El pasado 13 de julio habitantes de San Antonio de Prado, un corregimiento ubicado en el extremo suroccidental de Medellín, intentaron –sin éxito y escarbando con sus manos y entre el lodo– rescatar con vida a una mujer de 40 años y su hijo de tres, quienes quedaron sepultados por una parte de la montaña que se vino abajo. Un día después, en Tapartó, corregimiento al suroeste de Antioquia, tres niños murieron tras un deslizamiento de tierra sobre su escuela. Y unos meses atrás, en el barrio El Pesebre, en la Comuna 13 de la capital antioqueña, 110 familias fueron evacuadas luego de que una avenida torrencial de agua, piedras y lodo pusiera en riesgo sus casas. 

Carlos Arturo Quiceno, líder comunal de San Antonio de Prado, donde 130 familias recibieron la orden de evacuar sus viviendas, había advertido del peligro el pasado 29 de junio. Hoy lamenta la tragedia y la “improvisación” de los organismos municipales.  “Dieron unas alertas de salir de las casas y lo hicieron sin tener ningún tipo de infraestructura, vehículos, capacidad de albergues y medios con logística de alimentaria entre otros”, nos dijo. 

Ante un escenario en el que las historias de desastres se repiten, crecen las voces –como las del Movimiento de Laderas de Medellín– que piden a las autoridades locales declarar la “emergencia climática” en la ciudad, una medida que consideran ayudará a que se creen planes de gestión –a mediano y a largo plazo– para que las comunidades más vulnerables puedan hacerle frente al cambio climático. 

En una reunión tras el desastre en San Antonio de Prado, el Concejo de Medellín debatió el 15 de julio la respuesta estatal, la protección a moradores que viven en zonas de riesgo y los pedidos de declarar la emergencia  climática.  

Si bien hoy San Antonio de Prado ocupa toda la atención, su realidad está lejos de ser única: en Medellín “hay 2.636 hogares” que tras ver cómo la lluvia o un alud de tierra se llevó sus casas, aún esperan una “solución definitiva de vivienda” , según detalló el concejal Daniel Duque en la sesión del Concejo, citando datos del ISVIMED, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín. Tarsicio Agudelo y su familia están entre esos hogares errantes.

El 16 de mayo de 2022 la casa de Tarsicio Agudelo no aguantó más, se vino abajo. Se sostenía de una reducida porción de tierra que se desmoronó con uno de los  bordes de la quebrada La Iguaná. Ubicada en el barrio El Pesebre, Comuna 13 de Medellín, la de Tarcisio fue una de las cuatro viviendas que el invierno en ese sector puso en riesgo permanente desde 2018. No resistió más la fuerza con que bajaba la quebrada, crecida por el incremento de las lluvias. Lo único que le quedó a Tarsicio fue la vista a la comuna vecina, Robledo. Él, su esposa, su hijo y su nieto están entre las 110 familias del sector que hoy viven temporalmente con vecinos o allegados por el riesgo que supone estar al lado de la quebrada en una época intensa de lluvias.

“No tenemos pa’ donde irnos… los hijos no tienen nada, con nosotros solo vive uno y está desempleado (…) La gente queda a la deriva, si uno no tiene un familiar que le dé la mano, va a parar a la calle”, se lamentó Agudelo, mientras señalaba las grietas que abundaban en lo que queda de las paredes del primer piso de su casa. 

Meses antes, la familia de Tarsicio ya había tenido otro aviso de alarma. El 25 de noviembre de 2018 una parte de su vivienda quedó colgando. “Hace cuatro años (el agua) se nos llevó la mitad del primer piso de la casa. Eso se rajó, como si lo hubiera cortado la quebrada. Por eso cuando llueve en la noche, tenemos que salir a dormir donde el otro hijo o a pedir quién nos dejé pasar la noche”, señaló por su parte Rocío Arboleda, esposa de Tarcisio. 

Hablar de desastres causados por la quebrada no era común en El Pesebre, un barrio de casi 6.000 habitantes y que tiene más de un siglo de existencia. Quienes ahí viven cuentan que hace unas décadas el cauce no se acercaba a por lo menos 20 metros de donde está ahora, colindando con un centenar de casas. Aunque no se tienen registros del primer desastre en el lugar, muchos de los habitantes aseguran que el origen de las avenidas torrenciales que arrastran agua, lodo y piedras, se remonta a 1988 cuando varias casas fueron arrastradas por las corrientes de La Iguaná. 

No hay claridad sobre las fechas exactas de otros desastres en El Pesebre, pero otro episodio de 2018 está en la memoria del barrio. Diez familias dejaron sus viviendas debido al desbordamiento de la quebrada y al colapso de la infraestructura. Este año, entre el 31 de marzo y el 7 de abril, El Pesebre volvió a repetir la historia y 11 viviendas debieron ser evacuadas por órdenes del Dagrd (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín).  Y el estado de alerta continúa. El IDEAM publicó en junio pasado el informe de predicción climática y pronosticó para el resto del año entre 20 % y 40 % de lluvias por encima de los registros históricos para Antioquia. 

Según expertos consultados, uno de los factores que influye en ese aumento de lluvias es el cambio climático, que intensifica estos eventos naturales o produce temporadas de verano más secas.

Aunque la familia de Tarcisio fue evacuada y logró ubicarse al otro costado de la calle, en una vivienda de vecinos, la historia se repite con otras familias que habitan en el sector. A sus 63 años, Tarsicio está desempleado, trabaja en uno que otro ‘camellito’ que le sale en plomería o albañilería. Su esposa está a cargo de uno de sus nietos que vive con un autismo leve que afecta sus actividades y está medicado. El padecimiento de tener que dejar su casa lo ha afectado aún más, dicen sus abuelos.

 

“NO ME MANDEN A PAGAR ARRIENDO”

 

De acuerdo con el mapa de Zonas con Condiciones de Riesgos y de Alto Riesgo no Mitigable, diseñado por el Departamento Administrativo de Planeación, Medellín tiene al menos 11 zonas de riesgo inevitable, para el caso de avenidas torrenciales, como se llama a las corrientes repentinas de agua con piedras y lodo que se forman en los cauces de las fuentes hídricas de la ciudad. Las comunas en las que más ocurre este fenómeno son: la Comuna 3 (Manrique), la Comuna 13 (San Javier) y la Comuna 8 (Villa Hermosa), territorios cuyas condiciones montañosas propician estos fenómenos. 

Las zonas de riesgos no mitigables hacen referencia a lugares donde, a pesar de la cantidad de esfuerzos que se adelanten para mitigar el riesgo, es complejo pensar en una solución. Sin embargo, no todo va por cuenta de los planes de mitigación oficiales o comunitarios; también factores físicos como la topografía y la cantidad de quebradas en algunas de estas zonas hacen más complicada la labor de disminuir el peligro. Se estima que en Medellín hay 56 cuencas y 4.200 tramos de quebradas, una topografía de montañas y pendientes que influyen en la velocidad y fuerza con que bajan los caudales.

Para Luz Daza, otra habitante de El Pesebre afectada por las lluvias de marzo y abril, una de las razones principales para que hoy esté durmiendo en un colchón en la casa de una vecina fue el manejo de tres quebradas del sector: La Honda, La Madera y La Corcovada. Daza cree que el principal problema se originó en las aguas que meses atrás redireccionó el proyecto Cuenca La Iguaná, ejecutado por Empresas Públicas de Medellín (EPM), para que esas quebradas siguieran su cauce junto a La Iguaná –varios metros arriba de su casa–. 

La casa de Luz Daza queda al borde de La Iguaná. En el interior hay más de 200 costales repletos de escombros de todo el barrio que buscan subir el nivel del suelo de su casa. Doña Luz cree que una posible solución para recuperar su vivienda es subir el nivel unos dos o tres metros a punta de escombros. Mientras su hijo Carlos trae junto con otros dos amigos más costales, dice que las ayudas del Estado están muy lejos de llegar para ella. 

“A mí así me dieran un rancho de bareque yo me iba, pero no que me manden a pagar arriendo, eso no…”, comentó Luz mientras caminaba hacia su casa por un callejón estrecho por el que otras viviendas aún lindan con la quebrada. 

Al entrar a la casa penetra un olor nauseabundo del fango que mancha las paredes; los costales están por todas partes. Doña Luz vive con su hijo Carlos, desempleado, y está a cargo de su nieta que asiste a los primeros años del bachillerato. Contó que la Alcaldía le ha ofrecido subsidios de arrendamiento, pero, por temor a que no le sigan pagando, no los ha aceptado. 

Cuando a doña Luz se le menciona que el cambio climático es uno de los responsables de la situación en la que está, se resigna y frunce el ceño. Le vuelve a echar la culpa de la inundación de su casa a las intervenciones que hacen aguas arriba, para desviar quebradas e integrarlas a La Iguaná o para que no hayan problemas con carreteras aledañas al barrio.

Los cambios en la zona y en el comportamiento de las lluvias han hecho más difícil el saber oportunamente si hay que salir de las casas, según cuenta Carlos, el hijo de doña Luz. “Por aquí, incluso no puede estar lloviendo y se crece la quebrada; otras veces está oscuro y es ahí cuando uno está pendiente”, dijo. “La quebrada iba avisando y uno era pendiente. Uno esperaba más o menos tres años [para que hubiera una emergencia], ahora no, ahora fácilmente pasan siete días y se puede crecer [la quebrada] unas tres veces”, añadió.  

 

VIVIR EN ALERTA

 

Al costado de la iglesia, Rosalba Piedrahita, presidenta de la Junta de Acción Comunal de El Pesebre, está organizando unas cuantas sillas en la casa cural para una de las numerosas charlas con las autoridades ambientales. Mientras trabaja en los preparativos, reconoce su desesperación por tantas conversaciones de mitigación de riesgo y las pocas soluciones de raíz que al final llegan al barrio. Sin embargo, dijo que una reunión que le generó tranquilidad a ella y a ocho líderes del barrio fue con el Sistema de Alerta Temprana Comunitario (SATC), liderado por el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y del Valle de Aburrá (Siata), quienes por medio de una aplicación móvil hacen seguimiento al clima y así determinan cuándo habrá más riesgo y así alertar oportunamente al barrio.

Conocimiento del Riesgo, Monitoreo y Alarma, Comunicación y Respuesta son ejes esenciales de las acciones para enfrentar lo que está ocurriendo, según sugieren la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y la Organización Metereológica Mundial (The United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) y the World Meteorological Organization (WMO) ). Es a partir de esos ejes que el Siata enseña a la comunidad lo necesario y también fomenta el conocimiento del territorio. El más importante hasta ahora ha sido para Rosalba el de la comunicación mediante el uso de WhatsApp, que vincula a los habitantes con el personal del Siata y les ayuda a prevenir. Sin los mensajes de prevención del equipo de meteorólogos, más de un vecino estaría bajo el agua, dijo Rosalba. A esas alertas se suman dos alarmas ubicadas en uno de los postes más cercanos a la iglesia del sector, que suenan cuando hay peligro.

Edgar Cardona, uno de los asistentes a la capacitación y habitante de El Pesebre desde hace más de 50 años, explicó que muchas veces se ha confiado porque no llueve y se ve sorprendido. “Uno se confía porque no está lloviendo por aquí, pero aguas arriba, por San Cristóbal, esa quebrada baja a toda y, cuando va a mirar uno, ya no hay tiempo, toca salir de una”.

Piedad Cano, otra de las vecinas del sector que asiste a las capacitaciones, expresó su frustración a uno de los talleristas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. “Nosotros veníamos en unas capacitaciones, pero vamos de capacitación en capacitación. Nosotros aprendemos mucho, pero no se llega a un objetivo sabiendo qué es la gestión del riesgo, ni a una conclusión para nosotros saber qué hacer”. 

“Siempre es lo mismo. Con el último Plan de Desarrollo Local en el que participamos del 2014 quedó estipulado que desde El Pesebre hasta arriba en Blanquizal es zona de riesgo no recuperable por inundación de quebrada —página 126— y Pesebre, sector Los Búcaros, quedó como zona no recuperable por movimiento en masa alto y por inundación de quebrada. Pero, ¿qué pasa? Ahí aparece en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) del 2014, pero la administración no hace nada y nos dicen a nosotros los líderes: ‘No construya, no se metan’. ¡Cómo le voy a llegar yo a decir a Piedad o a Mariely: ‘No construya allá’…”, afirmó Rosalba Piedrahita sobre los asentamientos que para ella son imposibles de manejar.

En medio de diálogos y posibles soluciones en una de las reuniones se planteó la idea de reorganizar las rocas de la ribera a un costado de las casas de La Iguaná con retroexcavadoras, pero es allí cuando aumenta el riesgo de comunidades aguas más abajo, por la dirección que tomaría el cauce si se amontonan muchas rocas a un solo costado del mismo.

Entre el 16 de marzo —día en que empezó la primera temporada de lluvias del año— y el pasado 23 de mayo se presentaron en el país 728 eventos de variada magnitud en 366 municipios del país, los cuales afectaron a 25.000 familias, principalmente de los departamentos de Meta, Cundinamarca y Antioquia, incluidas las 110 familias afectadas de El Pesebre. De acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en julio más de 5.670 viviendas han resultado afectadas y 20 han quedado destruidas. 

 

¿INTENSAS LLUVIAS O CAMBIO CLIMÁTICO?

 

Los planes de gestión de riesgo sirven para antes, durante y después de un desastre ambiental y guían para que comunidades como El Pesebre puedan ser evacuadas y sus vecinos logren proteger sus vidas. Sin embargo, en varios de los sectores afectados la gente percibe que los planes pueden vulnerar sus derechos porque no toman en cuenta sus necesidades reales y dicen que la gestión debe ir más allá del reconocimiento de las consecuencias del cambio climático. 

Los líderes explican que actualmente no hay normativas de reasentamiento y no se están teniendo en cuenta los distintos contextos en los que viven las comunidades más vulnerables, explicó Juliana Vélez, activista y abogada especialista en Derecho Ambiental y candidata a doctora en Derecho de la Universidad de Reading de Reino Unido. “Uno de los resultados de la falta de normativa es que no existen procedimientos con un enfoque hacia los derechos humanos que determine los pasos de reasentamiento; eso se demuestra hoy en día en los planes de gestión de riesgo”, dijo.

También es necesario actuar ante las consecuencias del cambio climático, que intensifica los eventos naturales. Según Julián Sepúlveda, líder de meteorología del Siata, a finales de abril en muchos de los municipios el acumulado de lluvias en una semana fue de 100 a 120 milímetros cuando lo normal es que no supere 100. “Eso se ve recrudecido con la actual temporada de lluvias que es La Niña, y eso es lo que estamos viendo”, explicó el experto. Dijo que hace 10 años, para lograr más acumulados de lluvia, se necesitaban alrededor de 15 o 20 eventos extremos de precipitación, mientras que hoy se necesitan menos. “Ahí nos metemos en lo que es el cambio climático, es una de las repercusiones y efectos más directos que hemos visto desde la meteorología”.

En el caso de las lluvias, no solo tienen más volumen, sino también mayor duración, lo que se termina convirtiendo en una amenaza natural para las comunidades que viven al lado de ríos, quebradas o laderas.

Esneider Zapata, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en Ingeniería de Recursos Hidráulicos añade a la ecuación otro tema, el de la nubosidad. Explicó que existen dos tipos de nubes: las convectivas que son aquellas que se dan en las horas de la tarde y se caracterizan por crear lluvias con gran cantidad de agua, pero con una duración corta; y las estratiformes que se forman en la noche con lluvias de poca intensidad, pero extensas. Ambos casos pueden llegar a ser peligrosos, puesto que en el primero, al ser lluvias tan fuertes pueden generar desbordamientos de ríos y quebradas; y en el segundo caso, aunque es poca lluvia, al durar más tiempo se puede causar exceso de humedad que afecta zonas de laderas y puede causar deslizamientos. *

Zapata, añadió, además, que “las intervenciones no planificadas al lado de ríos o urbanizaciones de las cuencas son perjudiciales porque implican una intervención del proceso normal de estos; es decir, en el caso de los ríos y quebradas, las intervenciones hacen que se genere más energía y traslade el problema a otras poblaciones”. 

Es el caso de la canalización del río Medellín que, según Zapata, no fue la más conveniente. “Cuando llegaron y lo canalizaron para poder construir en Medellín, se rectificó y al río se le imprimió mucha energía y, cuando el cauce baja crecido y esa energía ya no es capaz de perderse al dar vueltas como lo hace naturalmente un río, se la gasta más abajo y lo que hizo esa intervención fue alterar los cauces en Barbosa, Copacabana y otros municipios”, explicó sobre la situación de los municipios a los que llegan las aguas luego de pasar por Medellín, en su cruce de sur a norte, por el Valle de Aburrá.

A las intervenciones en la ciudad se suma el fenómeno de La Niña, el cual aumenta la energía de los océanos, y, en consecuencia, genera un incremento de las precipitaciones en regiones como Andina, el Caribe y el Pacífico. 

El aumento de la temperatura también tiene consecuencias a nivel mundial. De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), “se estima que se producirán varios cambios regionales en el clima como consecuencia de un calentamiento global de hasta 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, entre ellos el incremento de las temperaturas extremas en muchas regiones”. Por tanto, el aumento de lluvias en Medellín no es un problema regional, también es un asunto global.

 

LA RESPUESTA INSTITUCIONAL Y LA PREGUNTA POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

 

En otra zona de Antioquia, en el municipio más al norte del área metropolitana del Valle de Aburrá, está la casa de Martín Emilio Berrío, ubicada a unos cuantos metros del río Medellín. El olor muchas veces le avisa cuándo va a bajar el río enfurecido. En la vereda La Primavera del municipio de Barbosa, a siete kilómetros del parque central por la vía Hatillo, ya están acostumbrados a no dormir cuando llueve fuerte en las noches. Están pendientes del WhatsApp mientras hablan con personal del Siata para activar la alerta comunitaria que funciona con dos bocinas rojas adheridas en lo alto de uno de los postes de luz del sector. 

Cuando hay una alerta, Martín revive la misma sensación de tener que dejar en cualquier momento su casa, esta vez no por los fusiles sino por las corrientes de un río. Ha sido doblemente desplazado, por la guerrilla y los paramilitares en los años 2000 y 2007 en Anorí, Antioquia.

En muchos de los municipios del Valle de Aburrá la historia se repite. Como en El Pesebre, La Primavera tiene un río muy cerca y esperan pronto una reubicación. “Con Corporación Región empezamos a mirar las cosas más difíciles de acá que es el reasentamiento. Nosotros buscamos eso, que nos den una reubicación, que todos los que estemos aquí nos escuchen porque el 70 % de los que estamos acá somos víctimas del conflicto armado”. 

Leyes como la 1523 de 2012, por la cual se establece una política nacional de gestión de riesgo, no contemplan la figura del desplazado por cambio climático y el proceder con comunidades afectadas en las cabeceras municipales del país. Sin embargo, en 2018 se empezaron a gestar políticas públicas, como la ley 1931 de 2018 que establece directrices para la gestión del cambio climático aunque no se menciona específicamente el caso de los desplazamientos por ese fenómeno. 

“Lo poquito que hay en políticas y regulaciones les falta un enfoque de derechos donde se entienda que el tema técnico también es un tema social; el hecho de que una comunidad está asentada al lado de una quebrada no es porque quiere sino porque le toca”, explicó Juliana Vélez.

Hablar de políticas públicas para desplazados por el cambio climático en muchos de los despachos municipales de gestión de riesgo y desastres aún es un asunto cruzado por desconocimiento y tabúes. Muchas de las respuestas oficiales atribuyen los eventos ocurridos únicamente a desastres naturales y no a alteraciones del medio ambiente.

En el caso de Barbosa, el municipio en el que vive Martín Berrío, el alcalde Édgar Gallego Arias dijo que los desastres “han ocurrido históricamente en el municipio, es decir, que se han presentado recurrentemente hace miles de años y no son directamente provocados por el cambio climático”.

Su Alcaldía desconoce que el municipio y la comunidad de La Primavera sean afectados directamente por el calentamiento global. “La información obtenida no se relaciona con los riesgos del cambio climático a lo que se encuentra expuesto el municipio, ya que las causas de los fenómenos naturales que provocan desastres no es cambio climático”, indicó el alcalde en respuesta a un derecho de petición. 

De otro lado, en el caso de la Alcaldía de Medellín, el subdirector del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), Carlos Alberto Muñoz, en respuesta a un derecho de petición que fue enviado a varias alcaldías, mencionó que “los fenómenos amenazantes guardan estrecha relación con los efectos del cambio climático y variabilidad climática”. 

Desde la institucionalidad se busca atender a los afectados. Se lleva adelante un proceso de información socioeconómica con las personas afectadas por el cambio del clima o afectaciones ambientales para acceder a la oferta institucional de la Alcaldía (subsidio de arrendamiento y posibilidad de ingresar a un programa de solución definitiva de vivienda). Además, instituciones como la Fiscalía, Metrosalud y las Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos adelantan procesos de acompañamiento.

En otros municipios como Sabaneta, Girardota y Copacabana, las autoridades ordenan y sistematizan la información de acuerdo con encuestas de orden sociodemográfico por cada uno de los desastres ocurridos. Algunas alcaldías mencionan los eventos más importantes, otras no alcanzan a abarcar todo lo ocurrido. Y, en general, los planes de gestión del riesgo de desastres se enfocan en una política reactiva; es decir, cuando el daño ocurre es cuando acuden a los puntos de riesgo. 

Como Tarcisio Agudelo y Martín Berrío son miles los afectados en Colombia por desastres que con el cambio climático plantean nuevos desafíos para los sistemas de gestión de riesgo que operan en el país. Muchos no saben qué es lo mejor, otros siguen de un sitio para otro y para Luz Daza, que aprendió a convivir con La Iguaná, es una enfermedad sin cura: “Esto parece como si uno viviera con una enfermedad terminal”.

 

* Una primera versión de este texto contaba con la participación de Julián Urán, magíster en Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional y miembro de grupo de Hidrología del Siata. A petición suya su mención fue eliminada porque sus declaraciones sobre formación de nubes en Medellín estaban relacionadas con la calidad del aire en la ciudad y no con el cambio climático como podía interpretarse. Lamentamos el error.