El informe nacido en Cali desde las entrañas del Paro Nacional 2021
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El informe nacido en Cali desde las entrañas del Paro Nacional 2021

Un colectivo de jóvenes, la mayoría mujeres, que participaron en las manifestaciones en Cali, y un grupo de familiares de las víctimas construyeron a varias voces el informe “Prohibido olvidar: haciendo memoria para re-existir”. Son relatos sobre las vidas de los asesinados y heridos en las protestas que buscan contrarrestar el discurso de estigmatización que los señala como “vándalos”.

El 2 de enero de  1998 Santiago Moreno Moreno, entonces recién nacido, apareció en la portada del Diario Occidente como uno de “los primeros caleñitos del 98”. Su madre, Sandra, guardó en un álbum el recorte del periódico que ahora acompaña la historia con la que recuerda a su hijo asesinado durante las protestas, el 1 de mayo, 23 años después.

Sandra cuenta –en un texto escrito por ella– los datos biográficos de Santiago, describe su personalidad, sus gustos, relata cómo era visto y amado por los suyos. “El día que se fue de la casa fue el primero de mayo entre las 12:30 y 1:00 p.m., y no volvió. Salió para nunca volver. Se fue a la Loma de la Cruz (lo que hoy llamamos la Loma de la Dignidad) a una marcha pacífica”, escribe.

“Mi hijo defendió la patria y la patria le arrebató la vida”, señala, por su parte, Jenny, madre de Harold Antony Rodríguez Mellizo, al recordar que prestó servicio militar y que ese era su sueño “para con la libreta tener un buen empleo”.

Como Sandra y Jenny, familiares de otros 12 jóvenes asesinados en Cali durante el Paro Nacional 2021 dan testimonio escrito de ellos, comparten su dolor, sus recuerdos, sus exigencias de justicia, su necesidad de que todos sepan que eran jóvenes felices, con sueños que quedaron truncados. Además de la historia de Santiago y Harold están las de: Yinson Andrés Angulo Rodríguez, Joan Nicolás García Guerrero, Kevin Antony Agudelo Jiménez, Michael Joan Vargas López, Angie Johana Valencia Ordónez,  Jonathan David Basto Goyeneche, Luis Eduardo López Solano, Michael Andrés Arana Pérez, Cristian Javier Delgadillo Sánchez,  Jhoan Sebastián Bonilla Bermúdez y Nelson Sánchez.

Los relatos de las familias de los asesinados y de quienes resultaron heridos, junto a la mirada del Colectivo 28A, conformado por jóvenes que participaron en las protestas, fueron presentados este martes 21 de diciembre en Cali como el informe “Prohibido olvidar: haciendo memoria para re-existir”. La mayoría de las víctimas está entre los 23 y 28 años, son hombres y fueron asesinados en mayo de 2021. Sus historias muestran su interés por alcanzar oportunidades que muchas veces les fueron esquivas, pero que nunca dejaron de luchar.

“El eje central de este informe es hacer memoria, es revivir y recordarles (a las víctimas), y dar un contrapeso al estigma social que se ha generado”, dice Yessica Fortaleche, una de las voceras del Colectivo 28A y estudiante de Geografía de la Universidad del Valle.

Cuando ella y sus compañeras hacían parte de la Unión de Resistencias de Cali (URC), que reunió a manifestantes e integrantes de la mayor parte de los puntos de resistencia  de la ciudad durante el paro, surgió  la idea de reunir los relatos y de ahí nació la idea de este informe.

“Todo el mundo escribe acerca de qué fue lo que pasó, pero realmente son voces que recogen (datos); son cosas escritas por personas que no lo vivieron como lo vivimos nosotros todos los días estando ahí”, dice Yessica, al destacar la importancia del informe frente a otros que han salido sobre lo que ocurrió.

El 2021 termina como un año clave en la historia política del país. Los jóvenes se convirtieron en actores principales del estallido social, llenaron plazas y calles, resistieron a la respuesta violenta y sin precedentes de las fuerzas estatales.

El Valle del Cauca y su capital, Cali, fueron epicentro de esas manifestaciones multitudinarias y de puntos de bloqueo como forma de protesta. También llevaron la peor parte: “de un aproximado de 80 víctimas mortales en todo el país, 59 corresponden a personas asesinadas en el Valle del Cauca, es decir el 73,75 %” del total”, dice el informe del Colectivo 28A, aludiendo a los reportes de organizaciones de derechos humanos. De esos asesinatos, “35 fueron presuntamente perpetrados por organismos de seguridad del Estado (Policía, Esmad, GOES, CTI)”, añade.

Este informe está pensado para “quien quiera enterarse de quiénes eran esas personas –pudo ser cualquier persona que vaya a leer esto– y no se queden con ese estigma de ‘los vándalos’, de todo ese repertorio del que nos han tildado. [...] Esas personas tenían sueños, eran ciudadanos que estaban cansados de vivir en un país tan desigual”, afirma Yessica.

Ella, algunas de sus compañeras y familiares de asesinados compartieron aulas cada sábado durante alrededor de dos meses en un espacio de formación, que llaman “diplomado”, sobre derechos humanos y políticas públicas, apoyado por la organización Justapaz, el Instituto de Investigación e Intervención para la Paz  de la Universidad del Valle, el Instituto de Estudios Culturales de la Universidad Javeriana de Cali y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

El mismo día que presentaron el informe también recibieron el certificado de formación. Ahora piensan en los retos que vienen. Yessica dice que quienes participaron lo hicieron ante una invitación abierta de contar la historia de sus familiares así que no descartan sumar nuevas voces para una posible siguiente entrega. También quieren recopilar los relatos de todos los puntos de resistencia que quieran participar y hacer una construcción colectiva de memoria.

Antes, el 15 de diciembre, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su  informe sobre lo ocurrido durante el paro. Ahí se señala que entre el 28 de abril y el 31 de julio de este año recibieron información sobre “alegaciones de muertes de 63 personas” en el contexto de las protestas. La Oficina verificó 46 casos. Además, cuatro están en proceso de verificación y en 13 casos consideró que no había información concluyente para determinar si las muertes tuvieron lugar en el contexto de las protestas. De los casos verificados, 44 víctimas eran civiles y dos eran policías. En al menos 28 casos los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la Fuerza Pública, 10 habrían sido actores no estatales, mientras que en ocho casos no se pudo identificar al autor.

De los 13 casos relatados en el informe del Colectivo 28A, seis también constan como documentados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Yinson, Kevin, Nicolás Guerrero,  Michael Vargas, Michael Aranda y Cristian). Uno más, el de Harold, aparece como víctima que no participaba en las protestas.

Mientras en Cali siguen exigiendo justicia y siguen preguntándose quién los mató, este informe empieza por celebrar la “juntanza”, la resistencia, la solidaridad, sin dar espacio al olvido. “No olvidemos sus caras, sus nombres, sus historias”, concluye el documento.

Les invitamos a conocer el informe completo, disponible aquí.

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Por:

Por: Jeanneth Valdivieso Mancero

2021-12-18

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