Transformar la forma como nos relacionamos con la energía para reducir el impacto que le causamos al planeta y a nuestro futuro como especie es, de lejos, uno de los debates más urgentes del presente. Esto es, palabras más, palabras menos, lo que llamamos transición energética. Es, además, una de las promesas centrales del gobierno de Gustavo Petro, que lleva un mes en el poder. 

Pero en estas semanas quien está llamada a ser la líder natural de esa transformación, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez-Torres, ha ido de una polémica a otra. Algunas muy triviales, como sus tenis en un evento oficial. Otras más serias y preocupantes, como la apertura a la posibilidad de que Colombia le compre gas a Venezuela en el futuro y ceda su soberanía energética. Y otras más entre los memes y el habitual linchamiento tuitero, como poner en el debate público la teoría del decrecimiento económico.

En Mutante llevamos tres semanas en un ciclo de conversación sobre la transición energética (en nuestras redes: #HablemosDeTransiciónEnergética). Allí hemos consultado informes e investigaciones, expertas y expertos con distintas perspectivas y hemos escuchado y tratado de responder las preguntas de nuestras audiencias. Entre todas las reflexiones que podemos desprender de aquí, una nos resulta particularmente preocupante: al ser la transición energética un tema tan aparentemente novedoso en el debate público, y tan técnico en sus conceptos, la conversación sobre cómo llevarla a cabo es todavía inmadura. Y la Ministra y sus apariciones en público no ayudan a que aterrice.

CREAR CONDICIONES POLÍTICAS

Una mirada a Google Trends muestra que “transición energética” no es un concepto que se esté buscando más. En cambio, el nombre de la ministra sí tiene un interés de búsqueda creciente. El debate se ha concentrado más en la persona que en el proyecto que adelanta.

Mientras tanto, el planeta da señales diarias de que el cambio climático no es una profecía, sino nuestro presente: los eventos asociados al clima son cada vez más extremos y sus consecuencias más catastróficas. Nuestra supervivencia es una incógnita que no podrá despejarse sin, por lo menos, asegurarnos de que todas y todos estamos sosteniendo la misma conversación. ¿Empresariado, gobierno, académicos y comunidades se refieren a lo mismo cuando hablan de transición energética? ¿El horizonte de esta transición, así como la ruta que debería seguirse y los plazos para cumplirla son compatibles entre sí?

Hablar de dejar atrás los combustibles fósiles tiene un efecto similar en el debate público que hablar de la legalización de las drogas: polariza y escandaliza como si fuera una convicción moral. Eso se hizo evidente cuando la ministra de Minas, en el Congreso Nacional de Minería, habló sobre la necesidad de que otros países “comiencen a decrecer en sus modelos económicos” en medio de risas y rechazo del público.

La discusión sobre los límites del crecimiento como tradicionalmente se ha entendido no es exclusiva de Colombia. El primer informe al respecto, The Limits to Growth, fue publicado hace 50 años. Pero hoy, en las cumbres sobre el clima, países como India y China –este último el mayor emisor de gases de efecto invernadero desde hace varios años– plantean que su desarrollo económico no debería enfrentar barreras que las economías del norte global no enfrentaron para alcanzar sus niveles de desarrollo actuales. Ponerle una pausa al crecimiento de esas economías ya prósperas para darle espacio a los países del sur global de desarrollarse con libertad es una idea que ha circulado como posible solución a este problema de justicia climática.

Pero Vélez-Torres pareció no entender que ya no es una profesora que expone una teoría a sus estudiantes de la Universidad del Valle y les pide a los de atrás que por favor guarden silencio. Es la ministra de Minas y Energía de Colombia hablándoles a los empresarios y mercados, reacios a repensar un cambio de paradigma que rompe con su lógica y que, por primera vez en Colombia, se enuncia desde el Estado. 

Y allí está uno de los conflictos centrales de este momento: el Estado colombiano, como cualquier Estado que se pretende liberal y moderno, es capitalista, defiende la libertad de mercado, la propiedad privada y, por supuesto, el crecimiento económico como estandarte del desarrollo. Luego, proponer desde ese Estado el decrecimiento causa un corto circuito dentro de la lógica estatal misma. Y quién sabe si la ministra es consciente de eso. Y no, ser consciente no significa dejar de decir lo que hay que decir, ni censurar las perspectivas que de por sí han estado ausentes del debate económico mainstream, pero sí es lograr comunicar de forma más asertiva y en contextos más estratégicos.

Adelantar la transición energética no se reduce a cálculos de reservas de combustibles e impactos fiscales de mantener o cesar la explotación. Implica también crear las condiciones políticas, la necesidad y el lenguaje común que permitan que el proceso técnico suceda.

LA NEGOCIACIÓN DIFÍCIL

La ministra Vélez-Torres tiene un perfil interesante por su enfoque de conflictos socioambientales. En Colombia, hablar de extracción de recursos siempre ha significado hablar de conflictos, y por lo tanto el Ministerio de Minas no puede ser mero notario ni actuar como vendedor de títulos mineros, tan llanamente. La ministra entiende que le corresponde ponderar la dependencia económica hacia la economía extractiva con el bienestar de las comunidades más afectadas en territorios que tienden a convertirse en zonas de sacrificio. Le corresponde, pues, hablar de justicia; de una transición energética justa.

Pero también le corresponde, y aquí es donde Vélez-Torres ha flaqueado, darle tranquilidad a la economía. Esto es: posicionar en la agenda la necesidad de la transición energética, hacer partícipes de esta a todos los sectores involucrados, dejar clara la ruta que piensa llevar a cabo el Gobierno y ponerla en discusión y, sobre todo, calmar la ansiedad que hoy tiene en vilo a ese activo gaseoso pero con poder de chantaje llamado “confianza inversionista”. La estabilidad no es solo un fetiche macroeconómico de las derechas (a veces sí). También es la condición mínima para la movilidad social.

No importa qué tan convencida esté la ministra de la transición que tiene en la cabeza si no sigue la ruta que el mismo Petro planteó en el día 0 de su gobierno: diálogo y participación. Y aún así, aún siendo más asertivos en la comunicación, hará falta asumir que la transición energética es también una transición de modelo económico y que ni el Estado colombiano ni las élites han estado dispuestas, antes ni ahora, a discutir el modelo económico.

Los politólogos suelen usar un concepto comodín que ayuda a explicar las dificultades que enfrenta la transición energética en Colombia: factores reales de poder. Se refiere a todo aquello que, sin importar qué digan las leyes, la Constitución o hasta la voluntad de quienes gobiernan, permite o dificulta que algo ocurra en función de su correlación de fuerzas.

Las empresas del sector energético son factores reales de poder. Han dominado la economía por décadas, saben cómo instalar sus discursos y su interés fundamental es seguir creciendo: explotar más petróleo, más gas, más carbón, y venderlo en las condiciones que les resulten más favorables. Para esto, incluso, financian campañas políticas y hacen lobby ante los poderes públicos del país.

Hasta ahora, por el silencio, timidez o complicidad de gobiernos anteriores, son justamente estas empresas las que han moldeado muchas de las inquietudes, miedos y esperanzas de la opinión pública respecto a la transición energética. Durante nuestra conversación nos preguntaron, por ejemplo, por qué dejar de asignar títulos de exploración de gas, si este es menos contaminante y más de 10 millones de familias, incluidas las vulnerables, dependen de él como fuente de energía, una pregunta que hace eco de aquella campaña de lobby que nos convenció de que el gas podría ser ese combustible “puente” hacia un futuro posible, y no la perpetuación del modelo actual.

El gobierno de Gustavo Petro y su ministra de Minas y Energía no pueden ser ciegos ante esta realidad porque lo cierto, aunque cueste decirlo, es que sin tener en cuenta a los súper poderosos de la energía, cualquier intento de transición está condenado al fracaso. Y fracaso no significa solamente que no se realice. También es que los términos y los tiempos para llevarse a cabo no respondan a lo que dice la ciencia, sino a lo que reclama la economía; que el capital marque el ritmo de la transición energética.

Al mismo tiempo, son factores reales de poder las comunidades organizadas: campesinos, mujeres, negritudes, sindicatos, que reclaman transformaciones para que las brechas sociales se cierren y para que los proyectos extractivos dejen de coincidir sospechosamente con violaciones a los derechos humanos en zonas históricamente golpeadas por el conflicto.

La transición energética no puede decretarse, sin más. Requiere negociarse, tanto con los jugadores poderosos como con las comunidades vulnerables. A eso le apuesta el gobierno Petro, eso sugieren por lo menos su discurso y su programa de gobierno. Y la negociación, por supuesto, comienza por poner en claro los términos. ¿Cuál es la transición que llevará a cabo, con cuáles actores, y por qué esa y no otra?

En el proceso de la conversación #HablemosDeTransiciónEnergética nos hemos hecho muchas preguntas y hemos recibido aún más de la audiencia. Por ejemplo, ¿para qué la transición si nuestra energía es casi en un 70 % producida por hidroeléctricas, que son consideradas una fuente limpia? ¿No resulta desproporcionado el esfuerzo que pretende emprender el gobierno Petro en un país cuyas emisiones de CO2 son bajas incluso frente a pares latinoamericanos? ¿Tiene sentido decir que Colombia tiene soberanía energética cuando no suple los servicios públicos básicos en todos sus hogares? 

La negociación que haría posible la transición que trae el gobierno Petro pasa por responder estas y otras decenas de preguntas. Pasa por que el Ministerio de Minas y Energía no se pase cuatro años a la defensiva, y en cambio, logre poner a todo el sector a hablar en sus términos. Pasa por una mayor capacidad técnica en el discurso y por una estrategia comunicativa más inteligente y audaz. Pasa por que la transición energética sea una conversación nacional y no un meme.