“Allá en la cárcel uno aprende a valorar todo, desde los problemas que tiene con familiares hasta los trancones de las calles. Por ejemplo, mi celda tenía vista hacia la Avenida Caracas. Todas las noches yo veía la fila de carros que se formaba y solo pensaba en que me encantaría estar en ese trancón”, cuenta Jeison Hernández, un joven de 28 años que estuvo detenido en La Picota, en Bogotá. Ha vivido toda su vida en el municipio de Soacha y terminó en la cárcel por su participación en las protestas del año pasado.

Su vida cambió la madrugada del 16 de julio de 2021 cuando más de diez policías allanaron su casa, le pusieron las esposas y le leyeron los delitos por los que estaba siendo acusado y que implicaban condenas de hasta 45 años de prisión por secuestro simple agravado, tortura agravada, hurto agravado y daño en bien público agravado.

Jeison se reconoce a sí mismo como “técnico empírico de refrigeración industrial”, actividad a la que se dedicó durante seis años en una empresa. “Por circunstancias y por falta de oportunidades no pude estudiar en una universidad pública. O estudiaba mi hermana su carrera o estudiaba yo”, cuenta.

Como muchos jóvenes del país participó en las movilizaciones del Paro Nacional de 2021. Acompañó a la Primera Línea de Soacha, debatió en asambleas populares y aportó a las ollas comunitarias. Jesús David Mora, su vecino de 25 años, también salió a protestar. Se conocían del barrio San Mateo desde hace muchos años y coincidieron en los escenarios de movilización y participación ciudadana del año pasado.

A la misma hora y en el mismo barrio donde detenían a Jeison, Jesús David dormía en su casa junto a su mamá y su perro. “Abra la puerta: Policía Nacional”, escuchó. Se asomó por la ventana desde el tercer piso y vio a unos 30 policías afuera. Solo diez de ellos entraron, lo esposaron y le mencionaron los mismos delitos que a Jeison.

Junto a ellos fueron capturados otros dos manifestantes, involucrados por la Fiscalía en un mismo caso que tuvo como hecho detonante la retención de un policía –considerado como infiltrado por los manifestantes– durante tres horas en una jornada cultural en Soacha a principios de julio del año pasado.

Según cuentan los jóvenes, identificaron a un policía vestido de civil que estaba tomando fotos y que portaba dos proveedores de pistolas, dos navajas y un cuchillo, por lo que la Primera Línea de Soacha junto a otras personas de la comunidad lo retuvieron.

Llamaron a la Defensoría del Pueblo, a la Pastoral Social de Soacha y a medios de comunicación para entregar al hombre a las autoridades. La espera fue de tres horas durante las cuales “se le dio alimentación, cigarrillos, líquidos, una silla. En ningún momento se le agredió”, asegura Jeison.

Los jóvenes enfrentaron el proceso judicial primero, en detención domiciliaria y después, en el caso de Jeison, desde la cárcel. Casi un año y medio después, el 21 de octubre pasado, fueron declarados inocentes luego de que un juez concluyera que las pruebas presentadas por la Fiscalía –entre las que se encontraba un video en vivo grabado por el mismo Jeison desde su cuenta de Facebook– no demostraban la responsabilidad de los jóvenes en los delitos. Aún con la decisión, sus vidas no volvieron a ser las mismas.

“El hecho de que nos hayan dado la libertad no tuvo nada que ver ningún proyecto de ley ni nada, no influyó. Salimos por los medios de los abogados de la Primera Línea Jurídica y de nosotros mismos”, asegura Jeison.

Las secuelas del proceso judicial

Al principio, tanto Jeison como Jesús David tuvieron prisión domiciliaria. Para Jesús David, eso tuvo un lado bueno “porque al menos en la casa se puede comer y dormir mejor y eso alegró a mi mamá”, pero como era el sustento de su familia también enfrentó problemas económicos aunque recibió ayuda de amigos del barrio.

En el caso de Jeison, tuvo que pasar los últimos cuatro meses de su condena en La Picota. Después de tantos meses sin trabajar dice que necesitaba ganar dinero de alguna forma así que decidió laborar como conductor y ahí le revocaron la medida domiciliaria.

“Yo pensaba que donde no se hiciera justicia y nos sentencien a 45 años, eso es toda una vida en la cárcel. En lo personal pensaba que si eso pasaba yo me suicidaba en la cárcel, no iba a aguantar 45 años donde mi familia se me va y donde pueden pasar muchas cosas”, dice.

Esta situación trajo consecuencias negativas para las familias de ambos. Además de que tanto Jesús David como Jeison eran el sostén económico en sus hogares, cuentan que ellos y sus familiares sufrieron afectaciones físicas y mentales. Por ejemplo, la mamá de Jesús David tuvo un preinfarto el día que lo capturaron y estuvo delicada de salud.

“Nadie esperaba que un miembro de la familia llegara a una cárcel y menos por esos delitos ni esperando una condena tan alta. Mi mamita lloraba casi todos los días; mi hermana tenía un trabajo y por estar pendiente de mi mamá, mi papá y mi sobrina, la echaron”, dice Jeison.

La incertidumbre y el sufrimiento terminaron el 21 de octubre cuando una jueza especializada los absolvió. Las pruebas aportadas por la Fiscalía fueron el testimonio del patrullero Fredy Omar Rivas y un video grabado en vivo. Según Mauricio Castro, abogado de los jóvenes e integrante de la Primera Línea Jurídica, en las pruebas no se configuraban los delitos imputados y por eso fueron absueltos.

“Lo primero que yo quería hacer cuando saliera era abrazar a mi papá, mi mamá, mi hermana, mi sobrina y comerme unas hamburguesas que me prepara mi mamá”, recuerda Jeison.

Él y Jesús David regresaron al barrio aunque enseguida sintieron que la persecución continuaba. Jesús David asegura que vio carros parqueados afuera de su casa y decidió irse a vivir a Bogotá. Allí también empezó a ver los mismos carros que lo vigilaban todo el tiempo. Esto se sumó a un panfleto de amenaza a nombre de las Águilas Negras que empezó a circular en abril de este año, unos meses antes de su absolución; en él mencionaron tanto a Jesús David como a Jeison y aseguraron que “es hora de acabar” con ellos.

Luego de haber cambiado de barrio una vez y seguir experimentando la persecución, Jesús David decidió viajar a Estados Unidos para vivir con familiares radicados en ese país. “Ya alejado del país uno anda como más tranquilo”, dice.

Tanto Jesús David como Jeison están en libertad por la decisión de primera instancia que fue apelada por la Fiscalía y que ahora debe ser revisada por un juez de segunda instancia.

Judicializaciones en el país

Jeison y Jesús David fueron de las primeras personas judicializadas luego de haber participado del estallido social del 2021. Según declaraciones del entonces ministro de Defensa, Diego Molano, a noviembre de ese año 259 “integrantes de la primera línea” habían sido capturados.

Para las organizaciones jurídicas y de derechos humanos, las detenciones y judicializaciones han sido una práctica histórica y sistemática del Estado y, por ende, fueron un instrumento utilizado por el gobierno de Iván Duque para castigar a quienes se movilizaron y así desescalar las protestas. Aunque no existen cifras oficiales de carácter público sobre el número de procesos activos actualmente, la Campaña Objetivo Libertad –un proceso organizativo que integra víctimas de montajes judiciales y otras formas de criminalización, sus familiares y amigos– realizó una documentación propia de estos casos que se complementó con un censo colectivo construido por distintas organizaciones sociales.

Según ese ejercicio se calcula que unas 300 personas están siendo judicializadas. Se tiene registro de 260, de las cuales 120 se encuentran en cárceles y centros de detención. Unas diez personas ya fueron condenadas en Bogotá, Cartagena, Medellín y El Cerrito (Valle del Cauca).

“Estas no son cifras finales, ni totales, sino un aproximado de lo que hemos podido documentar en procesos de acompañamiento”, asegura Juliana Higuera, una de las integrantes de la Campaña Objetivo Libertad y quien además está enfrentando un proceso judicial en Boyacá. Aquí contamos su historia.

Según este mismo conteo, de los casos abiertos contra manifestantes, solo se ha declarado la absolución de cuatro personas: Jesús David, Jeison, Andrés Felipe Rivera y Brandon Patiño, todos capturados en el marco del mismo caso.

La mayoría de los jóvenes que están enfrentando procesos y están encerrados en las cárceles permanecen a la espera de una condena o de la absolución. La victoria del presidente Gustavo Petro también abrió la posibilidad de que algo cambiara en relación con su situación.

“Cuando Petro ganó habló de las primeras líneas y en ese momento yo estaba pasando por el proceso judicial, entonces nos llenamos de ilusiones. Dijimos: ‘Bueno, nosotros ayudamos al Presidente a que fuera presidente. Esperamos que nos ayude a demostrar nuestra inocencia”, dice Jeison.

Sin embargo, desde el discurso del 19 de junio, cuando ganó la presidencia, Gustavo Petro no se había referido nuevamente a este tema hasta principios de este mes cuando dijo que “centenares de jóvenes detenidos por participar en protesta serán declarados gestores de paz antes de nochebuena”.

Entre la esperanza y la “insuficiente” gestoría de paz del gobierno

Para Jeison y Jesús David la afirmación de Petro fue ambiciosa y apresurada. Involucraba a muchos manifestantes e inicialmente no estaba claro cómo se haría realidad. Esta falta de claridad exacerbó las críticas y las estigmatizaciones de sectores de oposición sobre los integrantes de las primeras líneas, quienes podían verse beneficiados con la medida.

Jesús David rechaza los señalamientos contra los manifestantes. “Ahí, en su mayoría, hay jóvenes que salieron por falta de oportunidades o por inconformismo y que nada de eso tiene que ver con grupos armados. En ningún lado se vio que hubieran jóvenes disparándole a la policía. La gente tiene que empaparse más del asunto, no solo hablar”.

El 9 de diciembre el gobierno presentó más detalles sobre la propuesta del presidente Petro en el Decreto 2422, a través del cual se creó la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana. Esta Comisión, integrada por el ministro de Justicia, de Interior, de Defensa y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, se encargaría de evaluar cada caso y definir cuáles ciudadanos podrían ser nombrados gestores de paz.

“Como campaña reconocemos que ha habido unas voluntades por parte del gobierno, no obstante nos parece que ha sido insuficiente (…) Aunque hemos tenido la posibilidad de participar de algunos escenarios seguimos sintiendo que las voces de las familias, de las personas judicializadas y de las organizaciones sociales que acompañan estos procesos no han sido el eje central de la discusión y eso se ve reflejado en que las decisiones se han tomado a puerta cerrada”, asegura Julián Duarte, también integrante de la Campaña Objetivo Libertad.

Por ello se ha estado moviendo en redes sociales la tendencia “Nada sobre nosotrxs sin nosotrxs”, con la que diversas organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos han planteado la importancia y necesidad de que sus propuestas, exigencias y experiencias sean tenidas en cuenta para este proceso liderado por el gobierno.

El pasado 16 de diciembre el Comité definió la lista de personas que, por ahora, serán cobijadas como gestoras de paz: Santiago Márquez, Adriana Bermeo, Arles Andrés Bolaños, Juan Sebastián Galeano, Laura Camila Ramírez, Álvaro Andrés Duque y Bremmen Hinestroza. Cinco de ellos están recluidos en cárceles en Girón, Medellín, Cali y Popayán, mientras que los otros dos permanecían en detención domiciliaria.

Por ahora solo estas siete personas que participaron de las protestas –cinco hombres y dos mujeres– estarían en sus casas para la Nochebuena, y no centenares como aseguró el presidente Petro hace dos semanas. “La idea es que todos salgan y más para estas fechas porque ya serían dos navidades para las familias sin sus hijos”, dice Jesús David.

El opositor Centro Democrático demandó ante el Consejo de Estado el decreto asegurando que es “abiertamente ilegal e inconstitucional”. Aunque es necesario continuar socializando y construyendo el marco jurídico de esta política, hasta el momento los integrantes de la Comisión han rechazado la posibilidad de indultar a los manifestantes y han propuesto que continúen con los procesos penales en otras condiciones.

Navidad en libertad

Después de la amargura que significó la anterior Navidad, Jeison y Jesús David van a pasar ahora en otras condiciones con sus familias. Hace un año ambos estaban en detención domiciliaria, cargando con un proceso judicial que siempre consideraron injusto y ahora la absolución hace toda la diferencia. “La Navidad pasada fue dura porque estuve encerrado, pero aún así mis amigos fueron y estuvieron conmigo, prendimos las velitas. Pero de todos modos no es lo mismo que uno estar afuera, ir donde la familia”, asegura Jesús David, quien pasará las fiestas fuera del país sintiéndose tranquilo, sin persecución.

Para Jeison la Navidad pasada también fue difícil. “El 24 de diciembre afortunadamente lo pasé en la casa, pero el 31 sí fue distinto. Mi familia se fue de viaje y yo obvio no podía viajar, no podía salir de Bogotá, no podía salir de mi casa”. Este año dice que espera pasar el mayor tiempo posible con su familia, un anhelo que se hizo más fuerte por su estadía en la cárcel.

Ambos reafirman que están en libertad por su propio esfuerzo y el de los abogados. “Nosotros no salimos por el gobierno, sino por el trabajo de los abogados de la Primera Línea Jurídica, un grupo de abogados que por su corazón o por amor a la causa, prestaron sus servicios”, afirma Jeison y cuestiona que el gobierno no haya tenido ningún tipo de comunicación ni haya prestado ayuda a este colectivo.

A pesar de esto, los dos jóvenes creen que es importante que el gobierno esté hablando nuevamente sobre este tema porque “parecía como si se le hubiera olvidado”, dice Jesús David. Tras su experiencia él quiere formarse como abogado para defender a las personas que son privadas de la libertad de manera injusta.

Las detenciones y judicializaciones contra manifestantes han sido vistas como formas de reprimir y acallar la protesta social. Para Mauricio Castro, abogado de los jóvenes, el caso de sus defendidos podría considerarse “un evidente caso de un claro montaje por parte de la Fiscalía para reprimir el derecho fundamental a la protesta social”.

Y tras lo vivido, Jeison y Jesús David también mencionan cómo ven su futuro con respecto a la movilización social. Jeison dice que aunque sigue apoyando las causas por las que salió a protestar, tras haber experimentado el proceso judicial y haber estado en la cárcel, no se volvería a movilizar, “con todas estas capturas que se presentaron lo que hicieron fue criminalizar la protesta, mucha gente se llenó de miedo y es entendible, pero esperemos que con este gobierno no vaya a haber una necesidad de un nuevo estallido social”, dice. Por su parte, Jesús David afirma que no se arrepiente de nada y que en caso de que fuera necesario lo volvería a hacer. “Mis ideales siguen intactos”, afirma.