Colombia intenta hacerle frente al hambre con información incompleta, desactualizada y desarticulada. La Guajira es quizá la muestra más cruda de ello. El año pasado, 85 niños y niñas murieron por desnutrición en el departamento, según el Instituto Nacional de Salud (INS). Serían 44 casos más que en 2021, que ya fueron bastantes como para sacudirnos y exigirles a los responsables de esta tragedia que se acaben las excusas.

Sin embargo, hay indicios de que estas cifras podrían ser mayores. La razón es que las dos fuentes principales de esta información (el INS y el DANE) emiten cifras distintas. Veamos: en 2021, el INS reportó 41 muertes de menores de cinco años asociadas a la desnutrición en La Guajira, mientras que las Estadísticas Vitales del DANE reportaron 56. Son 15 vidas en el limbo de los datos. A nivel nacional la diferencia es mayor: ese año, el INS reportó 177 muertes por desnutrición en menores de 5 años, mientras que según el DANE fueron 306, es decir, 129 más. 

Tener fuentes oficiales con cifras diferentes no sería un problema si explicaran cómo llegan a cada número, pero eso no está ocurriendo del todo en este caso. Ambas entidades revelan de dónde obtienen su información base: el INS, de las notificaciones de muertes en la plataforma Sivigila y el DANE, de los registros de defunción del RUAF (Registro Único de Afiliados, base de datos que maneja el Ministerio de Salud). La diferencia parece estar en la manera como cada una confirma o descarta esos casos. Ninguna de las dos ha revelado con qué metodología y criterio lo hace. 

Entonces, ¿con qué cifra debería trabajar, por ejemplo, el jefe de la recién creada Gerencia para La Guajira?, ¿en qué situaciones debería usar una fuente en lugar de la otra al diseñar la política para responder a la crisis humanitaria?

A esto se suma que en La Guajira podría haber un subregistro, pues muchos niños wayuu mueren en sus rancherías sin que sus familias puedan viajar horas hasta la entidad de salud más cercana que atienda el caso y registre la muerte. Para llenar este vacío, las entidades oficiales podrían incluir los registros de las organizaciones wayuu que hacen sus propios conteos como una de sus fuentes de información. 

Algunos datos además están desactualizados. Colombia cuenta con una herramienta que podría ser muy útil para medir y actuar frente a la desnutrición: la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN). Ahí se conocen datos como el porcentaje de familias en inseguridad alimentaria, los índices de retraso en talla y peso, o el promedio de duración de la lactancia materna. Todo esto desglosado según la condición económica de los hogares, la etnia y la región. Una mina de oro de información sobre la desigualdad alimentaria en Colombia. El problema es que la última encuesta se realizó en 2015, se publicó en 2018 (no sabemos por qué) y de poco o nada sirve hoy, ocho años y una pandemia después.

Aunque la ENSIN tiene una periodicidad quinquenal (cada cinco años), la edición 2020 ya cumple tres años de retraso sin ser aplicada. La pandemia sin duda fue una causa entendible del atraso, pero en 2021 el ICBF hizo un nuevo cronograma que proponía aplicar la encuesta en 2022 y socializarla en 2023, fechas que volvieron a incumplir. 

Finalmente, parte de la información del hambre en Colombia está incompleta. El boletín epidemiológico del INS, que se publica de manera semanal y es la fuente más accesible para la ciudadanía, generalmente no desagrega la información por municipios ni por etnia, al menos en su versión pública. Además, solo entrega datos de muertes por desnutrición en menores de cinco años, no revela información de otras edades. Por su parte, la ENSIN no ofrece datos por departamentos y municipios, solo por región, lo que impide aprovechar esa valiosa información para focalizar las políticas en los lugares más críticos, como La Guajira.

Podría decirse que una sola muerte por desnutrición ya es lo suficientemente grave para actuar y es cierto, pero si el Estado no sabe en detalle dónde están, quiénes son y cómo viven las personas que padecen hambre, será muy difícil actuar para erradicarla. 

Una muestra de ello es que en el informe de Colombia sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el de Hambre Cero fue el único que no reportó avances pues se encontraba “sin información”. Por eso es clave que las fuentes de información se articulen mejor, que sus metodologías de recolección sean públicas y que la ENSIN no se aplace más, pues el hambre en Colombia no da espera.

*Randy es investigador de Justicia Económica en Dejusticia y Marcela es periodista en Dejusticia.