del Paro Nacional.
 

Gradualmente fui ubicando a los voceros de la URC. A algunos los encontré  en las mesas temáticas de deliberación que se habían congregado por los corredores, prados y auditorios del campus universitario. Al resto, por suerte,  me los topé alrededor de su olla comunitaria, una de las muchas que, humeantes, le ofrecían a quien llegara a la Asamblea un plato de granos o pollo con arroz, yuca y limonada, repitiendo en cada comida un ritual que se había vuelto fundacional durante los días del levantamiento.

Allí conocí a Saray, una joven filósofa feminista de extracción obrera, que durante los días más duros del estallido lideró la gestión de seguridad de su punto de resistencia, y quien arrancó nuestra conversación reconociendo, con la voz quebrada y nerviosa, que por cuenta de lo vivido durante las confrontaciones padecía de angustias y paranoias permanentes. Conocí a Jefferson, un reparador de equipos informáticos convertido, por convicción, en administrador de las ayudas y donaciones que llegaban a su punto de resistencia. A Daniel, un estudiante de derecho de la Universidad Libre que aguantó en el suelo un tiroteo de más de diez minutos por parte de la policía, y a Jessica, vocera de los estudiantes que transformaron el esqueleto vandalizado de la estación del MIO frente a la Univalle en una huerta urbana, biblioteca pública y espacio de reflexión y encuentro para cientos de estudiantes y habitantes del sector. Conocí a Libertad y a Mauricio,  a Carlos y a Lilibeth, y a un chico de Puerto Resistencia, que sin darme su nombre, me contó entre risas nerviosas que una de esas oscuras noches alcanzaron a reunir 70 armas para defenderse de la policía.

Y conocí a Fernanda, de 25 años, estudiante de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad del Valle. La encontré sentada entre un grupo de ochenta jóvenes que llevaba un par de horas discutiendo, animosamente, cuál sería la metodología para deliberar sobre el futuro de la juventud y la educación en Colombia. Fernanda se me reveló de inmediato como un ser profundo y sabio, crítica de la fragmentación y la especialización de los saberes en el sistema educativo, convencida de que el país debe implementar un proyecto educativo integral para que defienda la vida y promueva el afecto y el cuidado de los otros y de los territorios, en el que cada joven “pueda desarrollar sus capacidades y vivir de lo que ama, independientemente de lo que sea”.

—Obviamente hay cosas malas— me dijo, sentada en una banca de la universidad—. Pero a medida que vamos construyendo mejores espacios de inserción para las personas, esas malas intenciones y malas voluntades se van a disminuir.

Un grupo de jóvenes conversan en una de las muchas mesas de deliberación que se instalaron en la Universidad del Valle entre el 17 y el 20 de julio durante la Asamblea Nacional Popular. Foto: Cortesía de Sebastián Pérez.
 

Durante las muchas horas que compartimos esos días, Fernanda me resumió su vida con emoción reflexiva, y me agradeció el tiempo para narrarse y pensarse. Creció en un hogar muy pobre en las laderas de Siloé, en una familia asolada por problemas de salud mental. De niña ya demostraba una inteligencia y sensibilidad excepcionales, que le permitieron acceder durante la primaria a media beca en un colegio privado. Su madre, sin embargo, había quedado sola y sin ingresos luego de divorciarse de su padre, y no tuvo cómo continuar pagando la porción de matrícula que le correspondía.  

—Cuando me dieron la noticia de que me tenía que pasar a un colegio público, yo casi me muero, solo lloré— me contó Fernanda en medio de la Asamblea—. Imagínate, yo era una peladita pobre que había ido siempre a escuela privada. Para mí era tenaz, no quería juntarme con los míos.

Pero contrario a sus temores, la llegada a un colegio público le abrió los ojos y definió el curso de su vida. Allí fue consciente del hambre de algunos compañeros, que llegaban a estudiar sin nada en el estómago. Aprendió que había que tomarse el colegio para que el Distrito cumpliera con la obligación de asignar un profesor de química, luego de pasar un mes sin poder ver esta asignatura. Y fue gracias a este colegio y a la Fundación Multipropaz, que recorrió los barrios y veredas aledañas a Siloé, descubriendo, en sus palabras, que “nunca es lo mismo ser una niña pobre a ser una niña rica”.

—Yo quería patinar, bailar, hacer de todo… Pero no pude, por asuntos económicos y una familia disfuncional. ¿Ves? Pero a pesar de eso, mi mamá siempre me inculcó el estudio, porque para ella era el vehículo a través del cual se podía salir adelante y tener una mejor calidad de vida.

Fernanda, líder social de Siloé, en la manifestación del 20 de Julio en la Loma de la Dignidad.
 

Para el momento en el que hablamos, Fernanda llevaba casi tres años esforzándose para sostenerse mientras avanzaba en sus estudios. Enfrentando muchos obstáculos, montó en la universidad un puesto de salchipapas y ganó algo de dinero como asistente de investigación en algunos proyectos de la universidad. Pero cuando la pandemia embistió a Siloé y lo degradó todo, dejó de estudiar y se fue para Nariño a raspar coca, sin adivinar que a los dos días de estar trabajando entre los cocales, una agresiva alergia cutánea la obligaría a cambiar de oficio. Su nuevo trabajo sería tomar el machete, pelar el monte y mantener limpias las matas de coca, sin entrar en contacto con ellas. Todo esto bajo la mirada suspicaz y vigilante de los grupos armados que controlaban la zona.

Fernanda regresó a Cali definitivamente en enero de 2021 y consiguió trabajo en un joven emprendimiento dedicado al marketing digital. El 28 de abril arrancó el paro y en su tiempo libre comenzó a ir al punto de resistencia de La Glorieta de Siloé, lugar que fue duramente golpeado en dos noches del levantamiento —el 3 de mayo, durante la primera masacre, cinco jóvenes menores de 23 años fueron asesinados; el 28 de mayo, al menos tres más caerían durante los operativos policiales, incluyendo a Daniel Steven Sánchez, de 16 años, quien apareció incinerado tras el incendio del Dollarcity—.

En la Glorieta de Siloé Fernanda dio rienda suelta a su vocación para la conversación y el relacionamiento, y comenzó a escuchar a esas voces diversas que, en medio del temor a morir en los enfrentamientos, se expresaban diariamente en su punto: los estudiantes de universidad pública y los trabajadores informales; los ladrones y los sicarios, los exconvictos y los desocupados; los niños y los abuelos, las madres, los adictos, los obreros, los pelados “que no han encontrado el rumbo de su vida”, los que no han tenido “otras opciones” y los que, como ella, son unos apasionados “por el despertar y el crecimiento de la conciencia y la revolución”.

Manifestantes del punto de Resistencia de Siloé posan durante la marcha del 20 de Julio de 2021 que tenía como punto final La Loma de la Dignidad
 

—Los muchachos de Siloé apenas se están acercando a esto de la organización comunitaria —continuó Fernanda—. Tú hablabas antes de política y te decían ¡ay, qué pereza, ya van a salir peleando! Entonces, claro, yo empiezo a trabajar y a conocer a los chicos del punto, y me encuentro con que la violencia, la drogadicción, el malandreo, ese ambiente de vandalismo, es habitual. Y también noto que la gente no se comunica, no se escucha. Eso era preocupante. Hubo discusiones candentes, hechos de violencia entre la gente del mismo punto. Ahí empecé a entender que el trabajo es muy largo, y que es fundamental trabajar con ellos el crecimiento personal, la inteligencia emocional, la autoestima, porque si no, no se hace nada, los pelados se desconectan. 

La misma dinámica ocurrió en el resto de puntos, como me contaron otros chicos de la URC. Gradual y rápidamente, desde los primeros días del levantamiento, los puntos de resistencia aprendieron a hablar. Uno de los voceros de Portada al Mar me contó que cuando apenas todo comenzaba, vio en redes sociales una convocatoria a formar asambleas populares a través de la página de Medios Libres Cali, uno de los muchos medios locales que se convirtieron en arterias de comunicación para el movimiento social durante esos días de zozobra y entusiasmo.

—Asamblea en Sameco, asamblea en Puerto Resistencia, Asamblea en Montebello Portada... —me contó—. ¡Fue muy curioso ver mencionado a nuestro sector, porque a nosotros nunca nos mencionan en nada! Fue gracias a esa primera asamblea que nació nuestro punto de resistencia, más como un punto de encuentro que un punto de bloqueo.

Manifestantes en Puerto Resistencia, sostienen carteles alusivos a los motivos del Paro Nacional el día 20 de Julio de 2021.
 

Y no era nada fácil hablar en medio de la apatía. Se trataba de pelados que nunca habían sido escuchados, ¿cómo iban a escuchar? Pero todo eso comenzó a cambiar, me contó Daniel, vocero de Sameco, cuando después de la efervescencia de los primeros días, caído el ministro de Hacienda y retirada la reforma tributaria que había catalizado el alzamiento, una pregunta comenzó a sonar en la cabeza de muchos: ¿hasta cuándo nos vamos a quedar? ¿qué queremos hacer con esto?  

—En ese momento los pelados se integraron y comenzaron a darse cuenta de que era necesario aprender a escucharse— recordó Daniel, sentado frente a uno de los muchos jardines de la Univalle—. Al comienzo se creían dueños de la razón y de la verdad absoluta. Pensaban que discutir era pelear, odiar al otro. Fue complejo. Lentamente aprendieron a escuchar y a entender a los demás, a hacer críticas sin destruir, a partir de cómo se sentían. Ahí pudimos avanzar, comenzaron a respetar, a proponer. Un momento muy bacano fue cuando se animaron a liderar y moderar la asamblea popular: entender las dinámicas de las emociones, el manejo del tiempo, recoger la discusión, dar la palabra…

Entre tanto, los más de 70 voceros de 26 puntos de resistencia, iban y venían, entre Unicatólica y las asambleas de sus respectivos puntos, tejiendo los acuerdos y construyendo los consensos que se necesitaban en la mesa con la alcaldía. Fueron cinco difíciles reuniones de diez horas cada una, muchas de las cuales arrancaban horas más tarde de lo pactado, con muchos de los voceros aún encapuchados, terminando casi en la madrugada, y en la que el tema central continuó siendo la garantía de una protesta segura y libre de violencia.

El día 28 de Agosto de 2021, en la sede de Unicatólica se llevaba acabo un taller para miembros de la Primera Línea entre los que se encontraba Jessica vocera de los estudiantes que transformaron el esqueleto vandalizado de la estación del MIO frente a la Univalle.
 

A finales de mayo, los voceros y la alcaldía llegaron a un acuerdo final que fue firmado por el alcalde Jorge Iván Ospina el 31 de ese mes, a través del decreto 304. Un documento que el mandatario local firmó a regañadientes —pues no se llegó a acordar el desmonte de los bloqueos— pero que estableció un plan de emergencia, una ruta de protección para los manifestantes en peligro, una comisión de derechos humanos para investigar lo ocurrido durante el Paro y una mesa de conversaciones permanente para atender los problemas de hambre, educación, empleabilidad y otros asuntos sociales expresados en la mesa. El decreto reconocía, además, a la Unión de Resistencias Cali (URC), “como un movimiento autónomo de articulación de los puntos de resistencia para la interlocución en el diálogo social con la institucionalidad y la sociedad”.

—Apenas salió ese decreto yo dije “es ilegal”, y tiene que haber una forma de protestar en contra del alcalde, pues sus acciones están muy equivocadas— me contó María del Mar Machado Jiménez, quien en cuestión de días radicó una acción de nulidad en contra de la norma.

María del Mar, quien fue secretaria de gobierno del alcalde Apolinar Salcedo, y que ha sido además árbitro y conciliadora en la Cámara de Comercio de Cali, me aseguró que su iniciativa no tuvo intenciones políticas, no fue premeditada con los empresarios ni buscaba oponerse a los diálogos de la alcaldía con los muchachos. Se trató, me dijo, de una acción de una madre y abuela adolorida por ver a su ciudad “destruida por todos esos desmanes”, y a un alcalde que, con este decreto, “los apoyaba”.

El recurso de la abogada obtuvo logros casi de inmediato. El 11 de junio, el juzgado 16 administrativo oral de Cali decretó la suspensión del decreto, dejando en vilo el proceso de diálogo con la URC y preocupando a los muchachos que ya, para ese momento, llevaban alrededor de un mes de trabajo entre la mesa y las comunidades en los puntos de resistencia.

Días más tarde una tutela, interpuesta por ellos mismos, logró levantar la decisión de suspensión. Y aunque el proceso sigue su curso y es analizado por el por el Consejo de Estado, la Unión de Resistencias Cali continuó los diálogos con la administración mientras algunos enfrentaban el desmonte violento de algunos de sus puntos y otros, voluntariamente, abandonaban los bloqueos. La estrategia, desde junio, fue otra como me explicaron los chicos durante la Asamblea Nacional Popular: en medio de amenazas, divisiones internas y desencuentros con la alcaldía, estaban llevando el paro nacional y sus asambleas populares “barrio adentro”. 

El día 3 de Octubre de 2021, la comunidad de Siloé realizó actividades culturales conmemorando las víctimas del Paro Nacional.  En las paredes del cementerio del barrio pintaron murales con los rostros de varias de las víctimas, entre ellas Harold Antonio Rodríguez Mellizo
 

IV: LA FRAGILIDAD Y LA FORTALEZA

Llegada la noche del lunes 19 de julio, la voz corrió rápida y nerviosa entre los asistentes a la Asamblea Nacional Popular: dos supuestos infiltrados habían sido detenidos por las guardias populares que custodiaban el campus universitario; los habían descubierto con una caja con cartuchos de 9 y 38 milímetros. Luego de llevarlos al coliseo, donde se preparaba la plenaria final de la asamblea, la guardia los trasladó a las afueras de la biblioteca, donde varios cordones humanos los resguardaron de una multitud alerta y enfurecida.

—¡Déjenle ver la cara a esos asesinos! ¡No encubran a esos hijueputas!— gritaban unas ochenta personas frente al cordón humano instalado bajo las escaleras del edificio. Con los codos enganchados y templados, la barrera de seguridad estaba crispada, presta a contrarrestar el eventual embate de una turba.

Entregar los detenidos a la Policía estaba descartado; muchos aseguraban que los hombres eran agentes encubiertos con órdenes de sabotear el evento, pues en uno de sus celulares habían encontrado conversaciones con mandos de la policía. Solo hasta las diez de la noche, cuando llegó a la Universidad la subsecretaria de Derechos Humanos de Cali, Natalí González, la guardia se dispuso a entregarlos a los funcionarios de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo que habían ingresado con ella al campus.

La acción duró unos pocos minutos, pero fue aterrorizante. La gente, que había contenido su rabia durante varias horas, se abalanzó sin freno sobre los dos individuos, quienes a su vez alcanzaron a subirse a la camioneta del magisterio público por contados segundos, resguardados por el embrollado cordón humano. El vehículo arrancó a toda velocidad mientras recibía las patadas y golpes de la gente. Por poco se suma una tragedia más a la larga lista del Paro Nacional.

 

Coliseo de la Universidad del Valle, durante el desarrollo de la Asamblea Nacional Popular, cuya plenaria final fue cancelada luego de que descubrieran a dos supuestos infiltrados dentro de la guardia popular que cuidaba la seguridad del evento. Foto cortesía de Sebastián Pérez.
 

El incidente terminó de aguar la Asamblea Nacional Popular, pues saboteó la plenaria que sus organizadores habían preparado para esa noche. Natalí me contó, dos meses más tarde, que los supuestos infiltrados eran en realidad dos miembros de una de las  primeras líneas y que no tenían vínculos con la Policía. Con esto corroboré la fragilidad de la palabra en tiempos de convulsión social, represión y paranoia. Una fragilidad que evidencia los intrincados caminos de la protesta social, atrapada entre la criminalización por parte de las autoridades estatales y la violencia de los grupos armados y las mafias locales.

Van algunos ejemplos.

Jimmy Moreno, un líder social santandereano, miembro del Congreso de los Pueblos, y quien fue mi principal fuente durante el tiempo que cubrí la Asamblea Nacional Popular, fue capturado el pasado 28 de septiembre en Popayán. La Fiscalía lo acusa de rebelión y asegura que tiene evidencia que lo vincula con la guerrilla del  Ejército de Liberación Nacional (ELN), recabada de computadores confiscados en operaciones militares. Para el ente acusador, Jimmy es alias ‘William’, cabeza visible de la estructura política de esta guerrilla.

La defensa de Jimmy reclamó en la audiencia de imputación de cargos que la Fiscalía no citó ningún hecho concreto que pueda probar tal vinculación y que en cambio sí incluyó argumentos que criminalizan la labor del liderazgo social. Jimmy tiene una trayectoria de casi dos décadas en procesos organizativos:  fue miembro de una Junta de Acción Comunal en Floridablanca, hizo parte del Comité en Defensa del Agua que luchó en contra de la minería en el Páramo de Santurbán, perteneció al Comité del Paro en 2019 y coordinó la Asamblea Nacional Popular durante el estallido social de este año. Hoy tiene una medida no privativa de la libertad y la fiscalía tiene cinco años para demostrar que es culpable.

Las cosas en la mesa de conversación entre la Unión de Resistencias Cali (URC) y la alcaldía de Jorge Iván Ospina, tampoco han sido fáciles. Por un lado, la Alcaldía negoció, desde finales de mayo y durante todo junio, acuerdos con cuatro puntos de resistencia que no hacían parte de la coalición, aunque sus negociaciones sí se enmarcaron dentro del decreto 304 que dio vida a la URC: se trató de los puntos Nuevo Latir, La 39, El Hormiguero y la Virgen de la Resistencia, lo que ocasionó una inevitable tensión en la mesa de diálogo.

De todos estos pactos, el que más generó suspicacias fue el alcanzado con el punto de Nuevo Latir, oficializado el 4 de junio. En él, los manifestantes aceptaron entregarle a la Policía el control del colegio y el CAI a cambio de apoyos en empleabilidad, educación y alimentación. La Alcaldía se niega a revelar los detalles de este acuerdo.

El 28 de mayo, ocho días antes del anuncio del acuerdo con Nuevo Latir, Luis Fernando Castillo, un reconocido líder social que había participado activamente en las negociaciones, fue asesinado a plena luz del día en el punto de resistencia a manos de un sicario, un hecho conocido por todo el país porque ese lunes se encontraba en el lugar María Camila Díaz, periodista de La W, quien hizo la denuncia a través de sus redes sociales. Mucho menos conocido es que, cinco semanas después, Darwin Ferney Castillo, hermano de Luis Fernando, también fue asesinado por sicarios en el barrio Ciudad 2000.

 

El día 3 de Octubre de 2021, manifestantes intervinieron una valla informativa de la Alcaldía de Cali en la Glorieta de Siloé reflejando su descontento.

 

No hay forma de demostrar aún que las negociaciones en Nuevo Latir hayan provocado de algún modo estos asesinatos, pero estos hechos sí revelan que los voceros que negocian con la Alcaldía desempeñan su labor en un contexto plagado por redes criminales. A mediados de septiembre la Alcaldía me confirmó que 40 líderes del estallido habían ingresado a la ruta de protección establecida por el decreto 304, y en la mesa de negociaciones, una de sus voceras me dijo que al menos siete miembros de la URC han sido amenazados. Entre ellos, preocupa el caso de tres líderes del punto de resistencia de Portada al Mar, quienes recibieron amenazas de muerte directas y explícitas, luego de que se hiciera público que la Alcaldía estaba entregando mercados y contratos a personas de la zona que no hacían parte del proceso comunitario que se configuró en su punto de resistencia.

—Uno no conoce a ciencia cierta qué es lo que está pasando al interior de los liderazgos de esos puntos, a veces hay divisiones y conflictividad— me dijo el 21 de julio Danis Rentería, secretario de Paz y Convivencia, sentados en la plazoleta Jairo Varela, en el corazón administrativo de la ciudad.

La misma explicación la esgrimió Mauricio Rivas, subsecretario de Poblaciones y Etnias,  encargado de coordinar la entrega de las ayudas prometidas al punto de resistencia de Portada al Mar. “Allá se configuraron dos colectivos (los del Ancla y los de la Portada). Los voceros han cambiado permanentemente, pero se ha mantenido un diálogo con los dos sectores, así a veces haya tensiones y divisiones”.   

—¿Cuándo me podría entregar un balance de lo que se ha negociado y entregado en cada punto de resistencia? —le pregunté al subsecretario Danis Rentería el 21 de julio, convencido de que la única forma de entender el impacto del proceso de negociación en la seguridad de los voceros es saber qué ayudas se han entregado y a quienes.

—La otra semana yo te daría un balance de los 30 puntos (de resistencia) —me respondió.

Tres meses después de esta conversación, y pese a haberle enviado un cuestionario al secretario de Paz y Convivencia, otro a la oficina de comunicaciones de la Alcaldía y uno más al sistema de recepción de peticiones de su página web, no he recibido el prometido balance. La Alcaldía se limitó a enviarme una desordenada respuesta en la que omitió la mayoría de información solicitada y además optó por enviarme un derecho de petición respondido a la senadora María Fernanda Cabal. En este, la congresista preguntaba por el número de integrantes de “primera línea” que han sido contratados por la Alcaldía, a lo que la administración respondió que no ha contratado a ninguno de ellos.

Lo inquietante es que para el momento de enviarme estos documentos, la Acaldía ya había emprendido el proceso de contratación de 260 muchachos ligados a la Unión de Resistencias Cali, dentro de su programa Guardianes de Vida, tal como me lo confirmó vía telefónica Mónica Jimenez, funcionaria de la Secretaría de Gestión del Riesgo y la persona delegada para formalizar estas contrataciones. También habían anunciado contrataciones a través de su página web, en el sector de infraestructura y en el mencionado programa.

La evidente falta de transparencia con la que está manejando el tema la administración de Jorge Iván Ospina se repite con la entrega de mercados. Fuentes al interior de la mesa de negociaciones me confirmaron que cada punto recibió 500 mercados. Sin embargo, la alcaldía negó en su respuesta oficial que los estuviera entregando, pese a que en la URC se sabe que fue justamente la entrega irregular de estos mercados a personas que no hacían parte de la mesa la que provocó que al menos tres voceros de Portada fueran amenazados de muerte .

Todo este proceso está siendo hoy investigado por la Procuraduría General de la Nación, que en a finales de septiembre anunció la apertura de una investigación disciplinaria al alcalde Jorge Iván Ospina, luego de que se conociera que la Secretaría de Movilidad contrataría 40 jóvenes para mantener los semáforos y la señalización de la ciudad. En un comunicado los voceros de la URC rechazaron el anuncio del ente de control, acusándolo de vulnerar su derecho a la empleabilidad, en una ciudad con 388 mil jóvenes, 27% de los cuales se encuentra desempleado.

El subtexto de esta controversia esconde una discusión esencial, que en su momento fue señalada por Beatrice Quadranti, coordinadora de la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Cali y principal mediadora en la mesa de negociaciones: “Nosotros hemos reiterado en varios momentos que una cosa es el derecho a la educación y otra cosa es tener unos cupos universitarios; una cosa es el derecho a tener una vivienda adecuada, y otra cosa es tener una vivienda de interés social, y así consecutivamente”. En otras palabras, ¿para qué debía servir la Unión de Resistencias Cali? ¿Para negociar y pelearse unos mercados y unos cuantos contratos laborales que caducarán en diciembre, o para canalizar y discutir reformas de fondo que resuelvan los problemas estructurales que le niegan derechos a los marginados de la ciudad?

 

3 de Octubre de 2021, mural en memoria de Maicol Aranda asesinado el 28 de Mayo en Siloé.
 
El día 12 de Mayo, una abogada y profesora de yoga decidió acompañar las manifestaciones en Puerto Resistencia en contra de la violencia
 

—A mí me preocupa que estos muchachos no saben lo que tienen todavía. No dimensionan la fuerza política y el reconocimiento que tienen ganado— me dijo el 18 de julio Jaír Hernández, mayor nasa y el principal de sus mentores. 

—¿En qué andan ellos ahora? —le pregunté.

—Están... —Jaír suspiró, se encogió de hombros y sonrió—: están viviendo un sueño.

Ese sueño comenzó a verse debilitado casi que desde el inicio, pues una vez aprobado el decreto que le dio vida a la URC a finales de mayo, los puntos comenzaron a ser levantados sin que se negociaran reformas estructurales. “Siloé y Calipso lo hicieron voluntariamente. Los demás los levantaron a la fuerza o el mismo desgaste dejó que la resistencia decayera”, me contó una de las voceras.

A esto se suma que el gobierno nacional y el empresariado valluno pusieron en marcha estrategias de diálogo social por fuera de la mesa instalada por la alcaldía. En la URC me confirmaron que no hubo participación de los voceros en las jornadas que desarrolló el gobierno con 14 mil jóvenes de todo el país y que terminó complementando un documento Conpes que ya venía trabajando desde 2019.

Por su parte, Compromiso Valle, una iniciativa del empresariado liderada por Propacífico, ha reunido 44 mil millones de pesos que serán invertidos en sectores críticos identificados en la mesa de negociaciones. María Isabel Ulloa, su directora, me explicó que la URC ha sido un actor importantísimo para poder enlazar con las comunidades, pero fue enfática en señalar que la URC "no es el único actor" y que Compromiso Valle está trabajando con más líderes y organizaciones para llevar sus inversiones a quienes "más lo necesiten".

Perdido el amplio margen de negociación que les daban los bloqueos, los chicos y chicas de la URC quedaron a merced de lo que la administración y los empresarios quisieran ofrecerles, enfrascados en reuniones eternas, decenas de eventos y compromisos con todo tipo de actores. Además, tuvieron que enfrentar su propia inexperiencia, reconocida por ellos mismos, que los llevó a tomar en ocasiones posturas soberbias que les impidieron aprovechar las oportunidades que se les presentaron. 

Hoy la mayoría de voceros iniciales ha abandonado el proceso y la ONU y la MAPP-OEA se han alejado de la mesa, pues Cali no se encuentra dentro de sus prioridades territoriales. Sus actuales voceros continúan descifrando —como lo hacen miles de chicos y chicas que se levantaron en todo el país— cuál es el siguiente paso a dar luego del levantamiento social, sin ser cooptados por los mismos actores políticos contra los que se levantaron en primer lugar y que, además, en estos tiempos están ávidos de votos de cara a las elecciones de 2022.

En medio de todas estas dificultades, los chicos y chicas de las URC continúan trabajando por el futuro de la organización, reactivando comités como el de Derechos Humanos y el de Educación. Además, desde junio se propusieron llegar el paro "barrio adentro", una consigna que se originó desde Siloé, agotados de ver cómo los puntos de resistencia se convertían en “puntos de muerte”, donde cayeron asesinados 15 de sus jóvenes, muchos de ellos trabajadores que ni siquiera se habían unido a la resistencia.

 

Un grupo de jóvenes conmemoran las víctimas del Paro Nacional el día 20 de Julio por las calles de Brisas de Mayo en la localidad de Siloé.
 

Fernanda, vocera de la URC, me invitó el 20 y el 21 de julio a recorrer la Comuna 20, su natal Siloé, donde el 83% de los hogares pertenecen al estrato 1.  Ella quería mostrarme los graves problemas ambientales y sociales que viven estos barrios —las tuberías escupiendo aguas negras a las quebradas, las zonas verdes abandonadas y cercadas, la escasez de parques y escuelas—. También nos sumamos a las marchas “barrio adentro” que se celebraron el 20 de julio, y que incluyó una peregrinación con un ataúd de cartón a cuestas, en conmemoración de todos los jóvenes vecinos que cayeron durante el estallido.

Yo quería además conocer los rostros de la comunidad a la que ella había representado por tantas semanas. Conversé con su madre, que durante el paro decidió mantener una de las ollas que alimentaron a los manifestantes; con don Silvio, un anciano de pocos dientes, apasionado trovador, que varias veces bajó al punto a cantarle a los muchachos y darles ánimos. Conocí, además, tres centros comunitarios que la comunidad había abandonado en medio de la pandemia y fueron recuperados durante el Paro Nacional como escenarios para  bingos, chocolatadas, conciertos, ollas comunitarias y actos de memoria por los caídos en las protestas, un esfuerzo por reconstruir el tejido social fracturado por las violencias del estallido.

Las calles de la Comuna estaban vacías, lo que realzaba aún más el mudo dramatismo de  los coloridos y bellos murales que vestían buena parte de sus paredes. 

—¿Dónde están los pelados que consumen vicio?— le pregunté.

—Todo el mundo sigue guardado —respondió Fernanda—. Las calles quedaron en manos de las bandas por varias semanas luego de que expulsaran a los policías.

 

Stefany Blandón sostiene una fotografía de Kevin Anthony Agudelo Jiménez de 22 años, asesinado el día 3 de Mayo de 2021 en la glorieta de Siloé en una velatón que organizaba la comunidad.
 

El día 3 de Octubre de 2021, varios familiares, miembros de la comunidad y el Arzobispo de Cali Jesús Darío Monsalve realizaron un homenaje en el Dollar City de Siloé en el que apareció el cuerpo sin vida de Daniel Stiven Sánchez.
 
 

Caminamos por calles que terminan en senderos y senderos que devienen en laberintos de empinadas escalinatas. De repente, la voz de un chico nos llamó desde una casa de ladrillo construida sobre el filo de la montaña. Era Chanchis, un pelado de 22 años que ese día inauguraba las mejoras de  su barbería en el barrio La Estrella y andaba entusiasmado invitando a quien pasara para presentarle su negocio, hacerle un corte y transmitirlo por su cuenta de Instagram.

Chanchis se llama en realidad Juan Andrés, su tía le puso el apodo porque era gordito de pequeño, y él lo usó a su favor para que todos reconocieran su barbería: Mr. Chanchis. Nació en La Estrella, se exilió durante dos años con sus padres en el barrio López, a una hora de distancia en el norte de la ciudad, luego de que una banda asesinara a su hermano de 15 años por haber cruzado una frontera invisible, según me contó. Allá en el López, Chanchis comenzó a estudiar enfermería y al tiempo arrancó a peluquear a gente en la sala de la casa. Así descubrió que lo hace bien y le da buen dinero.

El paro de 2021 lo agarró de vuelta a su barrio en Siloé. La clientela creció, porque mucha gente prefería ir a su barbería antes de exponerse a los disturbios en los puntos de resistencia. Él, ocupado como estaba, reunía con sus amigos bolsas de leche y pan y las enviaba a los muchachos de los puntos, pues era su “forma de contribuir con unos muchachos, ​​que estaban haciendo algo que no era solo para el pellejo de ellos”.

En alguna ocasión Chanchis bajó a una velatón por los jóvenes caídos en Siloé, pero al rato su mamá lo llamó y le dijo que se subiera para la casa, preocupada por la llegada de la noche. “Al rato eso se prendió”, me dijo. Él no recuerda exactamente qué día fue. Yo me pregunto si acaso fue el mismo en el que un joven trabajador como él, llamado Daniel Steven Sánchez, pasaba por el punto de resistencia cuando fue interceptado por policías que lo subieron a la fuerza a una tanqueta del Esmad, según afirmaron numerosos testigos. El chico apareció calcinado al día siguiente, tras el incendio del Dollar City.

Esa mañana me peluqueó Mr. Chanchis. Fue emocionante verlo sonreír con entusiasmo en todos los videos que nos grabó y ser testigo de la fuerza y el optimismo con la que mercadea su naciente negocio. “Yo quiero ser un punto de referencia en Siloé”, me dijo. “Que todos me conozcan, ser un grande”.

Frente a nosotros, a través de la ventana, Santiago de Cali se revelaba inmensa y gris. La ciudad nos observaba: muda, palpitante, adolorida.

El 21 de julio conversamos con Chanchis en su barbería, un negocio que quiere ser referente en Siloé y ofrecer un valor agregado con la simpatía de su dueño, las bebidas y la música, y sobre todo una buena conversación.
 

Quisiera agradecer a Elizabeth Otálvaro, editora de este texto, por su aguda mirada e invaluables aportes. A la periodista Natalia Duque, por su compañía permanente y el apoyo en todo el proceso de reportería. A Juan Arias, fotógrafo de ese reportaje, un entusiasta interlocutor. A Carolina Gutiérrez, por su lectura y valiosos comentarios. A todo el equipo Mutante. Y a cada una de las personas que conversaron conmigo durante este trabajo, gracias por su tiempo, generosidad y energía.

Juan Camilo Maldonado Tovar

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Por:

Juan Camilo Maldonado

Fotografías: Juan Arias

CONVERSACIÓN

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