IV. LA FRAGILIDAD Y LA FORTALEZA

Llegada la noche del lunes 19 de julio, la voz corrió rápida y nerviosa entre los asistentes a la Asamblea Nacional Popular: dos supuestos infiltrados habían sido detenidos por las guardias populares que custodiaban el campus universitario; los habían descubierto con una caja con cartuchos de 9 y 38 milímetros. Luego de llevarlos al coliseo, donde se preparaba la plenaria final de la asamblea, la guardia los trasladó a las afueras de la biblioteca, donde varios cordones humanos los resguardaron de una multitud alerta y enfurecida.

—¡Déjenle ver la cara a esos asesinos! ¡No encubran a esos hijueputas!— gritaban unas ochenta personas frente al cordón humano instalado bajo las escaleras del edificio. Con los codos enganchados y templados, la barrera de seguridad estaba crispada, presta a contrarrestar el eventual embate de una turba.

Entregar los detenidos a la Policía estaba descartado; muchos aseguraban que los hombres eran agentes encubiertos con órdenes de sabotear el evento, pues en uno de sus celulares habían encontrado conversaciones con mandos de la policía. Solo hasta las diez de la noche, cuando llegó a la Universidad la subsecretaria de Derechos Humanos de Cali, Natalí González, la guardia se dispuso a entregarlos a los funcionarios de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo que habían ingresado con ella al campus.

La acción duró unos pocos minutos, pero fue aterrorizante. La gente, que había contenido su rabia durante varias horas, se abalanzó sin freno sobre los dos individuos, quienes a su vez alcanzaron a subirse a la camioneta del magisterio público por contados segundos, resguardados por el embrollado cordón humano. El vehículo arrancó a toda velocidad mientras recibía las patadas y golpes de la gente. Por poco se suma una tragedia más a la larga lista del Paro Nacional.

El incidente terminó de aguar la Asamblea Nacional Popular, pues saboteó la plenaria que sus organizadores habían preparado para esa noche. Natalí me contó, dos meses más tarde, que los supuestos infiltrados eran en realidad dos miembros de una de las  primeras líneas y que no tenían vínculos con la Policía. Con esto corroboré la fragilidad de la palabra en tiempos de convulsión social, represión y paranoia. Una fragilidad que evidencia los intrincados caminos de la protesta social, atrapada entre la criminalización por parte de las autoridades estatales y la violencia de los grupos armados y las mafias locales.

Van algunos ejemplos.

Jimmy Moreno, un líder social santandereano, miembro del Congreso de los Pueblos, y quien fue mi principal fuente durante el tiempo que cubrí la Asamblea Nacional Popular, fue capturado el pasado 28 de septiembre en Popayán. La Fiscalía lo acusa de rebelión y asegura que tiene evidencia que lo vincula con la guerrilla del  Ejército de Liberación Nacional (ELN), recabada de computadores confiscados en operaciones militares. Para el ente acusador, Jimmy es alias ‘William’, cabeza visible de la estructura política de esta guerrilla.

La defensa de Jimmy reclamó en la audiencia de imputación de cargos que la Fiscalía no citó ningún hecho concreto que pueda probar tal vinculación y que en cambio sí incluyó argumentos que criminalizan la labor del liderazgo social. Jimmy tiene una trayectoria de casi dos décadas en procesos organizativos:  fue miembro de una Junta de Acción Comunal en Floridablanca, hizo parte del Comité en Defensa del Agua que luchó en contra de la minería en el Páramo de Santurbán, perteneció al Comité del Paro en 2019 y coordinó la Asamblea Nacional Popular durante el estallido social de este año. Hoy tiene una medida no privativa de la libertad y la fiscalía tiene cinco años para demostrar que es culpable.

Las cosas en la mesa de conversación entre la Unión de Resistencias Cali (URC) y la alcaldía de Jorge Iván Ospina, tampoco han sido fáciles. Por un lado, la Alcaldía negoció, desde finales de mayo y durante todo junio, acuerdos con cuatro puntos de resistencia que no hacían parte de la coalición, aunque sus negociaciones sí se enmarcaron dentro del decreto 304 que dio vida a la URC: se trató de los puntos Nuevo Latir, La 39, El Hormiguero y la Virgen de la Resistencia, lo que ocasionó una inevitable tensión en la mesa de diálogo.

De todos estos pactos, el que más generó suspicacias fue el alcanzado con el punto de Nuevo Latir, oficializado el 4 de junio. En él, los manifestantes aceptaron entregarle a la Policía el control del colegio y el CAI a cambio de apoyos en empleabilidad, educación y alimentación. La Alcaldía se niega a revelar los detalles de este acuerdo.

El 28 de mayo, ocho días antes del anuncio del acuerdo con Nuevo Latir, Luis Fernando Castillo, un reconocido líder social que había participado activamente en las negociaciones, fue asesinado a plena luz del día en el punto de resistencia a manos de un sicario, un hecho conocido por todo el país porque ese lunes se encontraba en el lugar María Camila Díaz, periodista de La W, quien hizo la denuncia a través de sus redes sociales. Mucho menos conocido es que, cinco semanas después, Darwin Ferney Castillo, hermano de Luis Fernando, también fue asesinado por sicarios en el barrio Ciudad 2000.

No hay forma de demostrar aún que las negociaciones en Nuevo Latir hayan provocado de algún modo estos asesinatos, pero estos hechos sí revelan que los voceros que negocian con la Alcaldía desempeñan su labor en un contexto plagado por redes criminales. A mediados de septiembre la Alcaldía me confirmó que 40 líderes del estallido habían ingresado a la ruta de protección establecida por el decreto 304, y en la mesa de negociaciones, una de sus voceras me dijo que al menos siete miembros de la URC han sido amenazados. Entre ellos, preocupa el caso de tres líderes del punto de resistencia de Portada al Mar, quienes recibieron amenazas de muerte directas y explícitas, luego de que se hiciera público que la Alcaldía estaba entregando mercados y contratos a personas de la zona que no hacían parte del proceso comunitario que se configuró en su punto de resistencia.

—Uno no conoce a ciencia cierta qué es lo que está pasando al interior de los liderazgos de esos puntos, a veces hay divisiones y conflictividad— me dijo el 21 de julio Danis Rentería, secretario de Paz y Convivencia, sentados en la plazoleta Jairo Varela, en el corazón administrativo de la ciudad.

La misma explicación la esgrimió Mauricio Rivas, subsecretario de Poblaciones y Etnias,  encargado de coordinar la entrega de las ayudas prometidas al punto de resistencia de Portada al Mar. “Allá se configuraron dos colectivos (los del Ancla y los de la Portada). Los voceros han cambiado permanentemente, pero se ha mantenido un diálogo con los dos sectores, así a veces haya tensiones y divisiones”.   

—¿Cuándo me podría entregar un balance de lo que se ha negociado y entregado en cada punto de resistencia? —le pregunté al subsecretario Danis Rentería el 21 de julio, convencido de que la única forma de entender el impacto del proceso de negociación en la seguridad de los voceros es saber qué ayudas se han entregado y a quienes.

—La otra semana yo te daría un balance de los 30 puntos (de resistencia) —me respondió.

Tres meses después de esta conversación, y pese a haberle enviado un cuestionario al secretario de Paz y Convivencia, otro a la oficina de comunicaciones de la Alcaldía y uno más al sistema de recepción de peticiones de su página web, no he recibido el prometido balance. La Alcaldía se limitó a enviarme una desordenada respuesta en la que omitió la mayoría de información solicitada y además optó por enviarme un derecho de petición respondido a la senadora María Fernanda Cabal. En este, la congresista preguntaba por el número de integrantes de “primera línea” que han sido contratados por la Alcaldía, a lo que la administración respondió que no ha contratado a ninguno de ellos.

Lo inquietante es que para el momento de enviarme estos documentos, la Acaldía ya había emprendido el proceso de contratación de 260 muchachos ligados a la Unión de Resistencias Cali, dentro de su programa Guardianes de Vida, tal como me lo confirmó vía telefónica Mónica Jimenez, funcionaria de la Secretaría de Gestión del Riesgo y la persona delegada para formalizar estas contrataciones. También habían anunciado contrataciones a través de su página web, en el sector de infraestructura y en el mencionado programa.

La evidente falta de transparencia con la que está manejando el tema la administración de Jorge Iván Ospina se repite con la entrega de mercados. Fuentes al interior de la mesa de negociaciones me confirmaron que cada punto recibió 500 mercados. Sin embargo, la alcaldía negó en su respuesta oficial que los estuviera entregando, pese a que en la URC se sabe que fue justamente la entrega irregular de estos mercados a personas que no hacían parte de la mesa la que provocó que al menos tres voceros de Portada fueran amenazados de muerte .

Todo este proceso está siendo hoy investigado por la Procuraduría General de la Nación, que en a finales de septiembre anunció la apertura de una investigación disciplinaria al alcalde Jorge Iván Ospina, luego de que se conociera que la Secretaría de Movilidad contrataría 40 jóvenes para mantener los semáforos y la señalización de la ciudad. En un comunicado los voceros de la URC rechazaron el anuncio del ente de control, acusándolo de vulnerar su derecho a la empleabilidad, en una ciudad con 388 mil jóvenes, 27% de los cuales se encuentra desempleado.

El subtexto de esta controversia esconde una discusión esencial, que en su momento fue señalada por Beatrice Quadranti, coordinadora de la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Cali y principal mediadora en la mesa de negociaciones: “Nosotros hemos reiterado en varios momentos que una cosa es el derecho a la educación y otra cosa es tener unos cupos universitarios; una cosa es el derecho a tener una vivienda adecuada, y otra cosa es tener una vivienda de interés social, y así consecutivamente”. En otras palabras, ¿para qué debía servir la Unión de Resistencias Cali? ¿Para negociar y pelearse unos mercados y unos cuantos contratos laborales que caducarán en diciembre, o para canalizar y discutir reformas de fondo que resuelvan los problemas estructurales que le niegan derechos a los marginados de la ciudad?

—A mí me preocupa que estos muchachos no saben lo que tienen todavía. No dimensionan la fuerza política y el reconocimiento que tienen ganado— me dijo el 18 de julio Jaír Hernández, mayor nasa y el principal de sus mentores. 

—¿En qué andan ellos ahora? —le pregunté.

—Están… —Jaír suspiró, se encogió de hombros y sonrió—: están viviendo un sueño.

Ese sueño comenzó a verse debilitado casi que desde el inicio, pues una vez aprobado el decreto que le dio vida a la URC a finales de mayo, los puntos comenzaron a ser levantados sin que se negociaran reformas estructurales. “Siloé y Calipso lo hicieron voluntariamente. Los demás los levantaron a la fuerza o el mismo desgaste dejó que la resistencia decayera”, me contó una de las voceras.

A esto se suma que el gobierno nacional y el empresariado valluno pusieron en marcha estrategias de diálogo social por fuera de la mesa instalada por la alcaldía. En la URC me confirmaron que no hubo participación de los voceros en las jornadas que desarrolló el gobierno con 14 mil jóvenes de todo el país y que terminó complementando un documento Conpes que ya venía trabajando desde 2019.

Por su parte, Compromiso Valle, una iniciativa del empresariado liderada por Propacífico, ha reunido 44 mil millones de pesos que serán invertidos en sectores críticos identificados en la mesa de negociaciones. María Isabel Ulloa, su directora, me explicó que la URC ha sido un actor importantísimo para poder enlazar con las comunidades, pero fue enfática en señalar que la URC “no es el único actor” y que Compromiso Valle está trabajando con más líderes y organizaciones para llevar sus inversiones a quienes “más lo necesiten”.

Perdido el amplio margen de negociación que les daban los bloqueos, los chicos y chicas de la URC quedaron a merced de lo que la administración y los empresarios quisieran ofrecerles, enfrascados en reuniones eternas, decenas de eventos y compromisos con todo tipo de actores. Además, tuvieron que enfrentar su propia inexperiencia, reconocida por ellos mismos, que los llevó a tomar en ocasiones posturas soberbias que les impidieron aprovechar las oportunidades que se les presentaron. 

Hoy la mayoría de voceros iniciales ha abandonado el proceso y la ONU y la MAPP-OEA se han alejado de la mesa, pues Cali no se encuentra dentro de sus prioridades territoriales. Sus actuales voceros continúan descifrando —como lo hacen miles de chicos y chicas que se levantaron en todo el país— cuál es el siguiente paso a dar luego del levantamiento social, sin ser cooptados por los mismos actores políticos contra los que se levantaron en primer lugar y que, además, en estos tiempos están ávidos de votos de cara a las elecciones de 2022.

En medio de todas estas dificultades, los chicos y chicas de las URC continúan trabajando por el futuro de la organización, reactivando comités como el de Derechos Humanos y el de Educación. Además, desde junio se propusieron llegar el paro “barrio adentro”, una consigna que se originó desde Siloé, agotados de ver cómo los puntos de resistencia se convertían en “puntos de muerte”, donde cayeron asesinados 15 de sus jóvenes, muchos de ellos trabajadores que ni siquiera se habían unido a la resistencia.

Fernanda, vocera de la URC, me invitó el 20 y el 21 de julio a recorrer la Comuna 20, su natal Siloé, donde el 83% de los hogares pertenecen al estrato 1.  Ella quería mostrarme los graves problemas ambientales y sociales que viven estos barrios —las tuberías escupiendo aguas negras a las quebradas, las zonas verdes abandonadas y cercadas, la escasez de parques y escuelas—. También nos sumamos a las marchas “barrio adentro” que se celebraron el 20 de julio, y que incluyó una peregrinación con un ataúd de cartón a cuestas, en conmemoración de todos los jóvenes vecinos que cayeron durante el estallido.

Yo quería además conocer los rostros de la comunidad a la que ella había representado por tantas semanas. Conversé con su madre, que durante el paro decidió mantener una de las ollas que alimentaron a los manifestantes; con don Silvio, un anciano de pocos dientes, apasionado trovador, que varias veces bajó al punto a cantarle a los muchachos y darles ánimos. Conocí, además, tres centros comunitarios que la comunidad había abandonado en medio de la pandemia y fueron recuperados durante el Paro Nacional como escenarios para  bingos, chocolatadas, conciertos, ollas comunitarias y actos de memoria por los caídos en las protestas, un esfuerzo por reconstruir el tejido social fracturado por las violencias del estallido.

Las calles de la Comuna estaban vacías, lo que realzaba aún más el mudo dramatismo de  los coloridos y bellos murales que vestían buena parte de sus paredes. 

—¿Dónde están los pelados que consumen vicio?— le pregunté.

—Todo el mundo sigue guardado —respondió Fernanda—. Las calles quedaron en manos de las bandas por varias semanas luego de que expulsaran a los policías.

Caminamos por calles que terminan en senderos y senderos que devienen en laberintos de empinadas escalinatas. De repente, la voz de un chico nos llamó desde una casa de ladrillo construida sobre el filo de la montaña. Era Chanchis, un pelado de 22 años que ese día inauguraba las mejoras de  su barbería en el barrio La Estrella y andaba entusiasmado invitando a quien pasara para presentarle su negocio, hacerle un corte y transmitirlo por su cuenta de Instagram.

Chanchis se llama en realidad Juan Andrés, su tía le puso el apodo porque era gordito de pequeño, y él lo usó a su favor para que todos reconocieran su barbería: Mr. Chanchis. Nació en La Estrella, se exilió durante dos años con sus padres en el barrio López, a una hora de distancia en el norte de la ciudad, luego de que una banda asesinara a su hermano de 15 años por haber cruzado una frontera invisible, según me contó. Allá en el López, Chanchis comenzó a estudiar enfermería y al tiempo arrancó a peluquear a gente en la sala de la casa. Así descubrió que lo hace bien y le da buen dinero.

El paro de 2021 lo agarró de vuelta a su barrio en Siloé. La clientela creció, porque mucha gente prefería ir a su barbería antes de exponerse a los disturbios en los puntos de resistencia. Él, ocupado como estaba, reunía con sus amigos bolsas de leche y pan y las enviaba a los muchachos de los puntos, pues era su “forma de contribuir con unos muchachos, ​​que estaban haciendo algo que no era solo para el pellejo de ellos”.

En alguna ocasión Chanchis bajó a una velatón por los jóvenes caídos en Siloé, pero al rato su mamá lo llamó y le dijo que se subiera para la casa, preocupada por la llegada de la noche. “Al rato eso se prendió”, me dijo. Él no recuerda exactamente qué día fue. Yo me pregunto si acaso fue el mismo en el que un joven trabajador como él, llamado Daniel Steven Sánchez, pasaba por el punto de resistencia cuando fue interceptado por policías que lo subieron a la fuerza a una tanqueta del Esmad, según afirmaron numerosos testigos. El chico apareció calcinado al día siguiente, tras el incendio del Dollar City.

Esa mañana me peluqueó Mr. Chanchis. Fue emocionante verlo sonreír con entusiasmo en todos los videos que nos grabó y ser testigo de la fuerza y el optimismo con la que mercadea su naciente negocio. “Yo quiero ser un punto de referencia en Siloé”, me dijo. “Que todos me conozcan, ser un grande”.

Frente a nosotros, a través de la ventana, Santiago de Cali se revelaba inmensa y gris. La ciudad nos observaba: muda, palpitante, adolorida.

Quisiera agradecer a Elizabeth Otálvaro, editora de este texto, por su aguda mirada e invaluables aportes. A la periodista Natalia Duque, por su compañía permanente y el apoyo en todo el proceso de reportería. A Juan Arias, fotógrafo de ese reportaje, un entusiasta interlocutor. A Carolina Gutiérrez, por su lectura y valiosos comentarios. A todo el equipo Mutante. Y a cada una de las personas que conversaron conmigo durante este trabajo, gracias por su tiempo, generosidad y energía.

Juan Camilo Maldonado Tovar

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